Moncloa fuerza la renovación del TC para el 13 de septiembre ante la sublevación de los jueces

El Gobierno ha consumado su amenaza de abordar la renovación del Tribunal Constitucional de manera unilateral. Con el apoyo de sus socios, sacará adelante en el Congreso la reforma exprés de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para permitir que el máximo órgano de los jueces pueda designar a dos magistrados para la corte de garantías, pese a estar caducado su mandato. Fue el propio Ejecutivo, con una modificación anterior de esta norma, quien prohibió los nombramientos bajo el argumento de que había una mayoría conservadora en el actual CGPJ. Ante el temor a que los vocales se planten ante esta maniobra, el PSOE ha añadido una enmienda para obligar a que se designe a los sustitutos antes del 13 septiembre, como adelantó El Confidencial. De esta forma, busca sortear el bloqueo en las votaciones ante el malestar en el órgano de gobierno de los jueces.

Esta enmienda insta a la modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y pide que "la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial" se realice "en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior".

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EFE

La premura responde a la intención de Moncloa de revertir las mayorías. La Constitución obliga a que el relevo de los magistrados se haga de cuatro en cuatro cada tres años. Desde el pasado 12 de junio está pendiente la salida de dos jueces propuestos por el Gobierno, Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, y dos por el CGPJ, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares. En un primer momento, el PSOE se planteó sustituir solo los que dependían del Ejecutivo, pero ante las dudas legales ha optado por volver a retorcer la ley para que se nombren los cuatro.

En el CGPJ, el malestar es creciente por el “manoseo” a que se está sometiendo la institución, según manifiestan vocales a El Confidencial. El pasado lunes, en un pleno extraordinario, se había acordado pedir al Gobierno que se les solicitase un informe para que se tuviera en cuenta su opinión antes de aprobar la 'contrarreforma' que mañana verá la luz en la Cámara. Moncloa ha ignorado, por segunda vez en este proceso, el sentir de los implicados y por extensión las recomendaciones de la Comisión Europea, que prohíbe el proceso de urgencia para modificaciones que afecten al núcleo central de las instituciones judiciales. “Nos estamos colocando a la altura de Polonia”, denuncian desde el CGPJ, y recuerdan que ese país fue sancionado con un millón de euros de multa por vulnerar la independencia judicial.

Desde el lado conservador del CGPJ, se adelanta la batalla. El argumento es que la única obligación que tendrán será votar los nombres que se propongan, pero estos deben contar con una mayoría de tres quintos. Es decir, 10 de los 19 vocales que componen el pleno. Si no hay votos suficientes, no se hará efectivo el relevo. La intención hasta conocer la enmienda del PSOE era bloquear los nombres que se propongan. Ahora, Moncloa ha dado un plazo. La tensión está servida.

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En la judicatura, existe el convencimiento de que detrás de las prisas del PSOE para tomar el control del tribunal de garantías está la candidatura del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido para hacerse con la presidencia. El elegido se busca entre los magistrados que estén en el último tercio de su mandato, como es el caso de Conde-Pumpido, que mantiene una excelente relación con dirigentes socialistas. Asimismo, también se tendrán en el plano político en cuenta las demandas de ERC, clave para sacar este jueves adelante esta ley, y las de Podemos, que ha pasado de criticar la 'politización' de los jueces a pedir que se coloque un 'afín' entre los designados. De hecho, el nombre de José Ricardo de Prada, redactor de la sentencia de la Gürtel, está encima de la mesa, junto con el de una mujer, ante la falta de paridad.

Precisamente ayer Bruselas urgía a renovar el CGPJ, que lleva caducado desde 2018. Pedro Sánchez aprovechó sus intervenciones en el debate sobre el estado de la nación para culpar al PP de “bloquear” el cambio. Los populares condicionaron la negociación precisamente a que Moncloa renunciase a esta “chapuza” para “asaltar” el Constitucional y retirase la reforma de la ley que se aprobará mañana. La oferta la lanzó el pasado lunes la portavoz del Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista en este periódico. Esa misma tarde, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, se sentaron para buscar un acercamiento que no se produjo. Desde ese día, no ha habido comunicación alguna.

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La maniobra del Gobierno supone enterrar cualquier futuro acuerdo con el partido de Feijóo y condena al CGPJ a seguir caducado 'sine die', pese a que ayer mismo Bruselas instó a España a acabar con esta situación, que se prolonga desde 2018. Pero no solo hay división en la parte política. El máximo órgano de los jueces también se ha convertido en un hervidero. La pugna entre 'progresistas' y 'conservadores' es cada vez mayor y promete enconarse cuando, ante el mandato de la nueva ley, el presidente, Carlos Lesmes, tenga que convocar el pleno para votar la renovación de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional.

El Constitucional tiene pendientes de resolver cuestiones clave para Moncloa como la ley del aborto, el recurso de la eutanasia, así como dilucidar si la reforma de la ley del CGPJ que impidió hacer nombramientos a los vocales por tener el mandato caducado es constitucional. El varapalo con la declaración del estado de alarma también supuso un punto de inflexión en Moncloa, que en privado calificó de “deslegitimado” al tribunal. Desde entonces, el cambio de mayorías ha sido una prioridad. Este jueves, Sánchez también podrá exhibir ante el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el futuro control de un tribunal incómodo para el soberanismo.