El actual CGPJ se prepara para aguantar y elabora ya un plan a dos años

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibió la noticia del fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el PP esta pasada semana como una confirmación de sus sospechas. Pocos en el órgano de gobierno de los jueces confiaban en que, esta vez sí, la renovación saldría adelante. Durante el periodo en el que populares y socialistas aún mantenían las conversaciones, los vocales y su presidente suplente, Rafael Mozo, se preparaban ya para mantener la actividad del Consejo en prevención de que todo se frustrara. Ahora, fuentes del órgano confirman a El Confidencial que elaboran un plan a dos años con la intención de tratar de mantener la actividad ante las escasas perspectivas de que se produzca su recambio a corto plazo.

La prioridad de los vocales, que ahora son 17 contando con el presidente suplente, es la de buscar mecanismos para evitar el colapso del Tribunal Supremo, en el que la falta de nombramientos ha comenzado a hacer mella, provocando una ralentización de su respuesta. Para que la constitución del pleno del Consejo sea válida, se requiere al menos la presencia de 12 de sus miembros. Solo un vocal, el que se mostró contrario a la forma en que se eligió al presidente, amenaza con marcharse. La gran mayoría no tiene intención alguna de abandonar sus puestos. Más bien todo lo contrario.

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Los últimos plenos celebrados por el Consejo, sin la presencia de Carlos Lesmes, han ido sentando las bases de funcionamiento de este CGPJ anómalo que tiene la intención de resistir todo lo que sea necesario. "Tenemos que darle proyecto al CGPJ para dos años e intentar los planes B para que la Justicia no se hunda", asegura uno de los vocales consultados. Otros confían en una reacción del Gobierno que permita, al menos, refuerzos para el TS.

La prioridad, aseguran las fuentes consultadas, es impulsar mecanismos que puedan servir para paliar la delicada situación que atraviesa este, donde continúan multiplicándose las vacantes a consecuencia de la prohibición que aún pesa sobre el Consejo de realizar nombramientos. Con la vista puesta en la inconstitucionalidad de esa medida y con la esperanza de que el TC acabe reaccionando y delibere sobre los recursos planteados en contra. Los vocales creen que hay mayoría para anular esa reforma en unos meses. Mientras tanto, el plan tratará de poner tiritas para que el TS no se paralice.

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De un total de casi 80 magistrados, en este momento están vacías 14 plazas, pero el número se incrementará en los próximos meses con la salida de media docena más. Las vacantes alcanzarán entonces más de un 20% de la plantilla. Desde hace meses, la situación es insostenible, y en el caso de que la renovación se prolongue o no se lleve a cabo, lo será aún más. El Tribunal Militar Central está, por su parte, a las puertas del bloqueo.

La idea es la de recuperar algunas soluciones que se han ido debatiendo en los últimos tiempos, pero nunca llegaron a implementarse. A través de la Comisión Permanente, la intención es impulsar un refuerzo del servicio técnico y de las comisiones de servicios —que no están vetadas— para rellenar esos huecos cada vez más numerosos. Los refuerzos requerirían de la aprobación del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop.

El pasado junio y tras las continuas peticiones en ese sentido realizadas por el Consejo y el TS, Justicia cedió y anunció que reforzará la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la más perjudicada. Asignó tres letrados coordinadores y mostró su "disposición" para "mejorar" el funcionamiento del alto tribunal. El equipo de Llop destacó entonces que en el primer semestre de 2022 se destinaron 9,7 millones de euros para "reforzar el plan de choque para el Poder Judicial".

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"Esta inversión se ha hecho con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años en funciones", señaló en aquel momento el ministerio. En 2021 se destinaron 10.893.475 euros para reforzar el Poder Judicial. La inversión tendría que incrementarse si se pretende apuntalar al TS.