La Eurocámara no verifica las credenciales de Puigdemont, Ponsatí, Comín y Solé

El Parlamento Europeo ha anunciado este miércoles la confirmación de las credenciales de una larga lista de eurodiputados que han ingresado en la cámara desde principios de 2020, en total 49 verificados, teniendo en cuenta también los que ingresaron tras la salida de los eurodiputados británicos. En ella hay cuatro grandes ausentes: los huidos de la Justicia española Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, de Junts, así como Jordi Solé, eurodiputado de ERC, que entró en sustitución de Oriol Junqueras. La verificación es un proceso necesario para chequear con las autoridades competentes nacionales que los nuevos miembros no cuentan, por ejemplo, con incompatibilidades.

Los dos primeros, el 'expresident' de la Generalitat y el antiguo 'conseller', accedieron a la Eurocámara en enero de 2020, poco después de que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara los eurodiputados lo son directamente por el hecho de haber sido electos en los comicios, sin necesidad de completar otros procedimiento. En el caso español, los miembros elegidos en las elecciones europeas debían pasar por la Junta Electoral Central (JEC) de Madrid para poder estar en la lista que la autoridad envía al Parlamento Europeo y con la que se considera completado el proceso. La sentencia del alto tribunal de Luxemburgo, que se refería al caso de Junqueras y su inmunidad europarlamentaria, hizo que el anterior presidente de la cámara, el italiano David Sassoli, admitiera la entrada de Puigdemont y Comín.

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La situación de los cuatro eurodiputados es muy distinta, siendo los tres primeros reclamados por la justicia española cuando ingresaron. Pero tienen algo en común: ninguno de ellos pasó por la Junta Electoral Central en Madrid. Y el proceso de verificación del Parlamento Europeo requiere que las autoridades nacionales confirmen a la Eurocámara que el procedimiento está completado. Como ninguno de ellos pasó por Madrid, donde debían jurar la Constitución, la JEC no considera completado el proceso nacional.

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es la encargada del proceso, ha explicado en una rueda de prensa que ahora la Eurocámara consultará con la JEC qué se supone que debe hacer según la legislación nacional. “El acta no se les ha retirado, solo que sus credenciales no han podido ser verificadas”, ha señalado el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, dejando claro que en estos momentos no se cuestiona que sean miembros de la cámara.

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Ciudadanos defiende que el proceso por el que Puigdemont, Comín y Ponsatí son eurodiputados ha estado lleno de errores jurídicos, de decisiones equivocadas del anterior presidente Sassoli y de la inacción del Gobierno. En todo caso, la ausencia de verificación no va a afectar por el momento al día a día de ninguno de los tres eurodiputados, como tampoco al de Solé, al menos hasta que la Eurocámara no reciba una respuesta de la JEC, pero abre un nuevo frente en Bruselas.

“Decimos que su credencial no es verificable. Hay que ir al órgano competente. Nos tendrán que decir cuáles son las consecuencias de no poder verificar sus actas”, ha añadido Vázquez. Se puede ser eurodiputado sin las credenciales verificadas, pero los servicios jurídicos de la cámara consideran que debe ser una solución temporal mientras se espera la confirmación por parte de las autoridades nacionales. Si la JEC considera que los escaños deberían quedar vacantes, estaría en manos de Roberta Metsola, actual presidenta del Parlamento Europeo, decidir qué hacer.

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La maltesa podría preguntar a sus servicios jurídicos o la cámara podría, por ejemplo, consultar al propio TJUE. También podría suspender a los eurodiputados durante ese periodo o dejar los escaños vacantes si así lo solicita la JEC, pero en la cúpula de la institución la sentencia sobre Junqueras de 2019 fue un 'shock' y en general no hay ningún apetito de volver a exponerse a la posibilidad de que el alto tribunal de Luxemburgo lance un nuevo varapalo sobre el Parlamento Europeo, y en cualquier caso la última palabra, salvando al TJUE, la tiene Metsola.