Tras una detención en Alemania y otra en Italia, tras las idas y venidas con tres euroórdenes distintas y tras un sinfín de quiebros por parte de los jueces belgas, el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confía en que, esta vez sí, la huida de Carles Puigdemont llegue a su fin en los próximos meses.
El dictamen que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha notificado este jueves supone un espaldarazo a sus euroórdenes y, por primera vez, el razonamiento de Bélgica para negar la entrega de los independentistas huidos comienza a tambalearse. Pese a ello, el camino que queda por recorrer es largo. Al fin y al cabo, Puigdemont lleva más de cuatro años armando su defensa.
El primer punto a tener en cuenta es que el dictamen del abogado general no es vinculante. Como informaba este miércoles El Confidencial, el Tribunal falla de acuerdo con sus conclusiones más de un 65% de las veces, pero el informe conocido este jueves no deja de ser un esbozo de la argumentación jurídica para facilitar el trabajo al organismo decisor. Si este se desmarca del criterio del abogado general, la euroorden contra Puigdemont quedaría prácticamente condenada al fracaso.
En cuanto a los tiempos que se van a seguir tras el pronunciamiento del abogado general, el TJUE no tiene un límite establecido, aunque suele tomarse unos cuantos meses. En el caso de la cuestión prejudicial tramitada por España en relación con el Banco Popular y el Banco Santander, el abogado general, que es el mismo que respalda ahora la postura de Llarena, emitió su dictamen el pasado 2 de diciembre, pero el tribunal no respondió a la polémica hasta el 5 de mayo.
Si con Puigdemont se sigue el mismo ritmo y el TJUE termina por pronunciarse en torno a noviembre, la situación con los independentistas huidos volvería a la casilla de salida a finales de año: Llarena en ningún momento ha retirado sus euroórdenes contra Puigdemont, sino que la Justicia europea se ha limitado a mantenerlas 'congeladas' mientras resolvía su cuestión prejudicial. Una vez respondidas sus dudas, esa suspensión se levanta y, por tanto, cabe iniciar un nuevo proceso para solicitar su entrega.
Salvo que Puigdemont decidiese abandonar su actual residencia, este nuevo proceso quedaría una vez más en manos de los jueces belgas, pero, en el probable caso de que el TJUE siga el mismo criterio que el abogado general, estos ya no podrían agarrarse a los principales argumentos que han esgrimido hasta ahora para negar su entrega: la supuesta falta de competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar a los líderes del 'procés' y sus dudas respecto a las garantías procesales de los imputados en España.
El laberinto de la Justicia europea, sin embargo, no queda ahí. A falta de conocer los tiempos y de confirmar las decisiones que se toman en los próximos meses, la defensa de Puigdemont cuenta en estos momentos con un as en la manga: el TJUE decidió el pasado 22 de mayo devolverle de modo cautelar la inmunidad de la que gozaba como eurodiputado hasta marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo atendió el suplicatorio del Tribunal Supremo y le levantó su especial protección.
La decisión del TJUE responde al recurso que tanto Puigdemont como los también huidos Toni Comín y Clara Ponsatí interpusieron contra la decisión del Parlamento Europeo, lo que ha provocado un proceso paralelo ante los tribunales europeos. De esta manera, el posible espaldarazo del TJUE a las euroórdenes de Llarena no entraría en la inmunidad de los independentistas huidos, sino que la misma aún debe resolverse de manera separada.
Los tiempos de este segundo proceso, por tanto, también son claves respecto a la posible entrega de Puigdemont. Mientras la Justicia europea no les retire la inmunidad, el Supremo choca con un muro, y la defensa de los líderes independentistas puede exprimir uno de los argumentos que ha defendido el propio TJUE para devolverles de forma temporal esta especial protección: el papel que jugaron en la tramitación del suplicatorio el eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, ponente de dicha comisión y miembro del mismo grupo en el que se incluye a Vox.
Según concluyó el TJUE en mayo, el comportamiento de ambos “puede, a primera vista, manifestar una toma de partido o un prejuicio personal desfavorable hacia los recurrentes”, así como “suscitar dudas legítimas sobre un potencial prejuicio contra los diputados”. Dicho de otra forma: por mucho que el TJUE haya dado un espaldarazo a las euroórdenes de Llarena, al magistrado todavía le queda recorrer un largo camino para la posible entrega de Puigdemont.
Tras una detención en Alemania y otra en Italia, tras las idas y venidas con tres euroórdenes distintas y tras un sinfín de quiebros por parte de los jueces belgas, el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confía en que, esta vez sí, la huida de Carles Puigdemont llegue a su fin en los próximos meses.
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