PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para aprobar los Presupuestos este jueves
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PACTO EN LA LEY DE VIVIENDA

PSOE y Podemos llegan a un acuerdo para aprobar los Presupuestos este jueves

El pacto comprende la aplicación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y mecanismos de contención del precio de los alquileres para los grandes tenedores

placeholder Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)

Los socios del Gobierno de coalición han alcanzado esta misma mañana un acuerdo para los Presupuestos de 2022, según han confirmado fuentes oficiales de Moncloa. El proyecto, sin embargo, no irá al Consejo de Ministros de este martes, sino que se celebrará una reunión extraordinaria este jueves para aprobar los Presupuestos, siguiendo así los planes de Moncloa, como adelantó este diario. Todavía se está cerrando la fecha, pero estas mismas fuentes apuntan al jueves como día más probable. El pacto entre PSOE y Unidas Podemos comprende también un acuerdo en la ley de vivienda, como exigían los morados para dar su apoyo a las cuentas públicas, y que durante los últimos días habían hecho encallar las negociaciones.

"En la mañana de hoy se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda", han ratificado desde Moncloa.

Foto: Ione Belarra junto a Yolanda Díaz. (EFE)

Las conversaciones se aceleraron durante todo el pasado fin de semana entre los equipos negociadores del PSOE, encabezado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el de Unidas Podemos, compuesto por Josep Vendrell, jefe de Gabinete de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también intervino en las negociaciones centradas en la ley de vivienda.

Sin embargo, fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, quienes cerraron todos los flecos pendientes y sellaron el acuerdo durante una reunión esta mañana en Moncloa antes de la celebración del Consejo de Ministros.

"No vamos a abrir en los Presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente"

Los socialistas se habían abierto durante los últimos días a fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, como exigían desde Unidas Podemos, y que finalmente se incluirá en el proyecto de Presupuestos. La revisión de los impuestos era otro de los escollos entre los socios de gobierno para cerrar el acuerdo. Las previsiones sobre el crecimiento económico que maneja el Ejecutivo hicieron virar a los ministerios económicos para asumir medidas que apostaban por aplazar para no ralentizar el ritmo de creación de empleo, como fue el caso de la subida del salario mínimo.

El mismo argumento sobre la necesidad de priorizar la recuperación económica tras la pandemia había llevado a Pedro Sánchez el pasado mes de julio a descartar una subida de impuestos en las cuentas de 2022. "No vamos a abrir en los Presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año, porque lo que queremos hacer precisamente es recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos, y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España", avisó a sus socios, aprovechando una breve comparecencia en el Palacio de la Moncloa acompañado del secretario general de ONU, António Guterres.

Foto: Fachada de la Agencia Tributaria. (EFE)

La gran reforma fiscal, una de las medidas comprometidas con Bruselas en el Plan de Transformación Recuperación y Resiliencia del que dependen los fondos europeos, sí se aplazará al 2023, al estar pendiente de las conclusiones del grupo de expertos que no acabará sus trabajos hasta febrero. Lo que sí descartaban desde Hacienda la pasada semana era establecer rebajas en el IVA de los servicios veterinarios, las peluquerías o los productos de higiene femenina —la denominada 'tasa rosa'—, como venían reclamando desde Unidas Podemos en las negociaciones.

La prioridad de Moncloa era aprobar los Presupuestos "en tiempo y forma" para canalizar cuanto antes los fondos europeos y acelerar la recuperación económica. Con todo, las cuentas se demorarán todavía unos días sobre el precepto constitucional, que obliga a presentar los Presupuestos ante el Congreso antes de finalizar el mes de septiembre.

Regulación de alquileres

Tanto socialistas como morados han cedido en sus posiciones respecto a la ley de vivienda, principalmente en lo que tiene que ver con los mecanismos para limitar el precio de los alquileres. El objetivo de Sánchez era desbloquear cuanto antes esta negociación, como paso previo para desbloquear los Presupuestos, y para ello delegó en Bolaños que encabezase las negociaciones "para despejar piedras del camino", según fuentes de su ministerio. La ley de vivienda ya se acordó en las negociaciones de los actuales Presupuestos, con el compromiso de llevarla al Consejo de Ministros el pasado febrero, aunque no ha sido hasta casi ocho meses después del plazo marcado.

Foto: Sesión del control al Gobierno.

Los morados no se movían de la literalidad del texto acordado entonces: "En estas zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Tanto es así que el pasado jueves registraron una ley de vivienda como plan B si no lograban pactar con el PSOE. Un proyecto que fue elaborado por colectivos en defensa de la vivienda digna y los sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo pasa por aplicar estas medidas a los grandes tenedores de vivienda, esto es, a partir de una decena de propiedades, mientras que las comunidades autónomas serán las que decidan si aplicar o no el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler.

La propuesta de los socialistas durante las negociaciones pasa por obligar a los propietarios de las zonas tensionadas a que, cuando finalice el contrato del alquiler, no se pueda subir la renta. Tampoco a los nuevos inquilinos, que tendrían las mismas condiciones. A esta suerte de prórroga podría acogerse el arrendatario de forma anual y por un periodo máximo de tres años. Todo ello, combinado con incentivos fiscales, que solo se aplicarán a pequeños propietarios. Concretamente, se propone establecer, en los nuevos contratos, un porcentaje de reducción general del 50% del IRPF que podría llegar hasta el 90%. Una modulación que dependería de diferentes criterios, como el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas, destinadas a menores de 35 años, con contratos de larga duración, que salgan al mercado o en las que se reduzca más de un 10% la renta.

Entre las partes de la futura norma que ya se pactaron antes del verano, destaca la penalización de los inmuebles vacíos. Para ello, se establecerán recargos en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de hasta el 150%, que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley". El acuerdo también apuesta por ampliar el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida.

Por otro lado, se llegó a un consenso para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables que sean desahuciadas, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se pretenden introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica.

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