Puigdemont no ve peligrar su escaño en Bruselas y se refugia en la Justicia de la UE

Carles Puigdemont no se siente amenazado por el último de los episodios sobre la legitimidad de su estatus de eurodiputado. El expresidente catalán ve seguro su escaño pese al último de los movimientos del Parlamento Europeo, que este jueves reclamó a la Junta Electoral Central (JEC) española información para confirmar si tanto él como Toni Comín y Clara Ponsatí son de forma efectiva cargos proclamados electos en las elecciones europeas en 2019 o no lo son. El pulso que mantiene con el Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara nació a raíz de los problemas para verificar sus credenciales y se ha extendido hasta tal punto que amenaza ahora con cuestionar su condición de parlamentario.

La solicitud a la JEC cursada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se produce después de que el organismo no haya logrado efectuar la verificación de esas credenciales. No recibió, aseguran, notificación de la Junta Electoral ni documentación que demuestre que los huidos cumplen los requisitos de la legislación nacional para ocupar sus escaños. En su día, hace ya casi cuatro años, la Junta Electoral Central convocó a Puigdemont junto al resto de elegidos en los comicios para que realizaran de forma física en el Congreso el obligado acatamiento de la Constitución. Con una orden de busca y captura, el expresident no se presentó y lo hizo en su lugar su abogado Gonzalo Boye para entregar un acta en la que se demostraba que había efectuado esa jura de la Carta Magna ante notario desde Bélgica.

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De aquellos polvos viene lo sucedido ahora. La reclamación de Metsola ha derivado en una reunión de la JEC el próximo jueves. Entre las posibles consecuencias de la falta de esa información que se reclama, se encuentra la pérdida de determinadas prerrogativas, como el salario o el voto, e incluso la pérdida de su puesto, que también le supondría la pérdida de la inmunidad, que mantiene de momento.

A pesar de todo, fuentes cercanas a Puigdemont aseguran que el debate está ya superado por las decisiones que han adoptado en los últimos meses los tribunales europeos. En una primera sentencia de diciembre de 2019, el TJUE estableció los criterios claros sobre el momento en que se adquiere la condición de eurodiputado. Solo 24 horas después, reconoció a los tres fugados la condición de eurodiputados. El Parlamento nunca recurrió aquella resolución.

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La Eurocámara acató el criterio y tras anunciar que les daría la condición de eurodiputados, procedió a pagarles los sueldos atrasados. Además, el TJUE también se ha pronunciado, posteriormente, sobre su inmunidad, vinculada al escaño. En abril de 2022 dictó resolución restableciéndoles, cautelarmente, la inmunidad en su condición de diputados. Un entrecomillado de aquella decisión refleja que su elección como diputados tiene validez desde el 2 de julio de 2019.

Inmunidad aceptada por todos

También el Tribunal General de la UE ha reconocido que son diputados a los efectos de la inmunidad y, además, reflejó que se trata de un hecho "no controvertido" tanto para el Parlamento como para el Estado español. En ninguna de las contestaciones, escritos, comparecencias o alegaciones del Parlamento se ha cuestionado la condición de eurodiputados a nivel judicial. "Nadie puede ir en contra de sus propios actos", recuerdan las fuentes consultadas.

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La verificación de las credenciales es un trámite formal que tienen que cumplir todos los eurodiputados cuando consiguen su acta para comprobar que no hay incompatibilidades con el cargo. Un trámite que tendría que haberse concluido hace meses y que primero se retrasó por la pandemia y después por la propia tramitación. Después de las elecciones europeas de 2019, la JEC reconoció que Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé habían sido elegidos, pero posteriormente no los incluyó en la lista que debía enviarse a Bruselas, al darse esa incomparecencia.