Podemos presiona para cambiar las mayorías del CGPJ tras el bloqueo total entre PSOE y PP

Unidas Podemos redobla estos días la presión a su socio de gobierno para rebajar la mayoría necesaria para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las Cortes Generales. Los últimos enfrentamientos entre la facción socialista del Ejecutivo y el Partido Popular, así como los más de tres años y ocho meses transcurridos desde que caducó el mandato del órgano de gobierno de los jueces, han llevado a la formación morada a recuperar una iniciativa con la que el PSOE estuvo de acuerdo en su día, para después retirarla. Y, sobre todo, les han hecho poner el foco en los motivos que llevan a sus socios a rechazar estos cambios.

El más claro ha sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que este jueves señaló directamente al PSOE. Según el dirigente, es "obvio" que el PP no quiere renovar el CGPJ para "proteger a sus corruptos y bloquear la legislación progresista". Sin embargo, afirma que no está tan claro por qué el PSOE se opone a modificar la ley para rebajar de tres quintos (210 escaños en el Congreso) a la mayoría absoluta (176 en la misma Cámara) el número de votos necesarios para elegir a los 20 vocales del CGPJ. "La pregunta es por qué el PSOE no quiere cambiar las mayorías, para arrebatar a los corruptos su minoría de bloqueo", afirmaba el portavoz de Unidas Podemos. De momento, no quieren ir más allá, pero la intención es clara.

Dirigentes del espacio que engloba a Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia en Común reconocen que "jamás" han confiado en que el PP realmente tuviera interés en renovar este órgano. "Lleva mareando la perdiz tres años, no es creíble", apuntan. Sostienen que es "lógico" que bloquee la renovación, porque los populares "se juegan mucho" si el CGPJ es escogido por el actual Congreso, con mayoría progresista. "No se va a bajar del monte mientras exista Vox", solo "si le resulta insostenible terminará sentándose". "Teatro, puro teatro", zanjan.

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Otras fuentes de Unidas Podemos recuerdan que el PP ha puesto todo tipo de excusas para sentarse a negociar, desde su veto a Unidas Podemos en las negociaciones —esgrimido, obviado y después nuevamente recuperado— hasta su rechazo a seguir conversando si el Gobierno no retiraba su contrarreforma para devolver al CGPJ el poder para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esta norma fue aprobada en julio y el organismo en funciones que preside Carlos Lesmes debe designar a dos magistrados del Tribunal de Garantías antes del 13 de septiembre. El Ejecutivo debe hacer lo propio con otros dos, y hoy da por hecho que el Consejo "cumplirá la ley".

Nunca, desde el mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó —"controlaremos desde detrás la Sala Segunda" del Supremo—, cuando Unidas Podemos aún no formaba parte del Gobierno, han confiado realmente en la voluntad de acuerdo del PP. El mensaje de Cosidó a los senadores conservadores, justificando el pacto con el PSOE para renovar el CGPJ cuando aún no había expirado su mandato, en octubre de 2018, hizo volar por los aires las negociaciones, y nunca ha sido posible volver a encarrilarlas.

Bloqueo total

Hoy, vista la enésima batalla entre PP y PSOE a cuenta del CGPJ, Echenique y el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, se esfuerzan por recuperar la reforma que en su día abanderaron junto al Partido Socialista. En octubre de 2020, los grupos del PSOE y de Unidas Podemos registraron en el Congreso una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, de haber sido aprobada, les habría permitido sortear el veto del PP. La presentaron, además, como una proposición de ley, una iniciativa de los grupos parlamentarios, garantizándose así una tramitación mucho más rápida y evitando pedir los informes preceptivos (aunque no vinculantes) del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ. La intención, entonces, era aprobarla en apenas un par de meses, pero escasos días después de su entrada en registro, Pedro Sánchez dio la orden de bloquearla.

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La advertencia de Bruselas de que la reforma podría hacer peligrar la independencia judicial llevó al presidente del Gobierno a congelarla. Apenas un par de meses después, se desgajó de esta ley la reforma que impediría al órgano de gobierno de los jueces seguir haciendo nombramientos mientras estuviera en funciones. Esta iniciativa —después enmendada por el propio Ejecutivo— sí llegó a ver la luz, si bien también se retrasó su aprobación para intentar favorecer la negociación con el PP.

