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La Generalitat entregó 1,3 millones a la oficina de la ONU que defiende a los presos del 'procés'
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Una inyección de 990.000 euros

La Generalitat entregó 1,3 millones a la oficina de la ONU que defiende a los presos del 'procés'

El Govern acaba de dar al Alto Comisionado 200.000 euros, que se suman a los 290.000 de 2021 y los 350.000 de 2020, entre otras asignaciones. El Gobierno central solo concedió este año ayudas por valor de 11.990 euros

Foto: Raül Romeva y Oriol Junqueras. (EFE)
Raül Romeva y Oriol Junqueras. (EFE)

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el organismo que emitió un informe acusando a España de vulnerar los derechos de algunos presos del 'procés', ha recibido más de un millón de euros en "aportaciones voluntarias" del Gobierno catalán durante los últimos años, según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial. Solo desde 2019, la Generalitat inyectó en esa oficina un total de 990.000 euros de manera gratuita.

El goteo de dinero ha sido constante. En 2019, le dio 150.000 euros; en 2020, 350.000 euros; en 2021, 290.000 euros; y, en lo que va de 2022, ya le ha enviado otros 200.000 euros. A esas cifras hay que sumarles otros 100.000 donados en 2016 y una cantidad indeterminada (que algunas fuentes cifran en 200.000 euros) en 2018, lo que elevaría la cifra total subvencionada por el Govern a prácticamente 1,3 millones de euros. Además, la denuncia ante la ONU que provocó el informe fue interpuesta por Ben Emerson, abogado de Oriol Junqueras, que había trabajado para la oficina que ahora ha emitido el informe. Emerson ya fue puesto en entredicho en 2019 por sus vinculaciones personales con los relatores de los derechos humanos y los informes partidistas que estos emitieron.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE/Alejandro García)

La generosa contribución contrasta con las ayudas oficiales de España. En 2022, el Gobierno central solo concedió a la oficina 11.990 euros. Incluso el Ejecutivo vasco asignó más dinero a la oficina que Pedro Sánchez: en el presente ejercicio, otorgó 20.000 euros, una cifra que se ha mantenido inalterable a lo largo de estos años. A la vista de estos datos, se deduce que Cataluña supera en contribuciones voluntarias a países como Italia, Austria, Portugal, México, Mónaco, Perú, Brasil, Chile, Argelia, República Checa o Emiratos Árabes Unidos, por poner solo unos ejemplos.

Los regalos comenzaron en 2016

Bien es cierto, no obstante, que en 2021 la cifra de financiación aportada por España fue más elevada. Un total de 2.883.807 euros, de los que 2.573.807 euros eran del Gobierno central. En 2020, recibió 2.452.177 euros de las arcas españolas, de los que 2.082.177 fueron del Gobierno central. En ese ejercicio, el Govern envió dos remesas a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), una de 250.000 euros y otra de 100.000 euros. En 2019, la contribución fue menor: de 1.501.515 euros de subvenciones, 1.331.515 correspondían al Gobierno español y 150.000 al Gobierno catalán.

La excepción es el año 2017, durante el cual se produjo la intervención de la Generalitat tras el referéndum ilegal. Ese año, España sufragó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con 1.283.449 euros, de los que 20.000 euros correspondían al Gobierno vasco y el resto, al Ejecutivo central. No hubo aportación a las arcas del organismo debido a que las cuentas de la Generalitat fueron intervenidas y se paralizaron algunas actuaciones. Pero las aportaciones voluntarias de Cataluña a los organismos de la ONU comenzaron a materializarse en 2016, un año antes del referéndum de independencia y con Carles Puigdemont en la presidencia.

Foto: La presidenta de la ANC, Dolors Feliu (1i), junto a la vocal de Òmnium, Montse Ortiz (2i), la coordinadora de movilización de la entidad, Esther Güell (2d), y el presidente de la AMI, Jordi Gaseni (1d). (EFE/Marta Pérez)

El 29 de noviembre de 2016, el año antes del referéndum, la Generalitat firmó el expediente 166/2016, un 'Memorándum de Entendimiento' con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El objetivo era realizar una "aportación voluntaria del Gobierno de la Generalitat" de 100.000 euros, de los que 52.973 irían destinados a un Fondo Fiduciario de apoyo a las actividades de esa oficina y 47.027 euros, al proyecto 'Capacitación sobre emigrantes y derechos humanos'.

