El Gobierno ignora el ultimátum del PP con el CGPJ y se resiste a retirar la reforma del TC

Máxima tensión entre Génova y la Moncloa, de nuevo a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha enviado al Gobierno este lunes el plan judicial a cuya negociación vinculan la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Todos los puntos incluidos en la hoja de ruta de los populares son "negociables", salvo uno: el Gobierno debe retirar la reforma para renovar de forma unilateral el Tribunal Constitucional antes de retomar cualquier conversación, una iniciativa que llega este jueves al Congreso de los Diputados y para la que el Ejecutivo ya cuenta con el apoyo de algunos de sus socios parlamentarios, como es el caso de ERC. La Moncloa, sin embargo, se resiste y ya avanza que no dará marcha atrás en su iniciativa pese al ultimátum del PP.

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"La Constitución no es negociable", ha subrayado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales aseguran, además, que no tenían conocimiento alguno respecto al anuncio que iba a hacer el PP en Génova, e insisten en el mensaje de que, antes de iniciar cualquier negociación respecto a un hipotético cambio legislativo, el PP "debe cumplir" con lo que mandata la Constitución respecto a los órganos institucionales y llegar a un acuerdo sobre el listado de nombres para renovar un órgano que lleva en funciones desde hace más de tres años.

El pasado 13 de junio, Esteban González Pons se comprometió desde la sede de Génova a remitir un plan judicial a la Moncloa en el plazo de un mes con el que sentar las bases para la renovación del CGPJ. Unas semanas después, el sorpresivo anuncio por parte del Gobierno de una contrarreforma judicial para renovar el Tribunal Constitucional sin esperar a un acuerdo con el PP rompió todos los puentes entre Feijóo y Sánchez Ello no ha evitado que los populares planteen su hoja de ruta en el terreno judicial, que ahora presentan no tanto como una baza de negociación, sino como un elemento de presión contra el Ejecutivo. "Están en un callejón sin salida", subrayan algunas fuentes populares.

No en vano, está previsto que este jueves el Gobierno apruebe en el Congreso la reforma de la Ley del Poder Judicial que permitirá al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el TC, con lo que el Ejecutivo podrá hacer lo propio con sus dos nombres —la Constitución mandata que los 12 miembros del tribunal de garantías deben renovarse por tercios—. Se da la circunstancia de que fue el propio Sánchez el que en marzo de 2021 impulsó una reforma legislativa para evitar que el órgano de gobierno de los jueces pudiese hacer nombramientos mientras siguiese en funciones, una maniobra entonces entendida como elemento de presión contra Pablo Casado.

Sin embargo, la contrarreforma que ahora plantea Moncloa sólo permitirá al CGPJ hacer nombramientos en el Tribunal Constitucional y no en otras instituciones como el Tribunal Supremo, donde la falta de jueces amenaza con llevar a la institución al colapso. El uso "partidista" de las instituciones que denuncian en el PP también ha sembrado un fuerte malestar dentro del propio CGPJ, que este lunes celebra un pleno urgente en el que nueve vocales exigen llevar la "incoherente" reforma exprés del Gobierno a la Comisión Europea.

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Los populares mantienen las espadas en alto y subrayan que, de los 11 puntos que componen su pacto judicial, solo manejan una "línea roja": que el Gobierno retire la reforma para "asaltar" el TC y que lo haga antes del jueves. Insisten en que, para retomar las conversaciones con el Ejecutivo, Sánchez debe mostrar "sentido de Estado" negociando la renovación judicial con el PP, y no con ERC. "No me entraría en la cabeza que el Gobierno albergue tal temeridad o tal imprudencia como para que, sin haber cerrado un acuerdo con el primer partido de la oposición, modifiquen el Tribunal Constitucional gracias a un acuerdo con ERC", advertía Pons.

El plan de Génova

Pese al portazo inicial de Sánchez, en la cúpula de los populares sí albergan cierta esperanza por que la Moncloa retire en las próximas horas su proposición de ley de la Cámara Baja y se abra a negociar la renovación del CGPJ con el PP, cuyo desbloqueo definitivo permitiría la renovación del Tribunal Constitucional por los cauces habituales. Fuentes de Génova aseguran que, en los últimos días, Esteban González Pons y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han intercambiado mensajes de WhatsApp para tratar de avanzar en un acuerdo enquistado, un movimiento que los populares interpretaron como que la Moncloa "no tenía todas consigo" a la hora de aprobar la controvertida reforma judicial.

A la espera de un cambio en la posición del Gobierno, Génova ha presentado una hoja de ruta en la que ofrece al Gobierno renovar el CGPJ con el sistema actual, pero avanzar en paralelo en una reforma del modelo para avanzar en la "despolitización" de la Justicia. Proponen, por ejemplo, que en un plazo máximo de seis meses desde el nombramiento de la nueva cúpula judicial sea el propio CGPJ el que proponga al Congreso un nuevo modelo de elección de los jueces para enmendar el "deterioro" institucional, mejorar "la independencia del proceso" y garantizar "la decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección" de los vocales. La propuesta sería analizada por una ponencia en el seno de la Comisión de Justicia, que debería emitir un informe al respecto en un plazo "improrrogable" de seis meses.

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Los populares plantean que la elaboración de un nuevo sistema de elección de los jueces deberá a comenzar a gestionarse de forma simultánea a la renovación de la actual cúpula judicial a través de una "proposición de ley" a tramitar por el procedimiento de urgencia. En el PP quieren que el documento final, a negociar con el PSOE, incluya puntos como que los nuevos vocales no hayan ocupado cargos "vinculados a la política" en los cinco años anteriores a su elección, una iniciativa que hacen extensible a la Fiscalía General del Estado y que habría dejado sin opciones a la actual fiscal general, Dolores Delgado.

La propuesta incluye otros puntos, como que todos los altos cargos de la carrera judicial pasen a ser nombrados por una mayoría de tres quintos para "evitar una ideologización absurda" en ningún órgano; o el incremento de la plantilla judicial mediante la convocatoria de oposiciones a razón de 200 plazas más al año. El PP defiende la idoneidad de un modelo de renovación judicial que nazca fruto del "consenso" político entre los dos grandes partidos, y rechaza que las conversaciones con el Gobierno se limiten únicamente a pactar los nombres de la nueva cúpula judicial, sin avanzar en una reforma del actual modelo. "Que siempre se haya hecho mal no quiere decir que tengamos que seguir haciéndolo ahora", insisten en la dirección.