El Gobierno pacta que las CCAA puedan bajar el alquiler a dueños de más de 10 viviendas

PSOE y Unidas Podemos han desbloqueado en la mañana de este martes la ley de vivienda con un acuerdo que incluye la regulación de precios para bajar por ley determinados alquileres, no todos, con base en el índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado. Las comunidades autónomas, por tanto, tendrán a su disposición este mecanismo para aplicarlo en dichas zonas, que normalmente se corresponden con las grandes ciudades.

Según explican fuentes gubernamentales, el acuerdo de vivienda también contempla abrir la posibilidad a las comunidades autónomas, responsables en la materia, a que los pequeños propietarios puedan congelar los precios en dichas zonas de mercado tensionado y aplicar incentivos fiscales para bajar el precio de los alquileres. Es decir, los pequeños propietarios tendrán algunas ventajas en el IRPF si deciden bajar sus alquileres de forma voluntaria. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llegado a hablar de bonificaciones fiscales que alcanzarán el 90%.

La regulación de los alquileres se concreta con base en el índice de precios de referencia del Ministerio de Transportes. El problema es que ese índice, que bebe de la información sobre precio que le facilita la Agencia Tributaria, se encuentra desactualizado. Los datos actuales hacen referencia a la situación de 2015 a 2018, mucho antes de la pandemia. El Gobierno contempla hacer una actualización de los mismos.

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¿Cuál es la definición de gran propietario? El acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición contempla que sean aquellos con más de 10 viviendas en propiedad, indican fuentes del Ejecutivo. Todas estas medidas, añaden desde Moncloa, afectan sólo a personas jurídicas, es decir, a empresas como bancos o fondos de inversión con más de diez viviendas, y dejan fuera a los propietarios particulares.

Asimismo, el Gobierno de coalición ha pactado un recargo del IBI a la vivienda vacía de hasta el 150%. Será, explican desde Unidas Podemos, una especie de impuesto a las propiedades sin utilizar que tendrán a su disposición los ayuntamientos para poder utilizarlo. Los morados llegaron a pedir un 200% mientras que el PSOE defendía un 75%.

La futura ley de vivienda también contempla una apuesta decidida por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. Además, de este 30% reservado, la mitad de ello irá dirigido al alquiler social.

La ley de vivienda, que ha dado la llave para acordar también el borrador de los Presupuestos Generales de 2022, se ha cerrado esta misma mañana en Moncloa en una reunión entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Félix Bolaños y Ione Belarra. La cita ha tenido lugar antes del Consejo de Ministros tras intensas negociaciones en las últimas horas.