Puigdemont se agarra a un error de traducción para alterar el dictamen del TJUE

Si de algo hace gala el equipo de abogados de Carles Puigdemont, es de leer con atención cualquiera de las muchas resoluciones que le afectan. Incluyendo las anotaciones a pie de página. Un error de traducción localizado por los letrados en el último dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto una rendija para que el 'expresident' de la Generalitat discuta el sentido de ese criterio, favorable a los intereses de España y contrario a los suyos. Según informan fuentes jurídicas a El Confidencial, su aviso ha provocado ya una rectificación. Por el momento es mínima, pero sus consecuencias en la decisión final pueden no serlo tanto.

El pasado 14 de julio, España recibió desde Europa una buena noticia en el pulso judicial con los huidos del 'procés'. El abogado general del TJUE, Jean Richard de la Tour, dio la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y avaló la obligación de Bélgica de entregarle. Aseguraba De la Tour que un Estado miembro como en el que se mantiene fugado el 'expresident' no puede denegar la entrega con base en la existencia de un presunto riesgo de vulneración de su derecho a un proceso equitativo. El dictamen indicaba que para hacer algo así, tendría que demostrarse que el país que reclama al huido tiene deficiencias sistémicas.

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Gran parte de la interpretación se basaba en el contenido de una Decisión Marco, la 2002/584. El abogado general indicaba en la primera versión de su dictamen que nada de lo dispuesto en ella podía interpretarse "en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea". Esta lectura de De la Tour se basaba, sin embargo, en una traducción al español errónea y antigua, que fue corregida en el año 2017. El hecho fue denunciado por la defensa del 'expresident' y ya ha provocado los primeros efectos.

De momento, el textual reflejado arriba se ha modificado. Una vez que Puigdemont y los otros dos huidos hicieron notar este error en un escrito, el párrafo ha quedado corregido y ahora aparece de la siguiente forma: "Nada de lo dispuesto en la decisión marco podrá interpretarse como una prohibición de rechazar la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea". Los matices son importantes.

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Según aseguran fuentes del entorno del 'expresident', la mala interpretación inicial puede provocar que toda la argumentación del abogado general se tambalee. Esperan más cambios y que este hecho influya en la decisión final que adopte el TJUE. La opinión de De la Tour no es vinculante, pero los jueces del tribunal de justicia europeo suelen seguirla en la mayoría de las ocasiones.

La decisión que se adopte es clave respecto al papel de las autoridades belgas en la ejecución de las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y el resto de los que huyeron a Bélgica en 2017 tras la fallida declaración unilateral de independencia. Desde entonces, los distintos intentos por parte de Llarena de lograr la extradición de los líderes huidos del 'procés' han fracasado una vez tras otra. Aunque se basaba en el 'exconseller' Lluís Puig, su sentido será fundamental para el resto.

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En enero de 2021, el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó la euroorden emitida contra el 'exconseller' Puig, que a diferencia de Puigdemont y Comín no es eurodiputado y no ha contado con la inmunidad que se deriva del cargo, por lo que su proceso continuó. Las razones fueron dos: consideraba que el Tribunal Supremo no era el competente, sino que debía haber emitido la solicitud el tribunal del “lugar del delito”, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y además señaló que los derechos fundamentales de Puig no estaban garantizados, basándose en un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Eso establecía la línea que las autoridades belgas llevarían con los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí, por lo que Llarena decidió presentar una cuestión prejudicial al TJUE en la que preguntaba si las autoridades belgas pueden determinar cuál es el tribunal competente en España para una determinada cuestión y si el informe de la ONU es una base sólida para rechazar una euroorden. El abogado general se mostraba tajante sobre la primera cuestión, pero la modificación introducida reduce ahora esa contundencia.

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La base de las euroórdenes es la confianza mutua, la “reciprocidad y reconocimiento mutuo de las resoluciones”. El pilar central de la teoría de Llarena es que Bélgica desconfía sin datos y, de esa manera, está bloqueando las extradiciones. En la vista celebrada en Luxemburgo en abril, los servicios jurídicos de la Comisión Europea se alinearon con España y, de forma más o menos directa, con esta teoría. Señalaron que no existía un problema sistémico de Estado de derecho en el país, y “si no hay problemas sistémicos, la confianza debe mantenerse”, señaló el representante del Ejecutivo comunitario.

Frente a las dudas mostradas por Bélgica respecto a las garantías procesales de los imputados en España, el abogado general recordaba que el principio de reconocimiento y confianza mutua entre los Estados miembros es una "piedra angular" para la cooperación judicial: "Una comprobación en profundidad, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo cuando no existan deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor no sería sino la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese Estado miembro", advertía.