Curiosamente, esa subvención no pasó por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que es el organismo que debería controlar esos fondos, sino que fue tramitado como una ayuda de Exteriores. Según el Tribunal de Cuentas, el Memorándum, "al estar suscrito por el Alto Comisionado de la organización internacional, debe calificarse como un acuerdo internacional no normativo (…), por lo que debió solicitarse el informe de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin que conste ni la emisión ni tan siquiera la solicitud de emisión de tal informe. Tampoco consta la comunicación de una copia del acuerdo para su incorporación al registro de Asuntos Exteriores".

Una actuación sospechosa

La 'benevolencia' del Gobierno catalán queda rubricada con otra anormalidad detectada por el organismo de control: "La justificación del gasto se efectúa mediante escrito dirigido el 6 de junio de 2017 al Representante ante las Organizaciones Internacionales de la Generalitat de Cataluña, sin que se haya designado por la Generalitat el representante para el adecuado seguimiento y control de este memorándum". El informe del Alto Comisionado explica que en 2016 las ayudas llegadas de España fueron de 938.099 euros, de los que 818.009 euros fueron del Gobierno español, 20.000 euros, del Gobierno vasco y 100.000 euros "de la Administración de la Generalitat de Cataluña".

El Tribunal de Cuentas concluye que, vistas las irregularidades cometidas por el Gobierno catalán para hacer llegar los 100.000 euros a la oficina del alto Comisionado, "resulta desconocida la verdadera motivación o causa de la concesión de esa subvención. Todas estas irregularidades son igualmente predicables de una subvención de 100.000 euros al Banco Mundial, Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, tramitada conforme a la normativa especial aplicable a las subvenciones en materia de cooperación internacional que ampara la concesión directa, pese a que no interviene la ACCD, a la que corresponde la ejecución de la política de la Generalitat catalana relativa a la cooperación al desarrollo".

Foto:  El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès i el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, en el Parlament. (EFE/Marta Pérez)

El hecho de que se subvencionase a una oficina de la ONU y al Banco Mundial no deja de ser una estrategia de acercamiento a organismos internacionales en un momento en que el Govern buscaba puentes con instituciones para 'vender' el 'procés' y abrir puertas de manera que organismos transnacionales pudieran reconocer o justificar la independencia de Cataluña tras una ruptura abrupta. Subvencionando a un organismo eminentemente político y a otro económico, tendía puentes con los dos principales sectores que le interesaban a la hora de buscar potenciales aliados en el exterior.

Intereses personales y políticos

El Alto Comisionado, además, tenía otro instrumento que puso al servicio del independentismo: el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que también ha emitido algunos informes favorables a las tesis independentistas en los últimos años. Con relativa frecuencia, los representantes de estas oficinas pasaron por España. En 2019, el relator Fernand de Varennes visitó nuestro país y se negó a reunirse con representantes de la oposición de Cataluña, aunque sí lo hizo con partidos y organizaciones separatistas. "Los objetivos de mi visita consisten en identificar, con espíritu de cooperación y diálogo constructivo, buenas prácticas y posibles obstáculos para la promoción y protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas en España", señaló.

Se negó a reunirse con Ciudadanos, entonces el partido más votado de Cataluña, y con asociaciones constitucionalistas. Se reunió, en cambio, con JxCAT, ERC, CUP, ANC y Òmnium Cultural y recogió fielmente sus tesis en su informe oficial. Varennes fue el inventor de la definición de que los catalanes "son una minoría en el Estado español", una tesis a la que se ha abonado el independentismo más supremacista y radical para justificar cualquier actividad antiespañola, aunque sea ilegal.

Del mismo talante era Alfred de Zayas, otro relator que llegó a fotografiarse con el lazo amarillo en la solapa, símbolo del independentismo, y que ahora es uno de los defensores de Vladímir Putin en la escena internacional. El mexicano José Antonio Guevara fue otro de los responsables de ese grupo de trabajo que en 2019 defendió sobre el papel la actuación de los independentistas catalanes y elaboró un informe en el que acusaba a España de haber detenido ilegalmente a Oriol Junqueras y a los Jordis (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart). Su compañero de despacho era, precisamente, Ben Emerson.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el organismo que emitió un informe acusando a España de vulnerar los derechos de algunos presos del 'procés', ha recibido más de un millón de euros en "aportaciones voluntarias" del Gobierno catalán durante los últimos años, según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial. Solo desde 2019, la Generalitat inyectó en esa oficina un total de 990.000 euros de manera gratuita.

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