El TC examinará otro decretazo de Moncloa: ¿la 'ley rider' era de "urgente necesidad"?
  1. España
TRAS EL RAPAPOLVO DE MAYO

El TC examinará otro decretazo de Moncloa: ¿la 'ley rider' era de "urgente necesidad"?

El Constitucional ha admitido a trámite los recursos de Vox y PP, en los que argumentan que el Gobierno abusó de esta figura legislativa que se guarda para situaciones extraordinarias

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el Palau de la Generalitat este miércoles. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el Palau de la Generalitat este miércoles. (EFE)

El Tribunal Constitucional volverá a examinar la legalidad de un decreto-ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras lo ocurrido en mayo, cuando censuró al Ejecutivo por el abuso de esta figura legislativa, el tribunal de garantías ha admitido a trámite los recursos del PP y de Vox contra la conocida como 'ley rider', explican fuentes jurídicas. Una vez más, el debate se centrará en si el Ejecutivo empleó conforme a Derecho una figura que se guarda para situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad", una vía que permite esquivar al Congreso en un primer momento para después reducir su papel al de la mera convalidación o derogación del reglamento.

"No concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento", advirtió el Constitucional en mayo, cuando anuló la treta que había empleado Moncloa un año antes para blindar la incorporación de Pablo Iglesias a la comisión que controla el CNI a través de un decreto ley sobre los efectos del coronavirus en la economía. Sin urgencia ni "coherencia con los motivos" de combatir el covid, el tribunal consideró que aquella disposición final era inconstitucional.

Foto: Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. (EFE)

El caso de la llamada 'ley rider' es distinto, pero el PP y Vox consideran que el Gobierno se ha vuelto a exceder al emplear esta figura legislativa para sacarla adelante. Entre los argumentos que presentan para sostener esta idea, destaca el hecho de que el decreto-ley en cuestión se aprobó en mayo y, sin embargo, se dio un plazo de tres meses para que las empresas se adaptaran a que los repartidores de las plataformas digitales obtuvieran la condición de asalariados: consideran que este plazo de gracia demuestra que no existía una "extraordinaria y urgente necesidad" para evitar el trámite de la medida a través del procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.

"No deja de sorprender a los firmantes el que, tratándose de una materia tan sensible e importante, sin perjuicio de compartirse la necesidad de elaboración de una ley que regule de manera precisa y especifica esta nueva forma de negocio con todas las garantías, se haya elegido por el Gobierno la fórmula extraordinaria que el artículo 86 de la Constitución articula como excepción al monopolio legislativo de las Cortes Generales, usurpando a las mismas sus funciones para regular la materia impidiendo una mayor participación, debate y consenso sobre la cuestión", argumenta el recurso del PP. "Estamos hablando de una normativa que lleva preparándose desde hace un año", critica.

Foto: Pedro Sánchez, en su asiento del Congreso de los Diputados. (EFE)

Vox comparte este razonamiento, pero va un paso más allá y critica también "el fondo", exigiendo un debate sobre el "autónomo digital". Así lo explicó el 1 de julio el diputado de la formación por Barcelona Juan José Aizcorbe en una rueda de prensa a las puertas del Constitucional junto al secretario general, Javier Ortega Smith, y la vicesecretaria jurídica del partido, Marta Castro. "Vox quiere para los 'riders' trabajo, que es lo que tienen ahora, pero además un trabajo digno, regulado y con protección y derechos". "También que tengan libertad de poder elegir, combinar y compartir con otros trabajos, que es lo que posiblemente no existirá con el Real Decreto del Gobierno", denunciaron.

Con estos argumentos sobre la mesa, el Constitucional volverá a discutir el uso de una figura legislativa que el Gobierno de Sánchez ha utilizado más que cualquiera de los anteriores. Desde que llegó al poder el 1 de junio de 2018, ha firmado más de 80 decretazos en estos tres años. Felipe González aprobó 112 en 14 años; José María Aznar dictó 131 en dos legislaturas completas; José Luis Rodríguez Zapatero fue quien menos recurrió a esta fórmula, 109 en ocho años, mientras que Mariano Rajoy evacuó 106 en seis años y medio. La ventaja pasa por que es un procedimiento acelerado, pero los límites se han llevado a otro nivel durante la pandemia.

Tribunal Constitucional
El redactor recomienda