Hacienda se abre a negociar una rebaja fiscal en los carburantes como reclama el PP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha abierto a que las rebajas fiscales acordadas para mitigar el precio de la luz se extiendan también a los carburantes. Una de las medidas reclamadas por el PP para amortiguar la subida de precios, pero que evitaron concretarse en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer. Eso sí, se prioriza que cualquier tipo de medida para amortiguar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania sean pactadas tanto con los sectores afectados como el resto de formaciones políticas. La titular de Hacienda ha llamado a la cautela "a la hora de anticipar ningún tipo de medida hasta que no esté dialogada y consensuada”, pero apuntando al mismo tiempo a la posibilidad de "revisar a la baja la fiscalidad de algunos productos o algunos sectores que estén claramente impactados por el incremento de la inflación". "Con eso avanzo bastante respecto a la actitud del Gobierno”, ha rematado antes de participar en un acto en el Senado.

Unas horas antes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, avanzaba que la rebaja de impuestos solo se aplicará "por el momento" a la energía -como desde el pasado mes de octubre- a la espera de estudiar sus efectos en "todos los sectores afectados". La Declaración de La Palma consensuada entre el gobierno y los presidentes autonómicos se compromete, sin concretar, a implantar "rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear".

Desde las comunidades gobernadas por el PP coincidieron en la Conferencia de Presidentes en apostar en el corto plazo por paliar el alza de la luz a través de más rebajas fiscales (con un IVA superreducido del 4% en lugar del 10% actual) y extenderlas también a los carburantes, cuyos precios están igualmente disparados. Este lunes, el todavía presidente gallego y candidato a liderar el PP en el próximo congreso de Sevilla, Alberto Núñez Feijóo, cargaba contra el Gobierno por estarse "forrando" con el incremento del precio de la electricidad y del gas, puesto que "el 50%" son impuestos. Una carga impositiva similar a la de los hidrocarburos, y que pondría en riesgo la actividad de las industrias, el sector primario o el turismo.

Junto a las rebajas fiscales debido a la inflación galopante, otras voces que reclaman una subida de impuestos a las grandes eléctricas para destinarlos a contener el precio de la factura siguen aumentando. A los sindicatos y el socio minoritario del Ejecutivo, se ha sumado este lunes el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, quien este mediodía mantuvo un almuerzo de trabajo con el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. “Dados los beneficios de las empresas energéticas, hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto” por la actual escalada de precios, ha argumentado esta mañana durante un desayuno informativo en Madrid. Una medida que los socialistas no contemplan por ahora, según ha remarcado su presidenta, Cristina Narbona, en rueda de prensa desde Ferraz.

Desde la vicepresidencia de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera se valoraron medidas adicionales al desacoplamiento del gas, dentro del margen que el Gobierno tiene a nivel nacional para contener la subida de precios, pero la subida de impuestos a las eléctricas no se incluyó finalmente en el acuerdo suscrito con las CCAA en la Conferencia de Presidentes de este domingo. No se pone el foco, por tanto, en utilizar los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el aumento del precio del gas, disparado tras la invasión rusa de Ucrania, como sí ha llegado a sugerir también la Comisión Europea.

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En una comunicación del pasado martes, la UE plantea la utilidad de establecer impuestos temporales a los beneficios extraordinarios para compensar el alza de precios en la luz. Una medida que ya han puesto en marcha Italia y Rumanía. Desde el Gobierno evitan descartar esta medida aduciendo que se aprovechará todo el margen de actuación fuera de las decisiones en el marco europeo "si es imprescindible" para "adelantarnos con medidas adicionales". Sin embargo, la escalada de precios y la urgencia de contenerla tanto en el plano de los hogares vulnerables que no pueden hacer frente a los costes como en la industria ha llevado a diferentes actores a elevar la presión sobre el Ejecutivo.

"Una medida más que justificada", concluía el secretario general de la OCDE, mientras que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, abogaba por incluirla dentro del pacto de rentas negociado entre los agentes sociales y el Gobierno para "distribuir los costes ante una situación de dificultad económica". En un artículo publicado este lunes en el diario 'Infolibre', el máximo mandatario de CCOO sostenía que "la Comisión Europea ya ha indicado a los países miembros, en su reciente comunicación REPowerEU, la posibilidad de fijar precios máximos en la energía y aumentar los impuestos sobre las eléctricas para recuperar los beneficios caídos del cielo". A lo que añadía que "algunos países, sin esperar a la Comisión, ya han tomado este tipo de medidas".

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La posición del Gobierno, en estos momentos, se inclina por acordar este tipo de medidas en el seno de la UE y aducen que el Ejecutivo comunitario ha pedido unos días a los Estados para detallar más las propuestas, al objeto de que pueda aprobarlas en el Consejo Europeo y los Estados puedan aplicarlas. "Este Gobierno lo que sí quiere es que la adopción de las medidas sea en el ámbito europeo", recalcaba esta mañana la portavoz del Gobierno en una entrevista en RNE. La presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, ponía el foco por su parte en la desvinculación del gas del sistema eléctrico para la fijación de precios. Aunque ha reconocido la necesidad de "reducir los elevadísimos beneficios extraordinarios de las eléctricas", se valoran otras alternativas a la subida de impuestos. "El Gobierno en ningún momento ha hablado de subir impuestos a las eléctricas, ahora de los que se está hablando es de rebajas fiscales", ha concluido.

Para los socios de coalición, Unidas Podemos, esta medida debería implantarse sin esperar a la UE. "Los beneficios inmerecidos de las eléctricas, por la fijación de precios y no por los costes reales de producción, deben emplearse para contener la subida de precios", urgía esta mañana el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede del partido.

Unidas Podemos ya propuso en la negociación sobre la reforma fiscal establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo del impuesto de sociedades de las empresas eléctricas. Se trataría de un gravamen temporal, cuya recaudación adicional se destinaría a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz. Según sus cálculos, la recaudación por esta tasa alcanzaría los 1.500 millones de euros.

Más recientemente, los morados rescataron esta medida en su propuesta de Pacto de Estado de la Energía, argumentando que "los costes debidos a una importante subida del gas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania no pueden volver a pagarlos los de siempre". Con dicho recargo, aducen, "se puede garantizar una financiación estable de las diferentes medidas planteadas en este documento y también de los esfuerzos a medio plazo para llevar a cabo una transición que nos permita, por un lado, descarbonizar la economía y, por otro lado, recuperar nuestra soberanía energética".

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En el mismo paquete de medidas, se reclama acelerar la tramitación del proyecto de ley para reducir los denominados beneficios caídos del cielo, activar las subastas de la producción eléctrica de origen nuclear e hidroeléctrica que ya estaban programadas para finales de 2021. Por otra parte, se aboga por la creación de un cheque-ayuda para mitigar la subida de precio del gas natural, así como un plan excepcional de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de gas natural.

El principal objetivo del Gobierno para establecer "un precio máximo" en los costes del gas, independientemente del mecanismo, y que se pueda aplicar de la forma más urgente posible. Para ello, Sánchez anunció tras la cumbre de Versalles que iniciaría una gira europea para buscar aliados y que esta medida se pueda aprobar en el Consejo Europeo del próximo 24 y 25 de marzo con el objetivo es “defender a la industria y pequeñas empresas del chantaje energético de Putin”.