Las 72 horas de negociación que acabaron en el despacho de Sánchez para cerrar los PGE

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la Ley de Vivienda se cerraron en el despacho de trabajo de Pedro Sánchez en una reunión a cinco que duró algo menos de una hora. En torno a 50 minutos, según fuentes conocedoras de la intrahistoria de la negociación, sirvieron a PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo doble que, hasta la misma mañana de este lunes, parecía lejano. Incluso ha habido algún roce de última hora, como ha sido que los socialistas ocultaron a los morados el anuncio sobre el Bono Vivienda 250 euros a los jóvenes, según denunció Ione Belarra. En cualquier caso, la coalición pone la guinda con este apretón de manos —que se visualizará públicamente este jueves una vez que el presidente regrese de Eslovenia y Croacia— a tres días de "compleja" negociación. Ambas partes salen satisfechas de uno de los nudos gordianos de la legislatura: la Ley de Vivienda.

El acuerdo para los Presupuestos entre los socios del Gobierno de coalición seguía "muy alejado" el pasado viernes, según se encargaban de subrayar desde Unidas Podemos, para exasperación del PSOE. Un distanciamiento en asuntos considerados "centrales" que hacía peligrar los plazos comprometidos por Pedro Sánchez para llevar las cuentas al Consejo de Ministros "entre finales de septiembre y principios de octubre" e, inmediatamente, iniciar la tramitación parlamentaria con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero. Los socialistas tenían prisa, los morados no, aprovechándose de esta situación y apostando por priorizar un buen pacto a cumplir con el calendario. El acuerdo se cocinaría a "fuego lento", advertía Yolanda Díaz ante las urgencias de sus socios.

En este contexto, Moncloa activó toda la maquinaria negociadora para intentar sellar un entendimiento que salvase los plazos. Comenzaron entonces las 72 horas más "intensas", según fuentes presentes en las negociaciones, con reuniones durante todo el fin de semana. De mañana, tarde e, incluso, de madrugada. A un lado de la mesa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Hacienda, María Jesús Montero; al otro lado, Josep Vendrell, jefe de Gabinete de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, centrada en las negociaciones relativas a la futura Ley de Vivienda.

Desde el sábado por la mañana y hasta la madrugada de este lunes, se fueron limando asperezas. Primero se despejó una de las principales piedras en el camino en materia fiscal: la implantación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Montero dio su brazo a torcer para aplicarlo en 2022 tras intentar que se convirtiese en un compromiso de cara a 2023. Los socialistas comenzaban a asegurar que el acuerdo estaba cerca tras esta cesión, mientras que los morados comenzaban a cambiar su discurso para hablar de avances.

Las negociaciones se fueron centrando entonces en desencallar la regulación de los alquileres dentro de la Ley de Vivienda, que era otra de las principales exigencias de Unidas Podemos. Sin embargo, en la madrugada del lunes el acuerdo seguía sin llegar. Ese mismo día, la incomodidad en la dirección del PSOE se hacía notar y era la portavoz en el Senado, Eva Granados, quien desde Ferraz afeaba a sus socios que dentro de un Ejecutivo “no se hacen ultimátums ni se condiciona”. Se dejaban sentir los nervios ante la falta de acuerdo, que ni siquiera se logró desbloquear en una reunión de urgencia celebrada la mañana de este martes y previa a la cita con Sánchez. El objetivo era lograr la fumata blanca antes del Consejo de Ministros y no sobrepasar así el plazo máximo que había señalado Moncloa en el calendario, el 5 de octubre.

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Bolaños convocó a Belarra en Moncloa a las ocho de la mañana. Era aún de noche cuando la negociadora de Unidas Podemos entraba en el recinto presidencial por segundo día consecutivo y se dirigía al edificio del Consejo de Ministros. Allí le esperaba también la ministra de Hacienda. Los tres se encerraron para intentar alcanzar ese acuerdo 'in extremis' que, según fuentes internas, no fue posible en ese momento.

Sánchez llama a Díaz a su despacho

El presidente del Gobierno, sin embargo, no se resignó y se arremangó en la negociación. Decidió llamar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a su despacho en Moncloa. Su determinación pasaba por desbloquear la situación y hacerlo antes de la reunión del Consejo de Ministros. La líder del sector morado en el Ejecutivo ratificó su convicción de cerrar el pacto cuanto antes, pero le comunicó que la decisión en materia de vivienda tenía que ser ratificada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la coproponente de la ley y quien llevaba negociando su contenido durante los últimos meses.

