Sánchez se compromete a destinar 7.200M más a Defensa para alcanzar el 2% del PIB

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros del 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra con un paquete de rebajas fiscales para mitigar la escalada trepidante de los precios. No solo de la electricidad, sino también de los carburantes. En una entrevista en La Sexta la noche de este lunes, Pedro Sánchez ha avanzado que se van a producir bajadas de impuestos en los sectores más afectados por la inflación. Al margen de las medidas en clave nacional, ha subrayado como lo más importante que se reforme el mercado energético para fijar un precio máximo del gas.

El presidente del Gobierno ha apostado por aumentar el presupuesto en Defensa, hasta llegar al 2% del PIB que la OTAN fijó como objetivo y al que se comprometió el último Consejo Europeo informal celebrado en París. Del 1,4% actual, según las estimaciones de Sánchez, hasta el 2% fijado como objetivo, el incremento sería de unos 7.200 millones de euros, siempre que el PIB se mantuviese inalterable. Unas cifras, sin embargo, que no coinciden con las que Sánchez anunció tras la cumbre de Versalles el pasado viernes, cuando abogó por rematar la legislatura “por encima del 1,24% del PIB en el capítulo de Defensa”.

El Ejecutivo seguirá realizando envíos de armas ofensivas a la resistencia de Ucrania, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo. El importe de las ayudas previstas, tanto humanitarias como de material militar, asciende a 23 millones de euros. "España estará donde tenga que estar y va a hacer lo que deba hacer", ha sostenido, para asegurar que, pese a los reproches de sus socios, "cuento con el apoyo mayoritario de la sociedad española" en esta respuesta a la guerra. Un pueblo indefenso, ha argumentado, "tiene que protegerse de una potencia nuclear".

Sobre un posible adelanto electoral, el presidente del Ejecutivo ha vuelto a descartarlo asegurando que pretende "agotar la legislatura". "Creo que la ciudadanía busca estabilidad y certezas", ha argumentado, para reclamar a la oposición, los agentes sociales y las comunidades autónomas "hacer un esfuerzo por la unidad" bajo la premisa de que "el origen de esta situación es que Putin ve como una amenaza la democracia".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abría este mediodía a que las rebajas fiscales acordadas para mitigar el precio de la luz se extendiesen también a los carburantes y a los productos o sectores más afectados por el incremento de la inflación. Con todo, desde el Gobierno se prioriza que cualquier tipo de medida para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania sea pactado tanto con los sectores afectados como con el resto de formaciones políticas. Las rebajas fiscales que se han prorrogado hasta ahora supondrán una merma en la recaudación de entre 10.000 y 12.000 millones de euros si se extienden hasta final de año.

La reducción de la presión fiscal no solo a la electricidad, sino también a los hidrocarburos, fue una de las medidas reclamadas por el PP para amortiguar la subida de precios, pero que evitaron concretarse en la Conferencia de Presidentes celebrada el domingo. La 'Declaración de La Palma', consensuada entre el Gobierno y los presidentes autonómicos, recoge el compromiso de implantar "rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas, y otras que se puedan plantear". Este lunes, el todavía presidente gallego y candidato a liderar el PP en el próximo congreso de Sevilla, Alberto Núñez Feijóo, cargaba contra el Gobierno por estarse "forrando" con el incremento del precio de la electricidad y del gas, puesto que "el 50%" son impuestos.

Junto a las rebajas fiscales debido a la inflación galopante, otras voces demandan una subida de impuestos a las grandes eléctricas para destinarla a contener el precio de la factura, que sigue aumentando. A los sindicatos y al socio minoritario del Ejecutivo, se sumaba este lunes el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann. “Dados los beneficios de las empresas energéticas, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto” por la actual escalada de precios, argumentaba. Sin embargo, se trata de una medida que los socialistas no contemplan por ahora, según remarcaba en una comparecencia ante los medios desde Ferraz la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Al margen de las medidas en clave nacional, el principal objetivo del Gobierno pasa por que la Comisión Europea acuerde una reforma del mercado eléctrico para establecer "un precio máximo" en los costes del gas. Para ello, Sánchez anunció tras la cumbre de Versalles que iniciaría una gira europea para buscar aliados y que esta medida se pueda aprobar en el Consejo Europeo del próximo 24 y 25 de marzo con el objetivo de “defender a la industria y pequeñas empresas del chantaje energético de Putin”. Las expectativas del Ejecutivo son altas respecto a una de las medidas que ya propuso el pasado mes de octubre con escaso éxito. Ahora, la situación ha obligado a retomar la propuesta y acelerar el debate. Eso sí, la suspensión de las reglas del mercado marginalista que permitiría adoptar esta medida excepcional sería de carácter temporal.

Los socios de la coalición, Unidas Podemos, han trasladado a Sánchez un paquete de propuestas para implantar lo que denominan "nuevo escudo social y verde". Entre otras demandas, piden acelerar la tramitación del proyecto de ley para reducir los denominados beneficios caídos del cielo, activar las subastas de la producción eléctrica de origen nuclear e hidroeléctrica que ya estaban programadas para finales de 2021, crear un 'cheque-ayuda' de 300 euros para las familias con el objetivo de mitigar la subida de precio del gas natural, así como un plan excepcional de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de gas natural.