La reforma de la sedición dará a Junqueras la palanca para ser candidato en las generales

La reforma de la sedición que prepara el Gobierno ofrecerá a Esquerra la posibilidad de tratar de forzar una rehabilitación política casi inmediata de su líder Oriol Junqueras, hasta tal punto de que el recorte de las penas de este delito le concede una palanca para presentarse a las próximas elecciones generales de 2023. La disminución de las condenas de prisión provocará, además, una disminución de la inhabilitación y dará a ERC un hueco para defender ante el Tribunal Supremo la restauración del ejercicio de cargos de su presidente.

Junqueras fue condenado en octubre de 2019 a la pena de 13 años de cárcel y a 13 de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación en concurso medial de delitos. La segunda condena, que no fue eliminada a través del indulto, le impide, entre otras cosas, ser elegido para cargo público durante el tiempo establecido en la condena. En la liquidación llevada a cabo por el tribunal del procés, se fijó que el exvicepresidente de la Generalitat permanecerá inhabilitado hasta el 5 de julio de 2031. Los magistrados especificaban que la inhabilitación provoca "la privación definitiva de todos los honores y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno llevará al Congreso la reforma del delito de sedición que ya negocia con ERC

Iván Gil

La reducción que ahora explora el Gobierno y que ha provocado el fracaso de las negociaciones con el PP para renovar el CGPJ tenía como idea inicial la de ajustar la reforma a la medida de los hechos probados que llevaron a condenarle, pero con la mitad de años. Ahora, quienes incurran en el delito de sedición, induciendo, sosteniendo o dirigiendo las acciones que se consideren de sedición y puedan ser considerados sus principales autores, serán penalizados con prisión de ocho a 10 años y se aplicará una pena mayor, de 10 a 15 años, si son personas que tengan cargos de autoridad.

La idea del Ejecutivo es la de ofrecer un salto que provocaría que las penas aplicables a los hechos del 1-O pasarán a estar penados con cuatro años. ERC trabaja por su parte para tratar de borrar completamente ese delito para los suyos. Exige una modificación que consiga que no sea aplicable a lo sucedido durante el procés a través de la exigencia de que el tipo penal incluya un uso explícito de la violencia a través de las armas.

TE PUEDE INTERESAR

La reducción de la pena por sedición, una medida a la carta para salvar a Marta Rovira

Beatriz Parera

El hueco que se le abre a Junqueras se basa en el nuevo cálculo de su condena que deberá realizar el Supremo si la reforma legal se ejecuta. Junqueras intentará que el cómputo le sirva para poder presentarse lo antes posible como candidato a las elecciones, con la mirada puesta en las generales que se celebrarán en 2023. No lo tiene, sin embargo, nada fácil. La cuenta depende del tribunal que le condenó e implica dos delitos.

La malversación, su problema

Según indican fuentes jurídicas consultadas, el problema de Junqueras es que se le condenó en concurso medial con una malversación agravada. El Código Penal establece que las condenas impuestas de este modo establecen que la pena debe ser superior a la fijada para el delito más grave de los dos impuestos. Si la sedición baja, el más grave sería la malversación. La pena para esta es de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación y se incrementa aún más si la cantidad malversada ha superado los 250.000 euros.

Si la rebaja es de dudosa aplicación para Junqueras, no sucede lo mismo con la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Como ya informó este diario, está acusada únicamente por sedición y fugada a Suiza en los inicios del recorrido judicial sobre el 1-O. La medida parece hecha a propósito para ella. El notable descenso de la pena incluye rebajar los plazos de prescripción, con lo que disminuirán también los años que deben transcurrir para que el delito no pueda ser perseguido. Pasarían así de los 15 en vigor en la actualidad a cinco que comenzarían a contar desde que se produjo la última de las medidas activas del procedimiento. En el caso de Rovira, se produjo en 2018, cuando el Supremo trató de que le fuera entregada por las autoridades suizas y se encontró con una negativa rotunda. La combinación de la reducción y la prescripción facilitaría su regreso a España en 2023.