Sánchez redoblará la presión para ganar la batalla del Constitucional al margen del PP

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracasado de forma estrepitosa por cuarta vez y el Gobierno trata ahora de recomponer su estrategia con distintas opciones abiertas y un objetivo claro: forzar, al menos, el recambio en el Tribunal Constitucional para contar con una mayoría progresista que se le sigue escapando aún. Fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que Pedro Sánchez redoblará ahora la presión sobre el órgano de gobierno de los jueces en un escenario que vuelve a ser el que ya había antes de la dimisión de Carlos Lesmes. El Consejo tiene pendiente realizar dos nombramientos a los que deben sumarse dos designaciones directas del Ejecutivo. Los segundos quieren que nombren ya, los primeros se resisten.

Con el pacto muerto y enterrado, la Moncloa vuelve a confiar en la fórmula que le permitiría al menos cerrar esa otra renovación sin contar, en este caso, con el partido de Alberto Núñez Feijóo. La estrategia consistió en devolver de forma parcial al Consejo en funciones la posibilidad de realizar nombramientos, para permitir que los haga solo en lo que afecta al TC. Los vocales siguen teniendo vetado el nombramiento de cargos para otros tribunales como el Supremo o los Superiores de Justicia.

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Sin embargo, en las últimas semanas el escenario ha cambiado. A partir del pasado septiembre, con Lesmes aún en el cargo, el Gobierno confiaba en que el ya expresidente del Consejo lograra reconducir la situación y pactara con los vocales del ala progresista y conservadora dos nombramientos de consenso, uno por bloque, que deben salir adelante con 12 apoyos. Un grupo de ocho vocales cercanos a la derecha, denunció desde un inicio la instrumentalización a la que se les sometía con esta situación y ralentizó durante semanas las negociaciones.

Lesmes ya no está. La baza con la que contaba el Gobierno ha desaparecido y la postura de ese grupo sigue siendo "reticente". Se ven pactando "en un plazo razonable" esos dos nombres, pero, en realidad, miran hacia el actual Constitucional por otro motivo. El TC admitió a trámite hace más de un año los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados por el Grupo Parlamentario de Vox y por el Grupo Parlamentario Popular contra la reforma para recortar los poderes del Consejo.

Ambos recursos fueron promovidos contra la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPD), para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. Los dos partidos recurrentes alegan que la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ. Aunque las ponencias ya están repartidas y han correspondido a dos magistrados progresistas (Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer) el asunto nunca ha llegado al Pleno.

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Un número considerable de magistrados considera esa reforma inconstitucional. Si el TC lo declara así, el actual Consejo quedaría habilitado para llevar a cabo casi 60 nombramientos que han ido quedando congelados y se acabaría esa instrumentalización que denuncian los vocales conservadores.

Los nombramientos para el TC son una prioridad para Moncloa. Están pendientes de resolver asuntos como la ley Celaá, la de la eutanasia, la del aborto, la reciente normativa de Cataluña que reafirma el catalán como lengua vehicular y relega el castellano a lengua curricular... El Gobierno no olvida los varapalos del Constitucional con los estados de alarma o algunos decretos leyes, por lo que temen que la actual mayoría conservadora del tribunal pueda poner pegas a algunas de sus medidas estrella.

Desde el Gobierno admiten que se están estudiando las opciones a su alcance para devolver a las instituciones judiciales a su "funcionamiento normal". El encargado de comandar las fallidas negociaciones con el PP y ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicaba tras la ruptura de las conversaciones respecto a los nombramientos que le corresponden al Gobierno para el TC, que "el Ejecutivo ahora tiene que ver las opciones". Se entiende que "no hay alternativa al no acuerdo" y se tilda de "muy grave" la situación en la que ahora queda el CGPJ. Tanto es así que tampoco se descarta retomar la reforma dura del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que serviría de facto para sortear el concurso del primer partido de la oposición en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

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Para lograr el cambio de fuerzas, la clave se encuentra en los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio: el presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Salvo Xiol, todos ellos son de corte conservador, y la responsabilidad de nombrar a sus sustitutos se reparte entre el propio Gobierno y el Consejo.

La renovación de cuatro también permitirá nombrar a un presidente progresista como sustituto de Trevijano, un puesto para el que el magistrado Cándido Conde-Pumpido se sitúa como favorito. De forma paralela, queda por cubrir la vacante del conservador Alfredo Montoya tras su renuncia por motivos de salud, pero su sustitución va por otra vía y exige el apoyo de tres quintos del Senado.