Torra exhibe un dictamen 'a la carta' de la ONU cuyos firmantes ni pisaron España

Cuando aún no se han apagado los ecos de una durísima sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra los independentistas catalanes, estos encienden otro fuego para apagar aquel incendio. Y sacan del cajón un informe del Grupo de Derechos Humanos de la ONU fechado el pasado 25 de abril. Sin embargo, este informe, que acaban de hacer público los abogados defensores de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los Jordis, adolece de algunas irregularidades que ponen en entredicho su neutralidad. Aparte de que los firmantes del informe jamás pisaron España, tienen otro flanco al descubierto: eran compañeros de despacho del letrado Ben Emerson, contratado por los independentistas para representar sus intereses ante organismos internacionales.

Y, por si fuera poco, le dan la vuelta a la prueba de carga y afirman literalmente que “el grupo de trabajo ha establecido en su jurisprudencia la manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de la normativa internacional sobre la libertad personal, constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de prueba recae en el Gobierno, en caso de que desee refutar las alegaciones”. En otras palabras: el Gobierno español es culpable porque lo acusan, salvo que demuestre que es inocente, lo que contradice la lógica y la praxis jurídica tradicional y democrática.

En su dictamen, y al contrario que Estrasburgo, los relatores dan por hecho que en España no se respetan los derechos humanos ni las más elementales normas democráticas y determinan que “la privación de libertad de los señores Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras es arbitraria”, por lo que pide a España que “adopte las medidas necesarias para remediar su situación sin dilación”. Y añade: “El grupo de trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”.

Asimismo, insta a que el Gobierno español “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los señores Cuixart, Sànchez y Junqueras y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”. En otras palabras: que el Ejecutivo investigue a los jueces que dictaron las medidas judiciales pertinentes.

Los polémicos Emmerson y Guevara

Pero ¿cómo ha conseguido el independentismo un informe de esta naturaleza, donde se dan por ciertas las alegaciones de los independentistas y se pide a España que demuestre que es inocente?. Muy sencillo: contratando a un abogado que hasta poco antes de la presentación de la demanda había trabajado en el grupo de trabajo de los Derechos Humanos de la ONU. Se trata de Ben Emmerson, el letrado de minuta de oro contratado por el independentismo para desacreditar a España ante los organismos internacionales. Emmerson trabajó en el grupo de trabajo de los Derechos Humanos de la ONU entre 2011 y 2017 e incluso llegó a firmar algunos informes junto con algunos de los que ahora firman el que él pidió sobre Cataluña. Y eso desacredita, al menos jurídicamente, toda conclusión del dictamen.

Además, el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado el informe, José Antonio Guevara Bermúdez, tiene tras de sí una agria polémica por sus actuaciones en México. En 2015, era el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una organización señalada en su país porque, a cambio de un porcentaje, defendía a “presuntos responsables” y alegaba tortura para obtener la libertad de detenidos e indemnizaciones. Es la misma organización que consiguió que la ONU exigiera, a finales de 2015, la libertad de cuatro sanguinarios narcotraficantes (acusados incluso por sus compañeros de secuestros, homicidios y decapitaciones) con indemnizaciones millonarias. En otro sonado caso, esa misma comisión pretendió cobrar millones de pesos “por gastos” ocasionados en su mediación en la desaparición de un líder social. Los tribunales determinaron que la petición carecía de “razonabilidad”. Es, pues, el arquetipo de lo que el escritor y periodista mexicano Héctor de Mauleón calificaba como “mercenario de los derechos humanos”.

Emmerson, igual que otros abogados defensores del ‘procés’, es más un activista que un jurista. Sus planteamientos son más políticos que jurídicos. Y así queda claro en sus intervenciones públicas y los mensajes lanzados a través de las redes sociales. En julio del año pasado, vaticinaba que a finales de 2019 Cataluña será un Estado independiente con silla en la ONU. Pero también había vaticinado poco antes que “Carles Puigdemont volverá a ser presidente de Cataluña muy pronto”. Vanas promesas que le sirven para pasar una minuta multimillonaria a los líderes independentistas. ¿Quién paga los abultados honorarios de casi 2.000 euros diarios? En teoría, habría de ser la caja de resistencia, pero de esta no ha salido ningún fondo para Emmerson. La pregunta no tiene respuesta. Es otro más de los oscuros misterios que rodean todo el montaje del ‘procés’.

