El Gobierno corrige su propia reforma para forzar la renovación del Constitucional

Hasta tal punto la renovación del Tribunal Constitucional es una prioridad para el Gobierno, que el Ejecutivo se prepara para modificar las leyes que impulsó para garantizarse que se haga, y se haga de forma inmediata. El PSOE presentará este viernes una nueva reforma legal que corrige la anterior y permitirá al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos pese a estar en funciones, aunque solo los que afectan al TC. Cuatro de sus magistrados deben ser sustituidos desde el pasado 12 de junio y esa renovación no puede hacerse sin que el Consejo designe a dos.

El movimiento permitirá al Ejecutivo renovar el TC sin esperar a alcanzar un pacto con el PP para la renovación del CGPJ. Los populares, bajo el mando de Feijóo, estaban dispuestos a pactar, pero sin prisas, y el Gobierno no ha querido depender de ellos. El anuncio ha levantado su enfado y, según aseguran fuentes del entorno del partido de la oposición, pondrán punto y final a cualquier posibilidad de acuerdo. No se sentarán para hablar del Consejo.

La nueva reforma modifica la anterior, que también impulsó el Ejecutivo, en la que se prohibía al Consejo hacer nombramientos una vez acabado su mandato. "La voluntad es que el TC se renueve lo antes posible", aseguran las fuentes consultadas.

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Como ha adelantado 'elDiario' y confirman fuentes gubernamentales a El Confidencial, el PSOE registrará este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá al CGPJ hacer estos dos nombramientos puntuales. Se trata de la salida que ha diseñado el Ejecutivo, tras informar a sus socios, para forzar ya el cambio en el TC. Los otros dos miembros se designarán a proposición del propio Ejecutivo y ese cambio acabará con la actual mayoría del TC.

En concreto, será una proposición de ley orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, exactamente el artículo que introdujo el Ejecutivo hace meses para paralizar al actual Consejo, presidido por Carlos Lesmes. En el artículo, se indica que cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, el Consejo General del Poder Judicial entre en funciones según la actividad del mismo, se limitará a la realización de unas atribuciones pautadas y no podrá designar a magistrados para ningún puesto.

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La situación actual del TC, en el que cuatro miembros entraron en funciones el pasado día 12, viene generada por varias circunstancias sumadas. La Constitución impone que el TC se renueve por ciclos cada tres años. Cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada trienio. Cuando llega el momento del cambio —que afecta a aquellos que se encuentran en la última fase de su mandato—, la designación depende por turnos de distintos órganos. Los cuatro que debían ser renovados a partir del 12 de junio son los que tienen que ser designados a propuesta del Gobierno y del CGPJ, nombrando cada uno a dos de los cuatro.

Sin embargo, los de Pedro Sánchez decidieron en marzo de 2021 reformar la ley para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando ya ha cumplido su mandato, como es el caso del actual, que lleva caducado casi cuatro años. La principal consecuencia es que el CGPJ no puede hacer nombramientos en la cúpula judicial: ni en el Supremo, ni en los tribunales superiores de Justicia ni tampoco en el Constitucional. Es decir, aunque toque renovar el TC, dos de los cuatro nombramientos que hay que hacer no pueden hacerse. La tesis de muchos juristas y de la mayoría de miembros actuales del Constitucional es que ese impedimento frustraba también la designación de los otros dos, ya que la Constitución, como decíamos, especifica que el cambio se haga "por tercios" y de ninguna otra manera.

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En el grupo de magistrados salientes que acaban su mandato en julio hay tres conservadores y un progresista. Deben ser sustituidos, en concreto, el actual presidente, González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores. Una renovación de dos cambiaría las cuentas. Además, cambiará el presidente, que será previsiblemente cercano a las tesis de izquierda. El magistrado Cándido Conde-Pumpido es el mejor posicionado.

Antes de decidirse por esta salida, el Gobierno ha explorado otras opciones. En un primer momento, confió en que fuera el propio TC quien resolviera la cuestión, considerando inconstitucional el artículo que ahora modifica. No salió por falta de consenso en el Constitucional. Después se planteó dividir los nombramientos y designar a sus dos sin esperar al Consejo. Las dudas sobre si esta opción se sostenía la han hecho decaer.