Justicia cede y acuerda alargar hasta octubre refuerzos para un centenar de juzgados
La dotación económica se descontará de los presupuestos de 2023 tras el malestar provocado por el anuncio de la retirada de estos apoyos
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El Ministerio de Justicia ha cedido a las demandas del Consejo General del Poder Judicial y acordado la prórroga por cuatro meses, hasta el próximo 31 de octubre, de un centenar de planes de refuerzo de juzgados y tribunales que vencían el próximo 30 de junio. Las plazas se encontraban pendiendo de un hilo después de que, hace unas semanas, el departamento que dirige Pilar Llop informara de que no había presupuesto para alargar estas medidas de apoyo. La dotación económica se descontará de los presupuestos de 2023.
Según ha informado Justicia y el CGPJ, el acuerdo se adoptó en la reunión extraordinaria mantenida este martes en la sede del órgano de gobierno de los jueces a instancias del Consejo por la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-CGPJ, convocada en virtud del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente en su sesión del pasado 9 de junio. En el encuentro se expuso que la inmensa mayoría de los planes de refuerzo, que cuentan con el informe técnico favorable de la Inspección, tienen carácter estructural.
Ante la inminencia de la fecha de vencimiento —el próximo 30 de junio— de esas medidas y con la finalidad de evitar que queden sin efecto planes de refuerzo que vienen funcionando satisfactoriamente desde haces meses, el CGPJ propuso al ministerio la prórroga hasta el 31 de octubre de 2022 de los actualmente vigentes —con la excepción de algunas medidas de autorrefuerzo— y aplazar la entrada en vigor de planes nuevos.
Hace unos días, Justicia comunicó al Consejo General del Poder Judicial que no podría seguir financiando las medidas de refuerzo que hasta ahora mantenía en una quincena de juzgados de todo el territorio con especial carga de trabajo. En una carta dirigida al órgano de gobierno de los jueces a la que ha tenido acceso El Confidencial, el departamento alegaba "razones de disponibilidad presupuestaria" que impedirán prorrogar estos puestos de apoyo.
"Hay que tener en cuenta que la dotación económica máxima para este ejercicio para la atención del coste por refuerzos y que opera como límite es de 7.179.842,18 euros", asegura el ministerio en la misiva que firma la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria del Angels García. La carta explica que se han valorado las medidas solicitadas por el Consejo en una reunión con el Servicio de Inspección y de Planta y Oficina Judicial. Agrega que el coste previsto de las medidas que ya se han autorizado a día 2 de junio supera la cantidad fijada, alcanzando los 8,7 millones. La cantidad no incluye la dotación económica que se abona al juez que se hace cargo de esos juzgados en los que el titular se ausenta.
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El anuncio provocó malestar en el Consejo. Vocales consultados se quejaban de las repercusiones de la medida que provocará efectos inmediatos, parálisis y retrasos. Consideran que es el inicio de una decisión que será "sistemática" y afectará a otros muchos juzgados. "Es como si parar la Justicia fuese ajeno a la responsabilidad y competencia del Gobierno", indicaba una de las fuentes consultadas.
El Ministerio de Justicia ha cedido a las demandas del Consejo General del Poder Judicial y acordado la prórroga por cuatro meses, hasta el próximo 31 de octubre, de un centenar de planes de refuerzo de juzgados y tribunales que vencían el próximo 30 de junio. Las plazas se encontraban pendiendo de un hilo después de que, hace unas semanas, el departamento que dirige Pilar Llop informara de que no había presupuesto para alargar estas medidas de apoyo. La dotación económica se descontará de los presupuestos de 2023.