El PSOE desvincula regular los alquileres de los PGE y abre un cisma con sus socios

La Ley de Vivienda vuelve a escena en plena negociación de los Presupuestos. A punto de cumplirse 11 meses del pacto que alcanzaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para regular los alquileres, la coalición sigue sin cerrar un texto común. La discordia se encuentra en dos puntos: la bajada de los precios de los arrendamientos en zonas de mercado tensionadas y el porcentaje con que se gravarían las vivienda vacías de los llamados 'grandes tenedores'. A estos problemas se suma uno nuevo: el PSOE desvincula la futura normativa de las conversaciones para cerrar un acuerdo sobre las cuentas públicas de 2022. Sin embargo, Unidas Podemos y ERC, entre otros socios, pretenden unir ambas cuestiones y no descartan presentar su propia propuesta.

El área socialista del Gobierno considera que asociar la negociación de los PGE del próximo año a la Ley de Vivienda “no tiene sentido”. “Nosotros separamos ambos proyectos, no tienen que ver y tienen que negociarse de forma autónoma”, añaden fuentes del Ministerio de Transportes. Este departamento y el de Hacienda lo tienen claro: “No vamos a aceptar que la Ley de Vivienda sea una moneda de cambio”. La decisión, aseguran, ya se la han trasladado a sus socios de coalición y parlamentarios en las reuniones preliminares sobre los Presupuestos que se han venido desarrollando estas semanas.

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Unidas Podemos, por su parte, ha optado en esta ocasión por el silencio. Salvo alguna declaración esporádica de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, o del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, la presión al PSOE la están realizando de forma interna. Oficialmente, tampoco quieren dar su visión. Pero su apuesta es que sin Ley de Vivienda previa no haya Presupuestos. Los socios negocian durante estos días el borrador de cuentas públicas con el objetivo de llevarlo a Consejo de Ministros en dos martes, como máximo, aunque UP pone en duda esa fecha.

El área socialista del Gobierno, por su parte, se muestra favorable a aprobar la norma sobre vivienda antes de final de año, tal y como se comprometió el responsable de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. De hecho, el plan anual normativo contempla que la prometida ley vea la luz antes del 31 de diciembre. No obstante, no descartan posponer el calendario si no se termina alcanzando un acuerdo en la coalición. Ya hubo un aplazamiento previo. En el plan de recuperación, se llegó a recoger la fecha del segundo trimestre de este año para la aprobación del proyecto.

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En el mismo sentido que Unidas Podemos se posicionan varios de los socios del Gobierno: condicionan su apoyo a los PGE al mecanismo para bajar los alquileres. Así se han expresado en las últimas horas portavoces de ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, fijando como su prioridad establecer una herramienta que permita a las comunidades autónomas y ayuntamientos establecer rebajas de los precios en esas zonas tensionadas.

Podemos, ERC y EH Bildu amenazan con presentar su propia Ley de Vivienda, que incluiría los mecanismos de rebaja de alquileres

El Gobierno, tanto internamente como con sus socios, está reeditando el tira y afloja de hace un año con una de las leyes más importantes de la legislatura. En la coalición, la negociación está totalmente estancada y no hay reuniones entre los socios. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se vio por primera vez a solas con Ione Belarra antes de las vacaciones de agosto, pero no hubo resultados. Las negociaciones entran ahora en la recta final.

El escenario que surge una vez que los socialistas han decidido desvincular el borrador de Presupuestos de la regulación de los alquileres es de incertidumbre. Unidas Podemos, ERC y EH Bildu ya han amenazado en alguna ocasión con presentar su propia Ley de Vivienda, incluyendo esos mecanismos de rebaja de los alquileres, si no hay acuerdo con Transportes. Con ello, pretenderían obligar al PSOE a “retratarse”. Desde UP, no descartan tomar esa decisión si sus socios acaban congelando la normativa pactada, como ya hicieron con la reforma del delito de sedición o con la Ley de Secretos Oficiales.

El último encontronazo entre PSOE y UP por la Ley de Vivienda ocurrió en junio. Transportes anunció un principio de acuerdo para incluir una congelación de los contratos de arrendamiento en aquellas zonas tensionadas, pero el Ministerio de Derechos Sociales respondió rápidamente que esa opción “no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo entre ambas formaciones”. Estas discrepancias continúan a día de hoy apenas a un mes del aniversario del acuerdo inicial.