El Supremo reformula el 'procés': los siete líderes independentistas más beneficiados

El Tribunal Supremo ya ha movido ficha en la causa del procés por la reforma del Gobierno. Por un lado, el instructor del procedimiento, el magistrado Pablo Llarena, ha reformulado el procesamiento contra Carles Puigdemont y el resto de huidos. Por otro, la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, dio este jueves ocho días a las defensas para presentar alegaciones respecto a los condenados. La decisión final depende de este último tribunal, pero si coincide con Llarena, la derogación de la sedición y el cambio de la malversación dividirá a los líderes del procés en dos grupos: siete claros beneficiados frente a otros siete sin grandes cambios.

La clave se encuentra en que, como informó este viernes El Confidencial, la derogación de la sedición dificulta la persecución penal de referéndums como el de 1-O. Llarena ha dejado claro que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados no es aplicable, mientras que el de rebelión tampoco lo sería si no existe violencia suficiente.

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A partir de ahora, el Supremo solo podría agarrarse a sucedáneos que no castigan el intento de desbordar el orden constitucional, sino las conductas que se produzcan a su alrededor. El desafío secesionista ha dejado de ser el pilar de la causa y, en su lugar, el desvío de fondos públicos pasa a convertirse en el principal hecho perseguible.

Puigdemont y los otros huidos

En el caso de los huidos, las principales beneficiadas de la reforma son entonces la exconsejera Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Llarena las mantenía procesadas por sedición, un delito que en 2019 llegó a castigarse con 11 años y medio de cárcel para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Pese a ello, tras la reforma del Gobierno, lo cambia por desobediencia, que no conlleva penas de prisión, solo multa y hasta dos años de inhabilitación para ocupar cargo público.

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La situación es distinta para los huidos Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín y Lluis Puig. A ellos también se les cambia la sedición por la desobediencia, pero Llarena suma a su procesamiento la nueva malversación agravada que incluye la reforma. Ese delito contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación si el perjuicio causado supera los 250.000 euros, por lo que abre la puerta a una condena similar a la de 13 años que el Supremo impuso a Oriol Junqueras.

Los líderes del 'procés' ya condenados

En cuanto a los líderes del procés que no huyeron de España, la diferencia viene entonces marcada por los que solo fueron condenados por sedición frente a aquellos que fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación agravada. Gracias a los indultos parciales que el Gobierno les concedió en 2021, las penas de prisión de todos ellos han quedado extinguidas, pero la reforma aún puede beneficiarles al rebajar sus inhabilitaciones absolutas y permitir su vuelta a la política.

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Si el Supremo aplica la interpretación de Llarena, los más beneficiados serían entonces los que no fueron condenados por malversación: la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez; y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull. Además de a cárcel, todos ellos fueron condenados en 2019 a entre nueve y 11 años y medio de inhabilitación por sedición, pero al derogarse este delito y cambiarse por el de desobediencia, cabría adaptar sus penas a las que contempla este delito. Es decir, al mencionado máximo de dos años de inhabilitación que ya habrían cumplido.

Junqueras, por el contrario, corre el riesgo de seguir inhabilitado hasta 2031. Los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva se encuentran ante el mismo problema y no podrían volver a política hasta 2030. Todos ellos fueron condenados por el desvío de fondos y, si la Sala de lo Penal avala la interpretación de Llarena, no tendría por qué retocar sus inhabilitaciones: la nueva malversación agravada, que incluye la reforma, contempla las mismas penas que el delito por el que fueron condenados.

La reforma de la malversación del Gobierno

La interpretación de Llarena implica, por tanto, que la reforma apenas conllevaría beneficios para la mitad de los líderes del procés. El Gobierno trató de beneficiar a todos ellos reformando también el delito de malversación, pero el magistrado del Supremo sostiene ahora que las nuevas versiones atenuadas no son aplicables a este caso.

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De esta manera, descarta dos nuevos tipos de malversación. La primera establece penas de prisión de entre seis meses y tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años a la autoridad que, sin ánimo de apropiárselo, destine "a usos privados el patrimonio público". La segunda castiga con penas de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de empleo o cargo público de dos a seis años a la autoridad que diera al patrimonio público "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado". Tanto el independentismo como el Gobierno consideran que el procés encaja con esta última malversación, pero Llarena no está de acuerdo.

En su lugar, el magistrado apunta a la nueva malversación agravada, que castiga con las ya mencionadas penas a "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio". Las defensas sostienen que en el procés no hubo lucro, pero Llarena se muestra tajante: "El ánimo de lucro resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito". Esa es la interpretación que ahora arrincona a Puigdemont, Junqueras, Comín, Puig, Bassa, Turull y Romeva.