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Sánchez urge a la UE a fijar el precio del gas y valora implantar una tasa a las eléctricas
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RIBERA ESTUDIA MEDIDAS ADICIONALES

Sánchez urge a la UE a fijar el precio del gas y valora implantar una tasa a las eléctricas

La inflación galopante se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y también políticos del Ejecutivo, que espera convertir la UE en su tabla de salvación

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (d). (EFE/Emilio Naranjo)
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (d). (EFE/Emilio Naranjo)

El Gobierno espera salir de la cumbre de Versalles, que se celebrará este jueves y viernes en París, con un compromiso político de los 27 Estados miembros para establecer un tope al precio del gas, en máximos históricos, y reducir la factura de la luz. La agudización de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, provocando un "mercado roto", en palabras de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto el escenario de una reforma del mercado eléctrico, impensable hace tan solo unas semanas. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo importante es que se pueda establecer "un precio máximo" en los costes del gas, independientemente del mecanismo, y que se pueda aplicar de la forma más urgente posible. También valora otras medidas extraordinarias, entre las que destaca la aplicación de una tasa a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

El plazo que se maneja es de "tres o cuatro semanas", según señalan estas mismas fuentes, debido a la asfixia que esta situación está teniendo tanto para las familias como para las empresas. Si este viernes se sale con la decisión política, se materializaría en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo y en abril se concretaría con el informe preceptivo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).

Las expectativas del Ejecutivo son altas respecto a una de las medidas que ya propuso el pasado mes de octubre con escaso éxito. Ahora, la situación ha obligado a retomar la propuesta y acelerar el debate. Eso sí, la suspensión de las reglas del mercado marginalista que permitiría adoptar esta medida excepcional sería de carácter temporal. "Necesitamos tomar decisiones muy rápidamente y prevenir males mayores", zanjaba este miércoles en declaraciones a los medios la máxima responsable en materia energética.

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE/Fernando Alvarado)

A la espera de definir los mecanismos para topar los precios, el Gobierno evita establecer cálculos sobre su repercusión final en la factura de la luz. Sus propuestas pasan por dejar el gas fuera del mercado eléctrico o introducir un límite en las ofertas que se puedan presentar en el mercado mayorista, al considerar que se trataría de las más eficaces. Sin embargo, la voluntad es que la medida salga adelante con el consenso de los países de la UE, entre los que se encuentran socios reticentes, que buscarán suavizar sus efectos con otras propuestas alternativas.

Otra de las medidas que empujará el presidente del Gobierno en la cumbre de Versalles tiene que ver con la creación de un nuevo fondo europeo, a semejanza de la parte del fondo covid destinada a préstamos. Una iniciativa que surge de Francia y que fuentes del entorno de Pedro Sánchez han valorado de forma positiva. Estas mismas fuentes explican que se trataría de un remanente para destinar principalmente a la energía, pero también a Defensa y ayuda a Ucrania. Desde la Vicepresidencia de Transición Ecológica, explican que los préstamos se emplearían principalmente para subvencionar los sobrecostes que sufra la industria y evitar el cierre de empresas por esta situación sobrevenida a través de una mutualización de la deuda.

El principal argumento, sostienen estas mismas fuentes, es que se evite la deslocalización de empresas a países que tengan más capacidad para subvencionar el coste energético que los países de origen. Con todo, se trata de una medida que "todavía se tiene que aterrizar", según reconocen desde Moncloa. En Bruselas hay reticencias sobre la creación de este nuevo fondo, apuntando que se podría adaptar el de recuperación. Desde el Ejecutivo, se aduce que la parte de los préstamos del plan de recuperación, de los que España tiene acceso a 70.000 millones, no podría emplearse para Defensa, energía y ayuda a Ucrania al estar destinada a costear otros fines.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la visita a la base letona de Adazi. (EFE/EPA/Toms Kalnis)

La inflación galopante, que antes del estallido del conflicto armado ya se situaba en máximos desde hacía 30 años —7,4% en febrero—, se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y políticos del Ejecutivo. Y la tabla de salvación está en la UE. Los ataques de la oposición en pleno, desde el PP hasta los socios parlamentarios de Sánchez, se centraron en esta cuestión durante la sesión de control al Gobierno. Para los intereses de Sánchez, el freno a la recuperación económica "justa", a la que fiaba la reelección en los próximos comicios, supone también un duro golpe que pone en cuestión su hoja de ruta. El deterioro político acumulado tras dos años de pandemia, que se buscaba revertir con una mejora económica que se sintiese en el bolsillo de los españoles gracias a los fondos europeos, se suma ahora a una notoria pérdida del poder adquisitivo de las familias.

