La elección de Ortiz para la Fiscalía irrita al PP y embarra la renovación del CGPJ

El terremoto en la Fiscalía General del Estado por la renuncia de Dolores Delgado no allanó el camino para un acercamiento entre Moncloa y Génova para avanzar en la enquistada renovación del Poder Judicial. Más bien todo lo contrario. Su sustitución por Álvaro García Ortiz y su "notable cercanía al PSOE" provocaron enorme malestar en las filas populares, una decisión que, a juicio de fuentes de la cúpula del PP, embarra aún más cualquier atisbo de progreso en el desbloqueo del CGPJ, que quedará sin recambio al menos hasta otoño. Génova denuncia que se enteró del recambio por los medios de comunicación y lamentó la "oportunidad perdida" a la hora de nombrar un profesional verdaderamente "independiente". "Vuelven a tropezar con la misma piedra", insisten.

Nada más trascender la noticia de la salida de la exministra de Justicia del PSOE de la Fiscalía, el PP inició una campaña contra el sustituto del Gobierno que, además de la mano derecha de Delgado, resulta ser un viejo conocido para Alberto Núñez Feijóo. Ortiz ejerció desde 2007 como fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, y su nombre saltó a los medios por su participación como acusación pública en el juicio de la catástrofe medioambiental del Prestige, que se celebró en 2012 y 2013. Presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF) hasta 2017, la misma entidad a la que pertenecía Dolores Delgado hasta que consumó su salto a la política.

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Durante su etapa en Galicia, protagonizó algún que otro enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo por la autoría de la ola de incendios forestales en 2017 —el gallego lo vinculó con una trama criminal, teoría que desmontó Ortiz desde la Fiscalía—. En 2019, el PPdeG se hizo eco de la participación del fiscal en un laboratorio de ideas organizado por el PSOE gallego para elaborar su programa laboral y dar la batalla a Feijóo en las urnas en las autonómicas que tendrían lugar pocos meses después, en julio de 2020. "Un fiscal no debería comprometer su propia independencia y neutralidad haciendo campaña a favor de ningún partido", se quejaron.

Todas estas circunstancias, unidas al hecho de que el Gobierno ha optado por una línea continuista en la Fiscalía General del Estado, evitando enmendar la labor de Dolores Delgado, han puesto al PP en pie de guerra. En el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, insisten en que, más que guiños, el Gobierno se empeña en poner palos en las ruedas en la consecución de un acuerdo para desbloquear un CGPJ que acumula tres años y medio en funciones. "En términos de sectarismo, es más de lo mismo", subrayan. Entienden que el nombramiento de Álvaro García Ortiz implica un nuevo disparo contra su plan para la regeneración de la Justicia, un documento que Génova remitió recientemente a Moncloa y que erigen como base de toda negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El primer punto, insisten, es el compromiso con la "despolitización de la Justicia".

Fuentes de los populares ponen claramente en duda que la salida de Dolores Delgado se deba enteramente a motivos de salud, a pesar de que la exdirigente socialista aún se recupera de una intervención quirúrgica por una afección en la espalda. Creen que "no es casualidad" que el cese se produzca justo después de la última llamada de atención por parte de la Comisión Europea, que emitió un informe la pasada semana instando al Ejecutivo a reforzar la separación de poderes en el caso de la Fiscalía General del Estado, en línea con los estándares europeos de independencia judicial. Es más, tal y como ha podido saber El Confidencial, el Gobierno está trabajando en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir formalmente el nombramiento de ministros, lo que hubiese afectado de lleno a la recién cesada Dolores Delgado.

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En cualquier caso, la percepción en las filas populares es que el terremoto en la Fiscalía no hace si no enfangar toda posibilidad de acercamiento entre PSOE y PP. No solo "no cambia nada", como advirtió este martes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, sino que congela 'sine die' la negociación sobre el CGPJ. El cuestionamiento de Delgado por la supuesta falta de independencia llevó al PP —también a Vox— a recurrir su nombramiento, aunque el Supremo desestimó sendas iniciativas. Con su salida, "[Sánchez] tenía una oportunidad de oro para avanzar en la despolitización de la Justicia", reiteran en la cúpula popular. La última interlocución entre Moncloa y Génova en esta cuestión fue la fallida reunión entre Esteban González Pons y Félix Bolaños en el Congreso, que terminó en fiasco. Ni una llamada más, tampoco ningún mensaje desde entonces.

La elección de Ortiz para la Fiscalía General del Estado no hace sino echar leña al fuego de un PP incendiado por el "ninguneo" del Gobierno con la reforma exprés del Poder Judicial, que forzará al CGPJ a nombrar a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre. Sin embargo, la iniciativa mantiene la prohibición a la cúpula judicial de hacer nombramientos en órganos como el Tribunal Supremo mientras siga en funciones, una propuesta que generó enorme malestar en el seno del CGPJ y que en el PP tildan sin cortapisas de "inconstitucional".

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El pasado 11 de julio, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, envió a Moncloa un decálogo de propuestas sobre las que sentar las bases para renovar el CGPJ. Se comprometió a renovar el órgano con el sistema actual y avanzar en paralelo un plan para la regeneración de la Justicia. Todo el documento era negociable. Solo había una línea roja: que el Gobierno retirase su reforma judicial para renovar unilateralmente el Tribunal Constitucional, que se debatía esa misma semana en el Congreso.

En la cúpula del PP creían que la oferta era lo suficientemente generosa como para lograr el hito de renovar el CGPJ antes de julio. Nada más lejos de la realidad. El Ejecutivo rechazó el órdago de Feijóo, y la situación volvió al punto de partida. El malestar en las filas populares fue a más por la decisión del Gobierno de tramitar la norma por el procedimiento de urgencia y sin que los grupos puedan introducir ninguna enmienda. El texto se aprobará de forma definitiva este miércoles en el Senado.