Vivienda, ampliación del Prat, peajes... Los retos que la nueva ministra ha vivido sobre el terreno

Raquel Sánchez (Gavá, Barcelona, 1975) llega a la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana habiendo vivido, o sufrido, sobre el terreno muchos de los grandes retos a los que deberá enfrentarse ahora como ministra. La política de peajes de las autopistas, el acceso a la vivienda, la expansión de la red de cercanías o la ampliación del aeropuerto del Prat son algunos de los deberes pendientes que deja José Luis Ábalos en la cartera inversora estrella, problemas que Sánchez ha tratado de manera directa como alcaldesa de Gavá.

Esta localidad barcelonesa lleva siete años siendo regida por la nueva ministra, que en 2019 vio como sus vecinos redoblaban su confianza en ella al darle la mayoría absoluta y avalando así sus políticas en defensa de la vivienda asequible, el urbanismo sostenible o la economía circular. Estrategias que, hasta ahora, la socialista siempre ha abordado con una visión municipalista, pero que a partir de ahora deberá analizar con una perspectiva nacional desde su nuevo despacho en el corazón del Paseo de la Castellana.

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Al frente del ministerio, Sánchez deberá culminar el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que incluye aspectos como la fiscalidad y la subvención al transporte, gestionar los 17.000 millones de euros que corresponden a su cartera dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y terminar de negociar con Unidas Podemos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, bandera de las moradas y política estrella de cara a la segunda mitad de la legislatura.

Si la experiencia del pasado sirve para dar pistas sobre el futuro, cabe esperar una mayor sintonía entre Sánchez y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, de la vista en el pasado entre Ábalos y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

En Gavá, la socialista ha dejado lanzado el Plan Local de Vivienda que contempla, en los próximos seis años, la construcción de 2.300 viviendas, el 40% de las cuales será de protección oficial, números que se enmarcan en un municipio de 46.700 habitantes, con 4.000 solicitudes de viviendas protegidas y donde el pleno del consistorio pidió, la pasada primavera, ser declarado mercado de vivienda tenso y poder aplicar medidas de contención al precio de los alquileres.

A esta línea maestra en la política de vivienda que ha defendido Sánchez como alcaldesa se unen iniciativas como la de establecer mecanismos con la Generalitat para limitar desahucios, la defensa de acciones contra la vivienda vacía, colaborando con la Agencia de Vivienda de Cataluña, o el plan para limitar al 5% la vivienda de uso turístico en cada manzana. Todo ello aderezado por un urbanismo verde, que ha permitido a esta localidad barcelonesa ser finalista de los European Green Leaf Award, galardón que otorga la Comisión Europea en reconocimiento de las políticas municipales de urbanismo sostenible.

Gavá forma parte de los municipios que ha solicitado poder controlar el precio del alquiler

En materia de transporte, la nueva ministra tiene entre sus deberes pendientes el proceso de negociación para la ampliación de aeropuerto del Prat, proyecto que afecta directamente a su municipio, uno de los que mayor impacto acústico de los aviones sufre, y que encabeza la lista de asuntos prioritarios para el empresariado catalán, que acaba de lanzar una mediática ofensiva en defensa de la ampliación.

En un artículo de opinión publicado el pasado jueves en Elfar.cat, la nueva ministra dejaba clara su posición al respecto: "Si la ampliación del aeropuerto es clave para el país, también lo es nuestra exigencia de que no sea en detrimento de nuestra calidad de vida. Por ello cualquier ampliación debe ratificar y acreditar que no supondrá un mayor impacto sobre los vecinos y vecinas de Gavà".

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Consciente "de la importancia de contar con un aeropuerto de primer nivel, que contribuya a reactivar una economía lastrada por la pandemia. De una inversión de 1.700 millones de euros que creará ocupación y que, en definitiva, hará nuestras ciudades más competitivas y atractivas", Sánchez cerró filas con la propuesta presentada por el actual presidente de Aena, el también socialista catalán Maurici Lucena, al dejar escrito que "la ampliación que propone AENA puede ser una oportunidad". Eso sí, a cambio de compensar económicamente a los municipios afectados.

También dentro del ámbito del transporte, Sánchez ha vivido la movilización social contra los peajes, una vieja reivindicación de los municipios barceloneses, que llevan décadas sufriendo el pago de tasas cada vez que salen de su casa para ir a trabajar a la Ciudad Condal, por ejemplo. Gavá forma parte de los ayuntamientos por donde circula la C-32, autopista de la Generalitat de Cataluña que en su tramo norte, el que va de Barcelona a Lloret de Mar (Gavá queda al sur), lleva medio siglo siendo de pago, peaje que caduca este verano.

Aunque no afecte directamente a su municipio, Sánchez ha vivido cerca el problema de los peajes, un debate que lleva años a flor de piel en la sociedad catalana, donde se llegó a una llamada a la insumisión que llevó, en el año 2012, a que miles de conductores se declarasen en contra de seguir pagando esta tasa, revolución que marcó un punto de inflexión en la postura de las diferentes formaciones políticas, que con la boca grande pasaron a defender el fin de los peajes, mientras con la pequeña abogaban por un pacto de Estado para analizar el modelo de financiación de las carreteras.

El tiempo, y Pedro Sánchez, han querido que sea finalmente Raquel Sánchez la ministra que vaya a tener que dejarse de juegos políticos y medias verdades para abordar directamente el modelo de financiación de las carreteras españolas, un amplio debate que va más allá de peaje sí o peaje no, y que abarca desde quién cobra (un privado o la Administración) a quién se cobra (solo pesados, todo tipo de vehículos) y cuánto se cobra.

En el pasado, dentro de los debates que en el consistorio de Gavá desató la insumisión de los peajes, la ahora ministra se mostró contraria a alargar las concesiones y que, mientras duraran, se apostara por una política de reducción de tarifas y bonificaciones para los vecinos de los municipios afectados. Ahora, como ministra del ramo y con los ojos de Bruselas sobre ella, tiene en su mano marcar el nuevo modelo.