El argumentario empleado por Pedro Sánchez para responder a la oposición no ha sido otro que descargar toda la responsabilidad en la guerra, obviando que se trata de una tendencia previa, aunque ahora se profundice. "Es importante decir la verdad y no tratar de confundir. La inflación de precios de la energía es única responsabilidad de Putin y su guerra ilegal en Ucrania", contestó el presidente del Gobierno, mientras que desde las filas populares se le recriminaba utilizar la guerra de Ucrania como "coartada" para ocultar las fallas en la gestión económica del Ejecutivo.

Recargos fiscales como medida adicional

La preocupación por el hecho de que la inflación pueda llegar en dos dígitos en un plazo no muy lejano, una vez que se reconoce que no se controlará en pocos meses, ha hecho que al margen de la UE se valoren otras medidas extraordinarias en clave nacional. La principal tiene que ver con aplicar una tasa a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Una medida que Ribera deslizaba este miércoles en el Congreso remarcando que la Comisión Europea reconocía su "utilidad".

La medida a la que se refieren desde el Ejecutivo es una de las propuestas recogidas en la comunicación de la Comisión Europea y se refiere a aplicar tasas temporales a los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas ante la situación del mercado y los precios del gas. En estos momentos, el Ejecutivo comunitario ha pedido unos días a los Estados para detallar más las propuestas, al objeto de que pueda aprobarlas en el Consejo Europeo y los Estados puedan aplicarlas. Sin embargo, Ribera ha querido concretar que esto no significa que España vaya a descuidar todo el margen que tiene de actuación "si es imprescindible" para "adelantarnos con medidas adicionales".

El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ya propuso en la negociación sobre la reforma fiscal establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo del impuesto de sociedades de las empresas eléctricas. Se trataría de un gravamen temporal, cuya recaudación adicional se destinaría a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz. Según sus cálculos, la recaudación por esta tasa alcanzaría los 1.500 millones de euros.

Foto: Una torre eléctrica en Mahón, Menorca. (David Arquimbau/EFE)

Más recientemente, los morados rescataron esta medida en su propuesta de Pacto de Estado de la Energía, argumentando que "los costes debidos a una importante subida del gas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania no pueden volver a pagarlos los de siempre". Con dicho recargo, aducen, "se puede garantizar una financiación estable de las diferentes medidas planteadas en este documento y también de los esfuerzos a medio plazo para llevar a cabo una transición que nos permita, por un lado, descarbonizar la economía y, por otro lado, recuperar nuestra soberanía energética".

En el mismo paquete de medidas, se reclama acelerar la tramitación del proyecto de ley para reducir los denominados beneficios caídos del cielo, activar las subastas de la producción eléctrica de origen nuclear e hidroeléctrica que ya estaban programadas para finales de 2021. Por otra parte, se aboga por la creación de un 'cheque-ayuda' para mitigar la subida de precio del gas natural, así como un plan excepcional de subvenciones para sustituir las instalaciones domésticas de gas natural.

El Gobierno espera salir de la cumbre de Versalles, que se celebrará este jueves y viernes en París, con un compromiso político de los 27 Estados miembros para establecer un tope al precio del gas, en máximos históricos, y reducir la factura de la luz. La agudización de la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, provocando un "mercado roto", en palabras de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto el escenario de una reforma del mercado eléctrico, impensable hace tan solo unas semanas. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo importante es que se pueda establecer "un precio máximo" en los costes del gas, independientemente del mecanismo, y que se pueda aplicar de la forma más urgente posible. También valora otras medidas extraordinarias, entre las que destaca la aplicación de una tasa a los beneficios extraordinarios de las eléctricas.

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