El gasto militar y la reforma fiscal abocan los últimos PGE a una negociación imposible

La negociación de los presupuestos para el próximo año se antoja la más compleja de la legislatura y amenaza a Pedro Sánchez con tener que prorrogar los actuales. En Moncloa, reconocen que la gobernabilidad se complicará a medida que la legislatura se vaya acercando a su final, por la pulsión electoralista, pero confían, pese a todo, en cerrar el mandato con unas cuentas públicas actualizadas. Un optimismo que, sin embargo, choca con la negativa a complacer la principal reivindicación que ya están poniendo sobre la mesa sus propios socios de gobierno. Esto es, una reforma fiscal progresiva que se descarta a corto plazo por Hacienda y que en la cúpula de Ferraz explican que sería precipitado aprobar en este ejercicio debido a la inflación. El compromiso del Ejecutivo de aumentar el gasto militar, que previsiblemente se solemnizará a final de mes en la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid, colisiona a su vez con el rechazo de plano de Unidas Podemos, así como de varios de sus socios de investidura, como ERC, Bildu o Más País.

A las irreconciliables posiciones de partida se suma el creciente ánimo de diferenciación en el seno de la coalición por parte de Unidas Podemos, que ya ha comenzado a marcar distancias a año y medio de las elecciones generales. También la crisis no resuelta de los socialistas con ERC por el espionaje con Pegasus. En la dirección del PSOE apelan a los distintos círculos de confianza que han cultivado con los independentistas catalanes para poder superar el actual distanciamiento y ponen como ejemplo que los republicanos han acabado aprobando siempre los presupuestos, pese a votar en contra en otras votaciones clave en el Congreso. Con todo, el comodín de la mesa de diálogo para rehacer la relación se disipa a un año de las elecciones municipales y autonómicas por la presión de los barones socialistas para soltar amarras y que no los salpique en sus territorios el acercamiento a las demandas de los soberanistas.

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La estrategia de Moncloa de moderar las cesiones al independentismo por el coste electoral incluso ha dejado en cuarentena la propia convocatoria de la mesa de diálogo. Primero por las elecciones en Castilla y León y ahora por las andaluzas. La posibilidad de buscar una salida pactada que pase por algún tipo de consulta se hace una quimera para los intereses de Sánchez tanto para conservar poder territorial en las autonómicas como para revalidarse en la Moncloa. De hecho, el cambio de Gobierno en Andalucía en 2018 tuvo un gran componente de rechazo al 'procesismo' que de cara al 19-J todas las encuestas apuntan a que se asentará.

Si en la negociación de las anteriores cuentas Podemos convirtió en su principal caballo de batalla la ley de vivienda, ahora la demanda transversal que exigen para poder costear un amplio paquete de medidas sociales contra la crisis es una reforma fiscal. En palabras de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, una "reforma fiscal ambiciosa para que los que más tienen paguen de una vez lo que les corresponda en este país". A través de un vídeo lanzado por las redes sociales a modo de exigencia a sus socios, Belarra defendía que "no tenemos otra opción para ponernos del lado de la gente", para rematar asegurando que "toca gobernar, gobernar y gobernar".

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En la parte socialista del Gobierno todavía no se dan por aludidos, cuando las negociaciones formales para los presupuestos apenas han comenzado y algunas voces en Ferraz se refieren a una "escenificación" de Podemos más que a un ultimátum o una línea roja insalvable. Lo que sí tienen claro es que la reforma fiscal se quedará aparcada por el momento y tampoco ven posibilidades de aprobarla coincidiendo con el próximo proyecto de presupuestos debido a la situación económica. Primero, por la inflación espoleada por la guerra de Ucrania, que ya llevó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a dejar de lado esta intención. Pero aunque el alza de precios comience a corregirse, apuestan a que primero debe asentarse una recuperación económica. Todo ello, unido a que no suele ser un buen cartel electoral acudir a las urnas con el anuncio de subir los impuestos.

La reforma fiscal no es solo una reivindicación particular de Podemos, también de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda sí está alineada con los morados en esta cuestión, aunque su estrategia negociadora sea diferente a la hora de visibilizar públicamente los pulsos internos. Igualmente, el aumento del gasto en Defensa cuenta con un enérgico rechazo de Díaz. Desde su entorno, apelan a que no figura en el programa de coalición para intentar zanjar el debate. El rechazo de varios de los socios parlamentarios, así como de Unidas Podemos, con la vicepresidenta reconociendo su discrepancia, cierra la puerta a poder pactarlo en las próximas cuentas públicas. Un quebradero de cabeza para Sánchez, que ha repetido hasta la saciedad su compromiso de alinearse con el resto de los socios de la Alianza.

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El PP ya ha reiterado su disposición a apoyar el gasto en Defensa para subirlo hasta el 2% fijado por la OTAN. A la espera de medir las tensiones que generaría en los socios de Sánchez que pactase esta medida con los populares, se trata de una posibilidad para cumplir con la Alianza. Si no hay apoyos para incluirlo en los presupuestos, la vía más factible sería a través de una ampliación de crédito, que posteriormente debería ratificar el Congreso en la norma por la que se genere ese gasto. De hecho, la evolución de la situación también podría provocar que la Alianza Atlántica urgiese a adelantar un gasto excepcional, sobre todo en caso de ataque a territorio de la OTAN en su flanco este.

Ruptura de voto en el Congreso

La posición compartida en el seno de Unidas Podemos es que una medida de estas características no contará nunca con su respaldo, tenga las consecuencias que tenga. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, explican que las negociaciones para los presupuestos todavía no se han iniciado, y que en cualquier caso no apoyarían este aumento del gasto armamentístico. ERC, EH Bildu y Más País-Compromís ya coincidieron en su momento en resaltar que la prioridad es destinar ese montante a reforzar el estado de bienestar para responder a la crisis económica generada por la guerra.

Por la parte del PSOE, su negativa a tocar los impuestos se visibilizará en el pleno de este martes con su rechazo a votar a favor de la toma en consideración de un proyecto de ley de Podemos para subir la presión fiscal a las grandes fortunas de más de 10 millones de euros. Esta ruptura con una iniciativa de los morados muestra que el acuerdo de coordinación parlamentaria que firmaron al principio de la legislatura hace agua en la sede de la soberanía popular, sumando incumplimientos por parte de ambos socios. Asimismo, señala uno de los principales puntos de fricción para lo que resta de legislatura, poniendo en duda la posibilidad de sacar adelante unos presupuestos y que el Gobierno agote el mandato hasta finales de 2023 en coalición.