Sánchez llamó a Yolanda Díaz a su despacho para desbloquear la negociación

Eran las 9:30 y los ministros esperaban en la mesa ovalada. Pero el cónclave se tuvo que posponer. Fue entonces cuando Sánchez hizo llamar también a su despacho a Belarra y a Bolaños, a quien mandató hace dos semanas negociar la Ley de Vivienda con el objetivo de desbloquearla y no demorar la tramitación de las cuentas públicas, de las que depende la correcta canalización de los fondos europeos y con ello la recuperación económica tras la pandemia. Junto a Bolaños y Belarra, el presidente del Ejecutivo hizo acudir también a la improvisada reunión en su despacho a la ministra de Hacienda.

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Menos de una hora después y con la presencia de cinco personas en el despacho de trabajo del presidente —tiene otro en su residencia oficial—, se cerraron los flecos pendientes del acuerdo. Un 'modus operandi' similar al de otras grandes negociaciones, aunque con algún actor añadido. Los actuales Presupuestos ya los desbloquearon también en una reunión el presidente del Gobierno y el por entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

El nudo gordiano fue la regulación de los alquileres

El nudo gordiano para desatascar la negociación en esa reunión en Moncloa fue, según un ministro, la regulación de los alquileres. Para el PSOE y UP, era una línea roja que, finalmente, ha quedado suavizada. Es decir, el acuerdo contempla mecanismos para bajar por ley los precios del alquiler recurriendo al índice de referencia estatal, pero la letra pequeña indica que la intervención solo afectará a las personas jurídicas, no a los propietarios particulares, indican desde el área socialista del Gobierno.

Un dato llamativo de esta negociación de Presupuestos, y que no ha pasado desapercibido en el Gobierno de coalición, son los actores que han participado en las últimas reuniones, las decisivas. No han estado presentes Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, Raquel Sánchez, la ministra de Transportes y responsable en materia de Vivienda, ni Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales y cerebro económico de Unidas Podemos. Es más, el acuerdo le sorprendió en una entrevista en TVE.

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A las 10:48 se distribuía el siguiente mensaje desde la Secretaría de Estado de Comunicación: "En la mañana de hoy se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda". Pocos minutos después, cada formación política puso en marcha sus respectivas maquinarias comunicativas para vender las medidas acordadas. Se comenzaba a disputar la bandera de la vivienda y las medidas de carácter social.

Los morados hacían valer su peso en el Ejecutivo para reivindicar que gracias a ellos había sido posible regular los alquileres, al mismo tiempo que dejaban caer que sin su presión y firmeza en las negociaciones el PSOE habría sido más laxo con los fondos de inversión y grandes propietarios. Sánchez, por su parte, se reservaba el anuncio de la creación de un bono joven de 250 euros al mes para facilitar el acceso a la primera vivienda y aprovechaba un acto en Sevilla para subrayar "con negritas" que se aprobará "la primera Ley de Vivienda en la democracia española" tras ceder a la petición de Podemos de intervenir los precios del alquiler. Ningún ministerio habló hasta que el presidente realizó estas declaraciones.

El acuerdo ha tenido varios nombres propios, pero entre ellos ha cogido fuerza el de Félix Bolaños, que deberá seguir negociando, junto a María Jesús Montero, con los grupos parlamentarios. Ya durante su etapa al frente de la Secretaría General de Presidencia, el ahora ministro había negociado desde la composición del Ejecutivo de coalición hasta la fallida renovación del CGPJ con el PP. Con Belarra, ha construido una relación de confianza desde que cerró con la líder de Podemos la estructura y el reparto de carteras del Gobierno de coalición. Ambos han engrasado también, aunque no siempre con éxito, la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. Un órgano de control al que se acude para solventar las discrepancias y que se encarga de "revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios, unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa de gobierno".

Moncloa ya prepara un acto solemne en el que Sánchez y Yolanda Díaz presentarán el libro amarillo de los Presupuestos. Podría ser el mismo jueves por la mañana, si las agendas del presidente y la vicepresidenta lo permiten, coincidiendo con el Consejo de Ministros extraordinario.