La propuesta de rebajar las mayorías, sin embargo, permaneció en vía muerta hasta abril de 2021, cuando el PSOE decidió tirar la toalla. El socio minoritario, sin embargo, nunca rechazó esta vía. Y ahora, cuando el entendimiento entre PSOE y PP parece imposible, Unidas Podemos decide volver a presionar a su socio para que recupere esta reforma. Y lo hace, además, pocas semanas antes de que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, vuelva a visitar España.

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En julio, Reynders elevó el tono de sus reproches y ya advirtió de las posibles represalias de Bruselas, de perpetuarse este bloqueo. "Si al final del año no hay ninguna señal, ninguna respuesta o avance, meteremos más presión dialogando, ante tribunales o lo que haga falta", afirmó en una entrevista en 'El Mundo'. También añadió que contemplan el uso de "procedimientos de infracción y el recurso ante el TJUE". "Cuando se enquista durante tantos años... algo hay que hacer", sostuvo. Si bien el Gobierno y el PSOE aseguran no estar preocupados por las posibles sanciones de Bruselas, partidos como PP o Ciudadanos, y distintos jueces y juristas consultados por El Confidencial, admiten que esta es una posibilidad. El margen que contemplan, y que podría reducirse durante la próxima visita del comisario de Justicia, va aproximadamente hasta finales de año.

Máxima tensión entre PSOE y PP

Si en los próximos meses no hay un acuerdo, el escenario se tornará aún más complicado. El problema es que los dos grandes partidos, cuyos escaños son necesarios para llegar a un pacto, están a años luz el uno del otro, y se señalan mutuamente como culpables de un desencuentro permanente. Feijóo y Sánchez pusieron punto y final al anterior curso político con las conversaciones congeladas. Para Génova, la "deslealtad" de Sánchez maniobrando para renovar el Tribunal Constitucional de forma unilateral a través de una treta jurídica sentó un punto de inflexión que dinamitó hasta el más mínimo avance en la renovación.

El verano no ha servido para apaciguar los ánimos, y no se ha producido ningún contacto entre Gobierno y oposición para tratar de reconducir la situación. Más bien, todo lo contrario. Esta semana, 'El País' se hizo eco de un documento firmado por Teodoro García Egea en octubre de 2021 en el que este se comprometía a avalar una reforma de la ley para que el CGPJ pudiese nombrar a los dos magistrados que le correspondían en el Tribunal Constitucional e imponer así una mayoría progresista en el órgano, una maniobra que Sánchez ha terminado cumpliendo, pero sin el beneplácito de Feijóo.

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El Gobierno ha utilizado la información como elemento de presión contra Génova para que cumpla los acuerdos que ya suscribió Pablo Casado, pero el PP de Feijóo se revolvió contra lo que calificó como "jugarreta política". En el primer partido de la oposición no tienen dudas de que el documento lo filtró directamente la Moncloa, y el propio líder popular aseguró este jueves que Félix Bolaños "amenazó" a Esteban González Pons, nuevo interlocutor del PP con el Gobierno, con hacer público el controvertido acuerdo si no accedía a desbloquear el CGPJ sin condiciones y a la mayor brevedad. "Nos dijeron que o llegábamos a un acuerdo, o filtrarían ese papel", aseguró Feijóo ante los medios.

A pesar de las advertencias de Europa, el nuevo choque entre PSOE y PP enturbia aún más toda posibilidad de alcanzar un pacto antes de la apertura del año judicial. En privado, fuentes populares aseguran no dar crédito ante el nuevo "chantaje" de Sánchez y descartan moverse para tratar de desencallar la situación. Entienden en el PP que es responsabilidad del Gobierno "mover ficha" y recuerdan que, el pasado 13 de julio, el partido remitió a la Moncloa su plan para "garantizar la independencia judicial", unas condiciones que establecen como base para iniciar cualquier negociación y alcanzar un acuerdo. La carta, aseguran, "sigue sin respuesta".