La Moncloa amenaza con rebajar las mayorías para renovar el CGPJ sin el PP

El Gobierno explora la posibilidad de retomar la reforma dura del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el último fiasco de las negociaciones con el PP. En su momento, se propuso una rebaja de las mayorías necesarias en el Congreso, lo que serviría de facto para sortear el concurso del primer partido de la oposición en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Fuentes del Ejecutivo señalan que están obligados a valorar las diferentes opciones, con el foco en este cambio legislativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La prioridad es poner fin a lo que consideran una grave crisis institucional imputada a los populares por romper un acuerdo que estaría ya cerrado desde el pasado martes.

El actual sistema de elección requiere el voto de 3/5 del Congreso. Una mayoría reforzada de 210 diputados. La iniciativa que registraron en octubre de 2020 los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, y que ahora vuelve a valorarse, proponía que se pudiesen elegir los vocales por mayoría absoluta de 176 diputados en segunda instancia. La reforma fue una herramienta de presión a los populares y se congeló a los pocos días de presentarse, para facilitar la negociación con el principal partido de la oposición. Finalmente, se retiró seis meses después tras acumularse las advertencias de Bruselas, con reproches a la falta de consenso y los efectos negativos sobre la independencia judicial. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, llegó a trasladarle al por entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se diese marcha atrás.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo descarta nuevos acuerdos con Sánchez: "Los pactos llegarán con otro PSOE"

Ana Belén Ramos

Llegados a este punto, se defiende para retomar esta vía que lo fundamental es dar cumplimiento a la Constitución. "Están incumpliendo la Constitución. Es muy grave eso", señalan fuentes de Moncloa, insistiendo en que las consecuencias del bloqueo pone en jaque "la estabilidad institucional y democrática del país". A partir de esta lectura, se justifica que se exploren todas las opciones como la reforma legal. La resignación es evidente en el Gobierno, sin esperanzas de que el PP vuelva a la mesa de negociación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluso ha rechazado la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado con el Gobierno. En Génova no descartan en absoluto que Pedro Sánchez siga adelante con la rebaja de las mayorías del CGPJ y asumen que intentará colocar el relato de que es el PP el que le ha puesto en esa tesitura. "Son capaces de todo, les da igual todo", comentan fuentes populares, que insisten en que no volverán a la mesa de negociación "con este PSOE". "Cualquiera entiende que no podemos acompañar a Sánchez en este viaje", zanjan.

El socio minoritario del Ejecutivo siempre fue escéptico con la posibilidad de que el PP llegase a un acuerdo para acabar con el bloqueo del CGPJ. De hecho, nunca han dejado de presionar a los socialistas para desempolvar la reforma del sistema de elección. La última, este mismo verano, públicamente, al preguntar el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por qué "el PSOE no quiere cambiar las mayorías, para arrebatar a los corruptos su minoría de bloqueo". Un cuestionamiento que respaldaba ante la "obviedad" de que a los populares no les interesaría renovar el CGPJ para no perder la mayoría conservadora.

TE PUEDE INTERESAR

Enfado en Bruselas por la ruptura de la negociación del CGPJ: "No es admisible"

Nacho Alarcón. Bruselas

Los socialistas vieron una ventana de oportunidad para acercar un acuerdo con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. La dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, precipitó las conversaciones hasta el punto de que tanto en Ferraz como en la Moncloa se mostraban optimistas. Se confiaba, por primera vez en la legislatura, en la posibilidad "real" de llegar a un acuerdo. La ruptura "unilateral" que achacan a los populares, justificada por la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, ha enterrado por completo cualquier esperanza. De ahí que no descarte ninguna opción.

En Unidas Podemos son comedidos respecto a la intención del PSOE de reformar la ley para la elección del CGPJ. El que ahora es el plan B del Ejecutivo siempre ha sido el Plan A de los morados. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario aluden a las reticencias mostradas por Bruselas y desconfían de que se trate más bien de una amenaza al PP. Con todo, se muestran disponibles para retomar esta iniciativa e incluso buscar alternativas para mejorar el texto que acabó retirándose por orden de los socialistas sin siquiera iniciar su tramitación.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo y Sánchez rompen el diálogo y condenan al Poder Judicial al bloqueo hasta las elecciones

A. B. Ramos I. Gil B. Parera

Para reforzar la legitimidad de la polémica reforma, los morados cuentan con un borrador que combina tanto la mayoría absoluta de 176 apoyos, en segunda votación, como la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso. Este sistema de mayoría de votos, complementado con el respaldo de al menos la mitad de estos, sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE. El número de grupos en la Cámara Baja durante esta legislatura es de diez, por lo que al menos sería preciso el acuerdo entre un mínimo de seis. De esa decena, dos están formados por distintos partidos políticos: el Grupo Mixto y el Grupo Plural.

La nueva realidad multipartidista del Congreso chocaría, según justifican los morados, con un sistema de elección que se habría concebido para una situación de bipartidismo. Como contrafuerte para que no hubiese renovaciones unilaterales. De ahí que legitimen su actualización para ajustarse mejor a la representatividad de las urnas.

De impulsarse una reforma del sistema de elección, la vía más rápida sería a través de los grupos parlamentarios. Una Proposición de Ley que podría materializarse en el plazo de dos meses si se tramita por vía de urgencia. Precisamente, este fue el mecanismo que se utilizó para la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de permitir CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional, pese a estar en funciones.