Díaz tiene casi listo el decreto para atajar la temporalidad y seguir con la reforma laboral

Pedro Sánchez ha dado instrucciones a sus ministros para acelerar las reformas pendientes y acentuar el carácter socialdemócrata del Gobierno. Está convencido de que liderará la recuperación económica y social posterior al año y pico de pandemia. "La recuperación justa", la ha llamado. Como político obstinado que es, se ha propuesto llegar al final de la legislatura con la constatación de que el PSOE sabe remediar contextos adversos. Eso de que el PP es el único partido que soluciona las crisis debe convertirse en una antigualla; este es su propósito. Entre las medidas más destacadas que tiene sobre la mesa, una brilla con intensidad: la reforma laboral.

El presidente y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pulsado el botón 'on' de la nueva fase, dividida en dos hitos legislativos: el decreto ley que hará realidad los compromisos contraídos con la Unión Europea para la recepción de fondos y el anteproyecto que culminará en un Estatuto del Trabajo y, por tanto, en el compendio de todos los cambios introducidos. El objetivo, en términos grandilocuentes, es la modernización del tejido laboral español, que en algunas cuestiones se quedó en los años ochenta. Los plazos son los siguientes: el decreto, que está casi listo, se aprobará antes del 31 de diciembre, pues esa es la promesa hecha a la UE, y el anteproyecto irá cogiendo forma a medida que avancen los años 2022 y 2023. En el entorno de la vicepresidenta segunda, no hay dudas de que así será.

Va a costar, pues las negociaciones en la mesa del diálogo social, cuando se habla de la reforma laboral, se trastabillan y hasta se enrarecen

Va a costar, pues las negociaciones en la mesa del diálogo social, cuando se habla de la reforma laboral, se trastabillan y hasta se enrarecen, pero el camino que queda por recorrer y el alcance del plan permitirán ir limando las asperezas, creen fuentes del Ejecutivo. La distancia abierta con el aumento del salario mínimo interprofesional no augura desenlaces felices, pero Díaz se ha caracterizado por un estilo de diálogo y una forma de airear las conversaciones que, al menos, invitan al optimismo en el Gobierno. Más allá de la suspicacia que en el PSOE empieza a levantar la ministra de Trabajo, con índices de popularidad superiores a los del presidente, la decisión es firme: la reforma laboral prima sobre aspiraciones políticas, y desde luego sobre personalismos y vanidades.

Europa apremia

El componente 23 del programa de reformas que plantea la coalición para ir recibiendo los fondos europeos, un total de 140.000 millones durante siete años, señala que "el mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género". Las reformas, en consecuencia, irán encaminadas a la reducción del "desempleo estructural y del paro juvenil", así como de la temporalidad.

En el texto enviado a Bruselas, aprobado con nota muy alta por los funcionarios de la Unión, el Gobierno recuerda que la reforma laboral empezó al poco de forjarse la coalición de PSOE y Unidas Podemos. Los decretos leyes sobre el trabajo a distancia en el ámbito público y privado son un ejemplo, al igual que la puesta en marcha de los ERTE y sus sucesivas prórrogas (en liza ahora hasta el 31 de diciembre) o la regulación de la situación de los repartidores de las plataformas digitales, la llamada 'ley rider'. Cabe incluir la derogación del despido por acumulación de bajas médicas.

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Los pasos adelante que quiere dar el Gobierno de Sánchez antes de que acabe el año mantendrán el rumbo iniciado gracias a la reforma de la contratación temporal, del sistema de flexibilidad interna, de la subcontratación y para el reequilibrio de la negociación colectiva. Con más detalle, punto por punto, se trataría de ir menguando la tipología de contratos temporales y de profundizar en el "fijo-discontinuo"; de dar prioridad a reducciones de jornada antes que a los despidos cuando haya que hacer ajustes severos en contextos de crisis; de regular con mayores garantías colectivos como el de las 'kellys' o limpiadoras de piso en los hoteles, y, en general, de los colectivos proclives a ser subcontratados, y de dar preferencia a los convenios del sector. Esto, en resumen, es lo que contendría el decreto que el ministerio de Díaz tiene muy perfilado.

Por qué el decreto

Las fuentes gubernamentales consultadas indican que el decreto es el mejor vehículo legislativo en el momento actual, ya que el tiempo y la Unión Europea apremian. La urgencia que ha de justificar cualquier decreto se derivaría de los plazos que quedan y de la trascendencia que tiene la llegada de los fondos. Ya han venido 9.000 millones y se espera que a partir del mes que viene aterricen los 10.000 que quedan hasta alcanzar el total previsto para el año 2021.

Aunque el decreto es un recurso legislativo cuestionado, ya que el Congreso lo estudia, lo debate y lo vota cuando ya está en vigor, lo que merma la capacidad de la Cámara, las fuentes recalcan que es un instrumento ya usado en reformas laborales anteriores, por lo que no debería estar aquí el problema. Si los diputados lo convalidan cuando toque y apuestan por una tramitación posterior sujeta a cambios (el trámite del proyecto de ley), el compromiso europeo no estaría en riesgo. Sí lo estaría, y de qué manera, si el decreto fuera derogado.

Desmontar la reforma laboral vigente desde 2012 ha sido como el desmontaje de un edificio viejo pieza a pieza

No se contempla en el Gobierno una resolución tan inesperada porque, además de la unidad que el PSOE y Unidas Podemos tienen aquí de momento, se da por hecho el respaldo de los aliados parlamentarios habituales, comenzando por ERC, que en varias ocasiones ha preguntado al Gobierno por el estado de la reforma laboral.

Y luego el Estatuto del Trabajo

Desmontar la reforma laboral vigente desde 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, gracias a su mayoría absoluta, pudo sacarla sin muchos obstáculos (aun así, la respaldó CiU), ha sido como el desmontaje de un edificio viejo pieza a pieza. Es lo que han hecho Díaz y su equipo. Ir derogando y cambiando aspectos 'lesivos' del modelo para reemplazarlos. El decreto completará la siguiente fase.

El proceso continuará, porque el Gobierno prevé llegar al final de la legislatura con la reforma completa. Su intención es movilizar el anteproyecto que permita un nuevo Estatuto del Trabajo, ya con todos los cambios hechos y los que se puedan llevar a cabo posteriormente. Una norma "coherente y única", describen las fuentes. Y que requerirá un diálogo "más sosegado", porque de lo que se está hablando es muy importante. Lo saben los empresarios, los sindicatos y el Gobierno. Va a ser una de las medidas más definitorias de lo que Sánchez quiere hacer antes de convocar nuevas elecciones generales.