El Gobierno retirará a instancias de la UE la reforma del sistema de elección del CGPJ

La polémica reforma "dura" del sistema de elección del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) dejará de estar congelada en el Congreso para retirarse definitivamente. El Gobierno instará a los grupos parlamentarios que lo sostienen y que promovieron la medida, PSOE y Unidas Podemos, para que entierren esta propuesta registrada en la Cámara Baja con la intención de que la renovación del órgano de gobierno del poder judicial fuese por mayoría absoluta en segunda instancia en lugar de por mayoría reforzada de tres quintas partes del Congreso. Una iniciativa que surgió tras el fracaso de las negociaciones entre Gobierno y PP para renovar este órgano constitucional, abriendo así la puerta a que se hiciese sin el concurso del principal partido de la oposición.

La decisión de retirar del registro la reforma del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces fue confirmada este martes tras el Consejo de Ministros por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Compromiso que se asume tan solo unas horas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, le trasladase al ministro de Justicia esta petición durante una reunión telemática.

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Bruselas ya había advertido a España la necesidad de consultar con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, sin que en ningún caso las reformas previstas por el Gobierno comprometan la independencia del poder judicial. "Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España", señalaba ya el pasado mes de diciembre el comisario del ramo, Didier Reynders, coincidiendo con la presentación de la reforma.

El Gobierno dejará por tanto de tener en la recámara una iniciativa que le servía también como arma de presión. De hecho, su presentación ya se leyó como una amenaza de modificar el sistema de mayorías si el PP no se avenía antes a un acuerdo para la renovación y el propio Pedro Sánchez se refirió a la congelación de la reforma como una forma de "parar el reloj" para negociar. El CGPJ lleva en funciones desde diciembre desde 2018.

Desde la UE sí han avalado la reforma "blanda" ya tramitada en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato

Desde la UE sí han avalado la reforma "blanda" ya tramitada en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato y mientras no se renueve. Con esta reforma quedan excluidas diversas facultades del CGPJ, como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, tampoco se podrán nombrar los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la lnspección de Tribunales.

Las atribuciones del CGPJ en funciones quedan limitadas, mientras no haya acuerdo para su renovación, a la selección de jueces y magistrados; resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados; ejercer la alta inspección de Tribunales; cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales; garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial; ejercer su potestad reglamentaria en distintas materias (publicidad de las actuaciones judiciales, publicación y reutilización de las resoluciones judiciales, habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública, constitución de los órganos judiciales fuera de su sede, régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales, organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional).

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Campo también ha aprovechado para volver a reclamar al PP de Pablo Casado la necesidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante las renovaciones pendientes de los órganos constitucionales, entre los que destaca el CGPJ, pero que también incluye al Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Las conversaciones se rompieron por última vez a finales del pasado mes de febrero, cuando se estuvo a punto de llegar a un pacto, pero los vetos cruzados de última hora por uno de los nombres propuestos por cada parte hicieron saltar por los aires el acuerdo. De hecho, sí se pactó entonces la renovación del Consejo de Administración de RTVE.