Trabajo no esperará a la CEOE para aprobar la reforma laboral antes de final de año

Yolanda Díaz tiene como principal prioridad de su departamento durante esta legislatura sacar adelante la reforma laboral, y para ello llevará el proyecto al Consejo de Ministros antes de que finalice el año. La tramitación parlamentaria será compleja y pretende acelerarse lo máximo posible para que los resultados de la reforma lleguen al mercado laboral, con el objetivo central de reducir la temporalidad, en el menor tiempo posible. El calendario es inamovible, según fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, por lo que avanzan igualmente que la reforma comprometida con Bruselas en el plan de recuperación se aprobará con o sin el acuerdo de la CEOE.

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La patronal "no tiene derecho a veto", recuerdan otras fuentes de Trabajo. En el Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, indican en cambio que no contemplan sacar adelante esta reforma sin el acuerdo de los agentes sociales, evitando priorizar el calendario al consenso en la mesa de diálogo. Se muestran asimismo convencidos de que no habrá grandes conflictos porque los agentes sociales coincidirían en las líneas generales que marcan los componentes sobre el proyecto remitidos a la Comisión Europea, a pesar de la posición distante de la CEOE durante las últimas reuniones.

No habrá retrasos, responden desde el entorno de Yolanda Díaz, evitando aludir directamente a la vicepresidencia primera. Entre ambos departamentos hay diferencias tanto de fondo como de forma, comenzando por el debate terminológico de si el proyecto supondrá la 'derogación' de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, como ha defendido Díaz y rechazado Calviño. Una expresión más política que jurídica. Sobre el calendario ya se produjeron discrepancias dentro del Gobierno, con sectores que apostaban por retrasarla más, aunque parece haberse impuesto finalmente el plazo de final de año.

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El desacuerdo entre el Gobierno y los representantes de los empresarios para la subida del salario mínimo ha tensado la mesa de diálogo, tras haber logrado una docena de acuerdos en lo que va de legislatura. El SMI fue el elemento que enturbió esta dinámica pactista, pero también visibilizó la determinación del Ejecutivo para seguir con su hoja de ruta aun con la oposición de la patronal. Se da la circunstancia de que en el mes de diciembre se volverá a convocar el diálogo social para abordar una nueva subida del salario mínimo en enero de 2022, según confirman desde el departamento de Díaz, con el horizonte de situarlo en los 1.000 euros.

El Gobierno no pondrá cifras sobre la mesa antes de escuchar a los agentes sociales, pero una nueva subida de 35 euros coincidiría con la horquilla media de lo propuesto para el próximo año en el informe de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional. Su objetivo pasa por equiparar el SMI con el 60% del salario medio al final de la legislatura. Un nuevo mazazo para las posiciones defendidas por la CEOE y que coincidirá en el tiempo con la recta final de las negociaciones para la reforma laboral. Este contexto no será el más propicio para acercar posiciones, aunque se pretendan aislar de las interferencias mutuas ambas mesas de negociación.

El primer borrador del documento sobre la reforma laboral que propuso el Gobierno fue tachado de "inaceptable" por parte de la CEOE

Los equilibrios para el Gobierno se complican. Los representantes de los empresarios, por un lado, advertían este lunes sobre la necesidad de eliminar de la reforma laboral elementos de "incertidumbre" y "rigidez" que pudiesen conllevar un incremento de los costes para las empresas y, por tanto, una merma en las inversiones. Los sindicatos, por su parte, han amenazado con movilizaciones si el Ejecutivo no cumple con sus compromisos y dan prácticamente por perdida la posibilidad de lograr un consenso con la patronal, a la que acusan de poner "frenos". Al menos para pactar un acuerdo general. El primer borrador del documento sobre la reforma laboral que propuso el Gobierno, adelantado por este diario, fue tachado de "inaceptable" por parte de la CEOE.

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Equilibrios que también deberán sortearse durante la tramitación parlamentaria. Algunos socios de investidura del Ejecutivo han demandado una reforma dura, que derogue el texto de 2012, como es el caso de ERC y EH Bildu. El PNV, por su parte, defiende cambios menos profundos, centrados exclusivamente en los aspectos "más lesivos". Una reforma laboral blanda, en línea con los trabajos que ya había iniciado la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y que negoció precisamente con PNV y PDeCAT en 2019 antes de que se precipitase el adelanto electoral tras rechazarse los Presupuestos de aquel año.

La recuperación de la ultraactividad del convenio colectivo y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, junto a la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación, ya fueron los aspectos que más resistencias generaron en la contrarreforma fallida de 2019. A todo ello se suman las diferencias en el seno del Gobierno sobre el alcance de la reforma y el aprobado de la Comisión Europea, que ha vinculado los fondos de recuperación a la tramitación de este tipo de cambios estructurales.

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Según las líneas maestras del componente del plan sobre modernización del mercado de trabajo, que se desarrollarán en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, se reducirán a tres los tipos de contratos, se revisará la regulación de las subcontratas a efectos de limitarlas a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, se crearán instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, se creará un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, se simplificarán y racionalizarán los incentivos a la contratación y se modernizará la negociación colectiva. La reforma propuesta plantea también la creación de nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad. Para ello, se propone el ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y el acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión.