La nueva ley de vivienda se atasca y se aleja el pacto antes de la salida de Iglesias

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para la futura ley de vivienda, cuya aprobación estaba comprometida antes de que finalizase febrero, siguen estancadas y sumando puntos de desencuentro. No tanto en los objetivos sino en los mecanismos para materializarlos. A las diferencias sobre cómo regular los alquileres o movilizar la vivienda vacía, se suman otras sobre las fórmulas para crear un parque de viviendas de alquiler social o asequible, mientras que el único avance concreto hasta ahora tiene que ver con los desahucios.

Esta semana no están previstas reuniones entre los equipos negociadores después de que el lunes se reuniesen los equipos técnicos y que se suspendiese el encuentro fijado para este miércoles entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Divergencias y aplazamientos que dificultan un acuerdo antes de que Pablo Iglesias abandone el Gobierno el próximo martes, objetivo que el todavía vicepresidente segundo se marcó cuando anunció su decisión.

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Sobre el parque de viviendas, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunciaba este martes su intención de llegar a las 100.000 durante esta legislatura. De ellas, "un porcentaje significativo", que podría llegar "hasta 30.000", provendrían de grandes tenedores a través de la concertación. Desde el ministerio se están manteniendo negociaciones paralelas con fondos y entidades gestoras de vivienda en alquiler y la intención es llegar a acuerdos de colaboración público-privada. Y es en el papel de los grandes tenedores y las fórmulas para que contribuyan a incrementar el parque de viviendas en alquiler social donde se centran las divergencias.

Desde la parte negociadora de Unidas Podemos dicen desconocer estas negociaciones e insisten sobre la necesidad de "obligar" a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social. Este sigue siendo uno de los principales desacuerdos. Los socialistas están optando por priorizar los incentivos fiscales, con bonificaciones para los propietarios se sumen voluntariamente a las políticas de vivienda, mientras que los morados optan por las penalizaciones. Así, por ejemplo, proponen de cara a movilizar la vivienda vacía un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico.

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Los socialistas están dispuestos a explorar diversas fórmulas de cara a incluir en la futura ley de vivienda, pero sin renunciar a las bonificaciones fiscales que consideran un instrumento necesario para alcanzar los objetivos marcados en la norma. En lo relativo a los alquileres, la propuesta del Ministerio de Transportes, que ha sido coordinada con el Ministerio de Hacienda, se sostiene sobre la base de que una mejora de la regulación del IRPF "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles".

Para ello se propone establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable. En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70% por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado.

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Las reducciones serán de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico. En el caso de un alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida), la rebaja será del 60%, como en la actualidad, así como para el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. De no incluirse el alquiler en ninguno de estos supuestos, el IRPF será del 50%, la base que se impondría en nueva normativa de vivienda.

El socio minoritario del Ejecutivo considera que, con estos mecanismos, los fondos de inversión "podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora" y que la medida "no solo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas". Desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) se ha apuntado igualmente que esta vía "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas" de reducir las rentas debido a que seguiría siendo más rentable para los arrendadores mantener los precios que acogerse a los incentivos.

Los socialistas descartan presentar una ley que no cuente con el apoyo de Unidas Podemos, y que sus socios de investidura han avanzado que tampoco respaldarían si se mantienen los planteamientos actuales. En esta línea, en la reunión de los equipos técnicos celebrada el pasado lunes, la parte socialista se abrió a la posibilidad de negociar sobre la propuesta de regulación de precios del alquiler de Unidas Podemos.