Moncloa retrasa la aprobación de los PGE y se plantea llevarlos a un Consejo extraordinario

El calendario para los Presupuestos de 2022 comienza a sufrir modificaciones en forma de retraso. A la falta de acuerdo entre los socios para cerrar el proyecto, según reconocen tanto socialistas como morados, se suman cuestiones de agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la próxima semana viajará a Eslovenia para participar en un Consejo Europeo informal. Ambas circunstancias hacen que en Moncloa se dé prácticamente por descartado poder aprobar el proyecto de Presupuestos el próximo martes 5 de octubre, la fecha límite que se había marcado para llevarlos al Consejo de Ministros y comenzar tras ello la tramitación parlamentaria "en tiempo y forma". En este contexto, el Gobierno se plantea aprobar las nuevas cuentas en un Consejo de Ministros extraordinario.

Una posibilidad que un ministro consultado da ya por segura debido a la distancia que todavía hay entre los socios para sellar un acuerdo. Fuentes de Moncloa, por su parte, aseguran que en cualquier caso las cuentas se aprobarán dentro de la primera quincena de octubre y se ciñen en vincular el retraso a la agenda del presidente la próxima semana. Se da también la circunstancia de que el siguiente Consejo de Ministros, que se celebra los martes, coincidiría con la festividad del 12 de octubre. Los días que cogen fuerza para aprobar los Presupuestos en un Consejo de Ministros extraordinario son los inmediatamente posteriores a esa fecha, por lo que Pedro Sánchez acudiría al congreso federal del PSOE con el trámite de las cuentas ya iniciado.

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Los morados han frenado los planes de la parte socialista del Ejecutivo y este mismo martes era la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien reclamaba "tranquilidad y paciencia", señalando gráficamente que "los acuerdos se negocian a fuego lento". Al mismo tiempo, reconocía que "es evidente que no hay acuerdo", pero mostrándose optimista sobre que se acabará cerrando.

Habrá acuerdo, lo que no hay es garantía de que este se produzca dentro del calendario previsto por la parte socialista del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido a llevar los Presupuestos al Consejo de Ministros "entre finales de septiembre y principios de octubre". Hacienda ha perdido el control de los tiempos, que dependerán del desarrollo de las negociaciones con los morados.

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Desde Unidas Podemos, están poniendo el foco en cambios fiscales a los que ya comienzan a abrirse voces del Ejecutivo como la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Entre sus prioridades en materia de impuestos se encuentra fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, pero también subir el IRPF a las rentas altas y reducirlo a las bajas, limitar las bonificaciones del impuesto de patrimonio, eliminar la denominada 'tasa rosa' en los productos de higiene femenina o reducir el IVA veterinario y de las peluquerías.

La regulación de los alquileres es otra de las cuestiones que Podemos ha vinculado a las negociaciones sobre los Presupuestos, situando el desarrollo de la futura ley de vivienda entre sus prioridades. Estas negociaciones llevan cerca de ocho meses encalladas. Sánchez quiere desbloquearlas cuanto antes y para ello ha delegado en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que encabece el equipo negociador por parte de los socialistas. Los últimos días se incorporó a las conversaciones que mantienen el Ministerio de Transportes, liderado por Raquel Sánchez, y el de Derechos Sociales, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra.

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La mejora del ingreso mínimo vital para que llegue a un mayor número de beneficiarios es una de las carpetas prioritarias para los morados. El Ministerio de Seguridad Social no ve factible, por cuestiones técnicas, que se cree una pasarela automática entre las rentas de inserción autonómicas y el ingreso mínimo vital, como demandan desde Unidas Podemos. Otros aspectos que se están negociando para mejorar el acceso a esta prestación tienen que ver con ampliar los supuestos de vulneración o que se utilicen como referente los ingresos del último trimestre y no los del último año.

De cumplirse este segundo plazo marcado para aprobar los Presupuestos, dentro de la primera quincena, las cuentas no se demorarían más de 15 días sobre el precepto constitucional, que obliga a presentar los Presupuestos ante el Congreso antes del 30 septiembre (al menos, tres meses antes de que expiren las cuentas del año anterior). El objetivo, con todo, es tener en vigor los Presupuestos de 2022 el 1 de enero, para agilizar la canalización de los fondos europeos y, con ello, acelerar la recuperación económica. Una hoja de ruta por la que se confía en revalidar el apoyo de los grupos parlamentarios que ya apoyaron las actuales cuentas.