Emmerson, igual que otros abogados defensores del ‘procés’, es más un activista que un jurista. Sus planteamientos son más políticos que jurídicos

La lista de clientes estrella es larga: Julian Assange, el activista (‘socio’ de los independentistas catalanes, al que ahora también vuelve a reclamar Suecia por violación), es uno de ellos. Otro es Abu Qutada, uno de los líderes de Al Qaeda en Europa, extraditado a Jordania, donde fue absuelto de terrorismo. Marina Litvinenko, esposa del espía ruso Alexander Litvinenko, envenenado en el Reino Unido, fue, asimismo, clienta del abogado estrella. Y Ramush Haradinaj, líder kosovar acusado de crímenes de guerra durante el conflicto bélico en la antigua Yugoslavia, al que logró que absolvieran.

En el currículo del famoso abogado figura una denuncia por acoso sexual a una abogada en el año 2016. El turbio asunto se conoció con posterioridad, pero acaeció durante la investigación sobre abuso sexual infantil. El letrado dimitió y, aunque en su propio despacho se abrió una investigación interna, esta fue cerrada por falta de pruebas fehacientes.

"Intoxicaciones independentistas"

Fuentes de la Secretaría de Estado de la España Global, refrendadas en términos parecidos luego en un comunicado de Moncloa, señalaron que los redactores del informe “han desempeñado una labor poco rigurosa, dejándose intoxicar y desinformar por los independentistas más radicales y debilitando así su mandato. No se abordan hechos como los de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando los independentistas suspendieron la Constitución en el Parlament; se critica la falta de independencia de los jueces, pero pide a los políticos que interfieran en una decisión judicial para dejar libres a los hoy apresados; y se insta a liberar a estas personas en mitad de un procedimiento judicial que se está dirimiendo con todas las garantías”.

Los redactores del informe "han desempeñado una labor poco rigurosa, dejándose intoxicar y desinformar por los independentistas radicales"

Para los representantes del Ministerio de Exteriores, “es imprescindible mejorar sus métodos de trabajo y su independencia”. Y resaltan, al mismo tiempo, “el rigor y buena fundamentación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso ‘Forcadell + 75’, que es un ejemplo de buen funcionamiento de un sistema jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales”.

Pero precisamente es ese informe el que ha precipitado la presentación del dictamen de la ONU. Lo que ha hecho el Gobierno catalán es intentar esconder el varapalo del alto tribunal europeo con este ‘dictamen a medida’. Y es que el TEDH falló esta semana que el Constitucional español había actuado correctamente al anular el pleno del Parlament con el que independentistas trataban de justificar el 1-O. Y además atacaba al soberanismo entendiendo que había “una necesidad social imperiosa” y que era “necesario en una sociedad democrática” el suspender ese pleno porque “había que preservar el orden constitucional”.

Tabla de salvación de Torra

El ‘president’ Quim Torra presentó este miércoles por la tarde una declaración institucional. Pasó por alto el fallo del TEDH (sentencia cuyo acatamiento es obligatorio) y presentó el dictamen de la ONU (que además no es vinculante) como su tabla de salvación.

Torra aseguró que la resolución “es de obligado cumplimiento. Si el Reino de España no la cumple, estará vulnerando el derecho internacional”

En una dura declaración institucional, Torra acusó al juicio seguido en el Supremo de ser un “juicio farsa” (tal y como lo denominan los ultraindependentistas) y anunció que haciendo uso de sus prerrogativas, el Govern “se dirigirá a la Fiscalía General del Estado para que promueva ante el Supremo y las demás instancias judiciales la retirada de todas las acusaciones y pida la libertad de todos los presos políticos”. Acusó también al Estado español de actuar “con espíritu de venganza y no de justicia”. Por otro lado, aseguró que la resolución del grupo de trabajo “es de obligado cumplimiento. Si el Reino de España no la cumple, estará vulnerando el derecho internacional”. Esa afirmación, no obstante, es falsa, ya que los dictámenes de los grupos de trabajo no comprometen ninguna obligación.

En realidad, el Govern guardaba este informe: lleva fecha del 25 de abril, por lo que tanto Torra como los suyos lo tenían como un comodín en la manga. El fallo del TEDH obligó a ‘quemar’ este cartucho. Ya lo venía advirtiendo desde hace días Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont: “En los próximos meses, pasarán cosas que permitirán una intervención que obligue al Estado a mover ficha”.