Bruselas pide la renovación urgente del CGPJ e “inmediatamente después” modificar la elección

Se trata de un mensaje prácticamente idéntico al enviado en el informe sobre el Estado de derecho de 2021. Las cosas no han cambiado desde entonces: el principal problema detectado sigue siendo la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el año 2018. En el informe de este año, Bruselas solicita a España que proceda a la renovación del CGPJ “con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus miembros teniendo en cuenta los estándares europeos”, señala el informe.

Los estándares europeos marcan que la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser votados por sus pares, algo sobre lo que Didier Reynders, comisario de Justicia, viene presionando desde hace tiempo. Sin embargo, esta vez el informe sobre estado de derecho marca muy claramente cuáles son las prioridades: primero debe renovarse el órgano, y luego debe reformarse el método de elección.

El mensaje del Ejecutivo comunitario llega solamente unas horas después de que el Gobierno y el Partido Popular fueran incapaces de llegar a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras una reunión este martes en el Congreso de los Diputados entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario institucional del PP. Los populares están defendiendo ahora la misma postura que Bruselas: renovar el CGPJ con las normas actuales y, después, en los seis meses siguientes, reformar el método de elección.

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Sin embargo, la verdadera 'línea roja' formulada por los populares es la retirada de la proposición de ley que se votará esta semana y que permitirá al CGPJ elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Se trata de una modificación de la 'reforma blanda' que se tramitó a finales de 2020 y que limitaba la capacidad de hacer nombramientos del Consejo mientras este siga en funciones. Sin embargo, la nueva proposición de ley sí mantiene esa prohibición de hacer nombramientos para otros órganos como el Supremo. Lo que solicita el Partido Popular es la derogación íntegra de esa llamada 'reforma blanda', que en su momento fue avalada por la Comisión Europea.

El mensaje no es ninguna novedad. A mediados de junio, Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión, visitó España precisamente para terminar de preparar el informe publicado este miércoles. Se reunió con numerosos ministros, como el propio Bolaños o la de Justicia, Pilar Llop Cuenca. Tras su visita a Madrid, el mensaje de la vicepresidenta fue prácticamente idéntico al que envía ahora el informe: “El bloqueo en el nombramiento de los vocales del CGPJ tiene que ser superado de manera urgente. Una vez hecho esto, España debería revisar su modelo de elección de vocales hacia un sistema en el que la mayoría de los vocales sean directamente elegidos por otros jueces”.

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Uno de los momentos más complicados en la capital comunitaria para el Gobierno desde que Sánchez llegó a la Moncloa fue en octubre de 2020, cuando la Comisión Europea reaccionó de forma muy dura contra la propuesta del Ejecutivo de aligerar las mayorías necesarias para renovar el CGPJ hasta el punto de forzar la retirada de la propuesta a petición directa de la vicepresidenta de la Comisión, la checa Vera Jourová, al por entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Por su parte, Reynders ha seguido el proceso muy de cerca y ha sido bastante activo en los contactos. Varias asociaciones de magistrados le han visitado en Bruselas. En abril de 2021 mandó un claro mensaje al Partido Popular: “Es una situación compleja, lo sabemos, no pedimos solo al Gobierno que tome una decisión clara sobre la composición del CGPJ, la misma petición se la hacemos a la oposición: hay que volver a la mesa y decidir los nombres de los nuevos miembros”.

Otras preocupaciones

El informe también señala la necesidad de tomar más medidas para que los mandatos del Gobierno y del fiscal general del Estado no coincidan. “Este aspecto ha sido objeto de críticas, considerando en particular que el hecho de que el mandato del fiscal general finalice al mismo tiempo que el mandato del Gobierno puede afectar la percepción de independencia”, señala el informe publicado este miércoles por la Comisión Europea.

Además, el Ejecutivo comunitario celebra el desbloqueo en algunos nombramientos. “Varios órganos constitucionales relevantes en el sistema de pesos y contrapesos, incluido el Defensor del Pueblo, vieron a sus miembros designados por el Parlamento, lo que puso fin a retrasos sustanciales”, señala el informe.