¿Cuánto es un gasto en defensa del 2% del PIB? Superaría todo el déficit de la Seguridad Social

Una de las consecuencias directas de la guerra en Ucrania será la carrera militar que está a punto de comenzar la Unión Europea para defender sus fronteras ante la belicosidad de Rusia. Alemania fue la primera en mover ficha anunciando un incremento de su gasto militar hasta el 2% del PIB. España ha sido el último. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes, en su entrevista en La Sexta, que propondrá a los partidos políticos un pacto para elevar el gasto en defensa hasta llegar al 2% del PIB a medio plazo. Actualmente, el gasto está en el entorno del 1,2% (por la caída del PIB ascendió al 1,4%) y el compromiso del presidente es que en los próximos presupuestos se consolide la cifra del 1,4%.

El 2% en defensa, recomendado por la OTAN, exigirá un importante esfuerzo presupuestario para España. De hecho, si se tiene en cuenta que el peso del gasto público sobre el PIB es del 42%, significa que el gasto en defensa sería en torno al 5% de todo el presupuesto público. Una partida muy cuantiosa que muestra los sacrificios que demandan una respuesta contundente a la belicosidad del Kremlin.

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En cifras absolutas, supondría un gasto anual de unos 25.000 millones de euros. Un dato mareante que en sí mismo dice poco, por eso, lo mejor es compararlo con otras partidas del presupuesto. El 2% equivale, por ejemplo, a toda la recaudación anual de España con el impuesto sobre sociedades. En 2019, último año previo a la pandemia, los ingresos de este tributo fueron del 2,1% del PIB y en 2020 cayeron al 2%.

Este gasto sería superior a todo el déficit de la Seguridad Social previo a que el Gobierno empezara a traspasarlo al Estado. En el año 2016, el déficit del sistema alcanzó su máximo con un saldo negativo del 1,6% del PIB, que entonces suponía algo más de 17.000 millones de euros. Actualmente, el 2% del PIB son ya 25.000 millones. El trasvase del déficit de la Seguridad Social al Estado que está llevando a cabo el Gobierno a través de la recolocación de los llamados ‘gastos impropios’ tendrá un impacto presupuestario de unos 22.000 millones de euros.

Otra partida de similar proporción y ampliamente conocida es la del desempleo. El presupuesto para financiar el paro en 2022 es de 22.500 millones de euros. Esta cifra incluye, además del desempleo, el gasto en las prestaciones de los ERTE (expedientes de regulación de empleo temporal) que todavía siguen en vigor este año. Esta partida presupuestaria también sería inferior al gasto anual en defensa proyectado a medio plazo.

Con una deuda pública del 120% del PIB, el coste de financiar este montante también es elevado, tanto como lo sería el gasto en defensa. Actualmente, España se gasta en torno a un 2,2% del PIB en intereses de la deuda, cifra que incluye todo el pasivo de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

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Un gasto en defensa del 2% del PIB implicaría la movilización de los mismos recursos que destinan las administraciones públicas a la inversión en formación bruta de capital fijo. Esto es, en inversiones. Este, que tradicionalmente ha sido uno de los grandes agujeros negros de las cuentas públicas de España, difícilmente podrá remontar a futuro si se tiene que destinar la mayor parte de los recursos públicos a financiar el gasto creciente en pensiones y ahora también a la defensa.

Por ejemplo, el gasto público en I+D+i de España excluyendo el sector militar es de 6.900 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para 2022. Eso significa que el gasto en defensa superará en más de cuatro veces la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

Un gasto en defensa de 25.000 millones al año supone superar la cifra de transferencias que recibirá España del fondo de recuperación. Para 2019, el Gobierno prevé recibir 18.000 millones de euros procedentes del MRR.

Si se compara con el gasto en educación, las cifras son también reveladoras. España se gasta anualmente el 4% del PIB en educación, lo que significa que el gasto militar será la mitad del gasto en educación de todas las administraciones públicas. Por su parte, el gasto en sanidad es de algo más del 6% del PIB, por lo que el gasto en defensa será una tercera parte del sanitario.

Todas estas cifras evidencian que se trata de un plan muy ambicioso. Máxime para un país con un déficit muy elevado, superior al 4% del PIB en niveles estructurales y con una deuda del 120% del PIB. A esto hay que sumar la enorme presión de gasto que supondrá la jubilación de la generación del ‘baby boom’, que implicará un incremento del gasto en pensiones de más de dos puntos del PIB. Se tratará, por tanto, de un esfuerzo que requerirá la participación de todos los españoles con mayores impuestos.