Puigdemont activa su ofensiva contra el juez de Pegasus cuando aspira al Constitucional

Carles Puigdemont ha activado su ofensiva legal contra el juez del Supremo que se encarga del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pablo Lucas, con una batería de recursos presentados ante el Tribunal Constitucional. La estrategia se ha puesto en marcha en el momento en el que el magistrado de la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aspira a ser propuesto por el CGPJ, precisamente, para acceder al TC. El juez es uno de los favoritos para recabar el apoyo de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Los abogados del 'expresident' catalán ven en la actuación del magistrado Pablo Lucas, que autorizó las escuchas con el sistema Pegasus, motivos para reclamar la nulidad de varias de las resoluciones del Supremo. La argumentación central se basará en la doble función que ejerció el miembro del alto tribunal a partir de 2019. Entre los teléfonos que avaló pinchar se encontraba el de Gonzalo Boye, abogado del exlíder de Junts, mientras que en su calidad de integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo participó en distintas resoluciones electorales sobre la condición de eurodiputados de Puigdemont, Ponsatí, Comín o Torra, todos ellos representados por el mismo letrado.

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Lucas es miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. El magistrado fue nombrado por primera vez para las funciones relacionadas con la autorización de actividades del CNI el 19 de noviembre de 2009 y renovado el 20 de noviembre de 2014. Según aseguran fuentes cercanas al 'expresident' catalán, las primeras autorizaciones de escuchas a Boye se produjeron a partir de 2019, año en que se fue prorrogando la intervención cada tres meses. El CNI recurrió a Pegasus en su caso a partir marzo de 2020 y hasta diciembre de ese año.

En las últimas semanas, se ha ido posicionando como uno de los magistrados a los que el Consejo puede apoyar para acceder al Tribunal Constitucional. Además de recabar los votos de los vocales progresistas, varios de los integrantes del sector conservador estarían dispuestos a apoyarle. Junto a su compañero de Sala José Manuel Bandrés, es uno de los que más suenan.

En el recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que fue presentado la pasada semana, Puigdemont interpone recurso de amparo contra varias providencias y sentencias "al considerar que el ponente habría autorizado, durante la pendencia, la intervención de los dispositivos del abogado del recurrente". Considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de la garantía del secreto profesional y de las comunicaciones abogado-cliente y extiende esa responsabilidad a la Sala de Contencioso en pleno. También menciona la violación del derecho a la vida privada.

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La principal resolución impugnada es la sentencia adoptada en junio de 2020 por la que se inadmitía el recurso presentado por Puigdemont y Comín contra la decisión de la Junta Electoral que consideró obligatorio su desplazamiento a España y la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados para que adquirieran la condición de eurodiputados. En resoluciones posteriores, también ponencia de Lucas, se desestimaba el recurso en el que se impugnaba, además, el acuerdo de la JEC por el que se comunicaba al Parlamento Europeo que se declaran vacantes los escaños correspondientes a Oriol Junqueras, Puigdemont y Comín y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo.

Los huidos accedieron a la Eurocámara en enero de 2020, poco después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara que los eurodiputados lo son directamente por el hecho de haber sido elegidos en los comicios, sin necesidad de completar otros procedimientos. En el caso español, los candidatos elegidos en las elecciones europeas debían pasar por la JEC de Madrid para poder estar en la lista que la autoridad envía al Parlamento Europeo y con la que se considera completado el proceso. La sentencia del alto tribunal de Luxemburgo, que se refería al caso de Junqueras y su inmunidad europarlamentaria, hizo que el anterior presidente de la cámara, el italiano David Sassoli, admitiera la entrada de Puigdemont y Comín.

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El recurso asegura que "sin recato ninguno" el magistrado, "que disponía de un elevado grado de detalle" de la estrategia legal del expresidente a consecuencia de las escuchas, "se dedicaba a resolver, de manera manifiestamente arbitraria, los recursos interpuestos" por este. "La violación masiva de derechos fundamentales carece de parangón en ningún Estado democrático", añade, indicando que estaba obligado "a la abstención".

"No conocemos Estado democrático de Derecho alguno en el que el mismo juez que autoriza el uso de un programa que, per se, es ilícito, como es el caso del Pegasus, se dedique (...) a resolver sobre los asuntos que preparaba el letrado con sus clientes de los que, al parecer, conocía los detalles antes de que la representación letrada de los recurrentes presentara sus escritos ante la sala", agrega.

Escuchas autorizadas

Según explicó la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en su comparecencia a puerta cerrada en la comisión de secretos del Congreso, se realizaron escuchas a 18 dirigentes independentistas por presuntas actividades ilícitas con previa autorización judicial. Entre los espiados por el CNI estarían tanto el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como los diputados Míriam Nogueras, Albert Botran y Carles Riera; el portavoz de Ómnium Cultural, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, los tres 'ingenieros' de Tsunami Democràtic, Elies Campo, Jordi Baylina y Pau Escrich, y personas del entorno de Carles Puigdemont, entre las que se encuentra Boye.

Respecto al resto de presuntos espiados que aparecieron en la lista publicada por 'New Yorker' y Citizen Lab —que elevan la cifra de afectados a más de 60— y los 'pinchazos' a los teléfonos de Sánchez y Robles, el CNI se ha desentendido y habría apuntado a dos posibles vías: una nación extranjera u otros organismos del Estado como la Policía o la Guardia Civil.