El CGPJ se rebela: "El Gobierno cercena nuestras funciones en contra de la Constitución"
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Informe sobre la reforma

El CGPJ se rebela: "El Gobierno cercena nuestras funciones en contra de la Constitución"

Crece el malestar en el órgano de gobierno de los jueces por la modificación legislativa que limita sus funciones, tal y como confirma un documento técnico encargado por el presidente de la entidad, Carlos Lesmes

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE)

El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ejecutivo es patente desde hace meses, pero este lunes la oposición del órgano de gobierno de los jueces ante la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos, que limita su actividad mientras se encuentre en funciones, es decir, con su mandato caducado, ha quedado reflejada por escrito. El informe técnico encargado por el presidente, Carlos Lesmes, acusa al Gobierno de "cercenar" sus funciones a través de una modificación legislativa que contradice la Constitución.

El órgano, que se blinda a través de este estudio para continuar ejerciendo las competencias necesarias para garantizar la independencia del poder judicial, concluye entre otros aspectos que la acción del legislador con la reforma se opone a "la voluntad de la ley". "Se vería cercenado el desempeño de las funciones que la Constitución española atribuye al Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia judicial y en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario", indica.

Foto: Carlos Lesmes. (EFE)

En otro punto de sus 65 páginas, el informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, insiste en que el "aparente designio del legislador es cercenar, fundamentalmente, las facultades del Consejo para llevar a cabo nombramientos discrecionales y evitar, de ese modo, hurtar una legítima atribución del Consejo entrante, que se vería vinculado por la decisión del saliente".

También advierte de que la reforma supera el espíritu legislativo incluyendo una "mayor dimensión del alcance de las restricciones que se establecen en la ley de reforma". Este hecho conduce a "la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización de este órgano constitucional —que el legislador afirma expresamente quiere evitar—, al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia, que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales, y que en nada comprometen ni vinculan al Consejo entrante", critica.

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

"Atrofia"

Lesmes, que se encuentra en cuarentena después de que un familiar con el que convive diera positivo en covid hace unos días, dará cuenta del contenido a los vocales de forma telemática el próximo jueves en el pleno mensual. En su análisis sobre la inconstitucionalidad de la reforma, que ha conducido a tres asociaciones de jueces a dirigirse a Europa para advertir del riesgo que supone al cuestionar la independencia judicial, el CGPJ avisa de que la limitación de las competencias como consecuencia de la expiración de su mandato "no es un imperativo constitucional".

"Debe recordarse que la elección parlamentaria de la totalidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no es un imperativo constitucional sino una opción del legislador; y, consecuentemente, la limitación de las competencias del Consejo en funciones es una opción legislativa que no viene impuesta por la Carta Magna", agrega.

Foto: Tribunal Supremo, en Madrid. (EFE)

Por ello, el informe concluye que, de acuerdo con la Constitución, el Consejo continuará desarrollando aquellas funciones blindadas por la Carta Magna pese a las intenciones del Ejecutivo. En concreto, no se plegará a limitar las actividades destinadas a desempeñar un amparo institucional de los jueces que lo requieran o se vean invadidos en su independencia por otros poderes. Tampoco renunciará a desempeñar las atribuciones indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales, aquellas referidas a la garantía de independencia y al estatuto judicial y las indispensables para garantizar el normal funcionamiento del Consejo.

En su próximo pleno, además de analizar el informe, cinco vocales han solicitado que se estudie una iniciativa para pedir apoyo ante la reforma a la Red Europea de Consejos de Justicia. La cuestión ya se encuentra en manos del Consejo de Europa, que ha tomado conocimiento del asunto a través del escrito remitido por más de 2.500 jueces. Los magistrados han solicitado la adopción de medidas, entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea, como los derechos humanos o el imperio de la ley, incluyendo la congelación de las ayudas europeas, e implica la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

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