Rebajar la malversación provocará un alud de revisiones de condenas por corrupción

Tras el cambio de la sedición, el Gobierno ya se ha abierto a la posibilidad de apoyar una reforma a la baja de la malversación cuando, en sentencia, no se considere probado el enriquecimiento directo de los condenados. La rebaja, demandada por ERC, ataca el único delito que sigue acechando a los condenados por el procés y aceleraría el regreso a la política de Oriol Junqueras, pero también tendría efectos directos en las sentencias dictadas por este ilícito en los últimos años. "Será como agitar un avispero y las consecuencias son imprevisibles", advierte uno de los juristas consultados ante la amenaza de que se presenten multitud de recursos para revisar condenas vinculadas a la corrupción.

El objetivo de ERC es revertir la reforma por la que el PP modificó en profundidad la malversación en 2015, cuando vinculó el delito a la administración desleal, por un lado, y a la apropiación indebida, por el otro. De esa forma, se pasó a castigar con penas de prisión e inhabilitaciones elevadas no solo a los cargos públicos que se enriquecieran personalmente de los fondos que gestionaban, sino también a quienes facilitaban que fueran a parar a terceros o se destinaran a fines diferentes a los que fueron ideados.

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El nuevo artículo introducido por el PP consideró así delito las conductas de aquellas autoridades que "causen un perjuicio al patrimonio administrado", es decir, que se excedan en sus "facultades" y generen un daño al patrimonio público por no mostrar la debida diligencia en la administración de las arcas. La modalidad de malversación agravada, que es por la que fueron condenados los líderes del procés, incluye además una inhabilitación elevada para ejercer un cargo público que llega hasta los 20 años, lo que impide la mencionada vuelta a política de personas como Oriol Junqueras.

Tanto ERC como Podemos aseguran ahora que esa tipificación ha dado lugar a interpretaciones abusivas o "perversas" y que no diferencia entre aquellos que emplean recursos públicos para lucrarse y aquellos que no. Representantes del Gobierno como Margarita Robles también se han pronunciado en un sentido parecido. "No es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lo lleva", indicó la ministra de Defensa este lunes.

Todavía no han detallado la letra de la reforma, pero ERC ya ha avanzado que registrará propuestas en la fase de tramitación parlamentaria de proyecto de ley de modificación del Código Penal en lo que se refiere a la sedición. El socio del Gobierno está en sintonía con esta demanda.

"Saldrían casos de todos los partidos"

La malversación ha sido en la última década uno de los delitos omnipresentes en las causas de corrupción más conocidas. Desde la trama Gürtel hasta la de los ERE de Andalucía o el caso Noos, pasando por procedimientos más recientes como la Púnica o la Lezo. También se encuentra investigada por este delito Laura Borràs y es uno de los que se incluyen en el caso del 3%. Además, varios cargos secundarios de ERC se enfrentan a condenas por la malversación del 1-O.

"El bien jurídico protegido ahora es el patrimonio público. No te castigan por haberte enriquecido, te castigan por haber empobrecido a la Administración. Ya hay otro tipo penal para el que se enriquece ilícitamente", advierte Carlos Flores Juberías, catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia. "Una reforma desde luego sería aplicable retroactivamente y, en fin, nos saldrían casos de todos los partidos. Puede haber gente del PP que salga a la calle también con una reforma así", augura.

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Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, coincide por su parte con el argumento de que la condena por malversación a los líderes del procés supuso "forzar este delito", pero al mismo tiempo advierte de que reformarlo solo tiene sentido cuando el objetivo es que "no vuelva a pasar en el futuro". Si lo que se busca es "arreglar la situación a unas personas concretas que han sido condenadas, para eso están los indultos", defiende. "Cuando se reforma un delito, todo el mundo puede pedir la revisión, por lo que eso es lo que tiene que querer el legislador: que a todos los condenados por ello en esos momentos se les revise la condena".

Después de la sedición, la malversación plantea, por tanto, un escenario en el que las consecuencias no se limitarían a los condenados por el procés, sino que amenazan con extenderse a todo tipo de condenas por corrupción. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España suma 11 condenados por sedición desde 2015, frente a los 599 por malversación en el mismo periodo, por lo que los juristas consultados advierten de que en ningún caso cabe pensar en una "reforma a la carta" de este delito con un impacto controlado.