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Guerra energética en la UE: España juega con los órdagos tras el portazo de Bruselas
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RETOCAR EL SISTEMA MARGINALISTA

Guerra energética en la UE: España juega con los órdagos tras el portazo de Bruselas

El Gobierno pide a la Comisión Europea que permita a los Estados miembros cambiar el sistema de fijación de precios, pero Bruselas sigue mostrando su oposición

Foto: Foto: EFE.
Foto: EFE.

Las últimas dos semanas han frenado las ambiciones españolas en el debate europeo sobre la escalada de los precios de la energía. La negativa de la Comisión Europea a aceptar la necesidad de tomar medidas europeas en el corto plazo, señalando que es papel de los Estados miembros actuar en el corto plazo, y el cierre de filas de la mayoría de los líderes europeos con el Ejecutivo comunitario, con el que comparten diagnóstico y tratamiento, ha dejado en papel mojado buena parte de las medidas propuestas por parte del Gobierno español.

Por eso, y antes de que los ministros de Energía celebraran una reunión extraordinaria sobre la escalada de los precios en Luxemburgo, el Gobierno ha enviado a Bruselas un documento de reflexión en el que solicita a la Comisión Europea que dé a las capitales la posibilidad de tomar sobre el sistema de fijación de precios a nivel nacional, según han adelantado esta mañana 'El País' y el portal europeo Politico, y ha podido confirmar El Confidencial.

El documento español llegó poco después de que se hiciera público un comunicado conjunto por parte de Alemania y otros ocho países europeos en el que presentaban su oposición frontal a muchas de las propuestas que España, Francia o Grecia han estado circulando durante las últimas semanas en Bruselas. El Gobierno señala que, si no hay solución a nivel europeo, se debería permitir que cada país intente resolver su situación individualmente.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

“Un enfoque europeo común para todo el mercado interior europeo de la energía es nuestra preferencia. Es lo más eficiente y razonable para evitar distorsiones adicionales al mismo tiempo. Sin embargo, en ausencia de tal respuesta europea, la Comisión podría proporcionar a los Estados miembros flexibilidad para adoptar medidas en ese sentido en situaciones extraordinarias”, señala el documento.

Se trata de un órdago que este martes ha tenido que defender en Luxemburgo Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, que ha asegurado que el debate ha sido “un punto de inflexión”, y que el Gobierno ha recibido un apoyo velado por parte de Francia, Grecia y Hungría, aunque sus representantes han señalado que tendrán que estudiar las propuestas españolas.

Por parte de la Comisión Europea lo que ha habido ha sido un portazo a esas demandas, manteniendo el mensaje que Bruselas viene defendiendo durante toda esta crisis de subida de los precios de la luz. “No está claro cómo un sistema en el que los precios son diferentes para las distintas fuentes de energía funcionaría en la práctica y si sería una mejor alternativa al actual diseño del mercado de la electricidad”, ha señalado Kadri Simson, comisaria de Energía.

El Gobierno español ha sido el más activo y exigente en la reclamación de medidas a nivel europeo para poner freno a la escalada

España propone, por un lado, desvincular el precio de la energía del precio del gas, lo que el Gobierno considera que es un elemento distorsionador del precio, y establecer un vínculo directo con los 'mix' energéticos de cada Estado miembro en cuestión. También propone topar el precio del gas temporalmente y controlar el mercado de emisiones ETS, sobre el que sospecha que existe una especulación que ayuda a inflar el precio.

El Gobierno español ha sido el más activo y exigente en la reclamación de medidas a nivel europeo para poner freno a la escalada del precio de la electricidad. Una de las medidas que ha conseguido que calen en la agenda europea es la creación de un mecanismo de compra conjunta de gas, aunque este martes la comisaria de Energía también ha mostrado sus dudas por la complejidad técnica de una herramienta así.

Este último documento de reflexión se trata de una nueva maniobra política a nivel europeo para evitar que el debate entre en vía muerta durante las próximas semanas y llegue sin fuerzas al Consejo Europeo de diciembre, cuando los líderes se han comprometido a volver a discutir el asunto, siendo esta la principal demanda de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante la cumbre celebrada en Bruselas la semana pasada.

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

Sin descartar medidas nacionales

Preguntada en varias ocasiones sobre si España estaría dispuesta a ir por solitario y adoptar algunas de las medidas que ha propuesto en su documento sin el resto de socios comunitarios, Aagesen ha insistido en que la prioridad es un acuerdo a nivel europeo durante las próximas semanas y con la vista puesta en el Consejo Europeo de diciembre.

Pero la secretaria de Estado no ha cerrado la puerta a que el Gobierno pueda tomar esas medidas en solitario. “España lo que pone como prioridad antes de buscar una segunda opción es que Europa reaccione ante esta propuesta y la trabaje”, ha asegurado a los medios de comunicación una vez ha finalizado la reunión con sus homólogos europeos.

Pero Simson, en una rueda de prensa, ha alertado sobre los riesgos de algunas de las propuestas españolas. “Cambiar el actual modelo plantea riesgos a la previsibilidad del mercado, a la competitividad y a nuestra transición energética. El actual modelo de mercado garantiza la adecuación entre la oferta y la demanda en todo momento. Esto es muy importante para la seguridad de suministro y ha evitado el riesgo de apagones”, ha señalado.

Las últimas dos semanas han frenado las ambiciones españolas en el debate europeo sobre la escalada de los precios de la energía. La negativa de la Comisión Europea a aceptar la necesidad de tomar medidas europeas en el corto plazo, señalando que es papel de los Estados miembros actuar en el corto plazo, y el cierre de filas de la mayoría de los líderes europeos con el Ejecutivo comunitario, con el que comparten diagnóstico y tratamiento, ha dejado en papel mojado buena parte de las medidas propuestas por parte del Gobierno español.

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