Feijóo ya ejerce de jefe del PP: cerró a solas con la portavoz del Gobierno el acuerdo de La Palma

Alberto Núñez Feijóo acudía a su primera Conferencia de Presidentes como líder 'de facto' del PP. Pese a que no será designado oficialmente hasta el congreso del 1 y 2 de abril, en La Palma ya ejerció como tal para lograr el consenso, no solo con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, sino entre sus barones, que acudieron a la cita con sus propias reclamaciones. La más dura en sus exigencias al Gobierno fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que planteó suspender temporalmente los impuestos a la luz o el gas, o como mínimo incluirlos en el tramo de IVA superreducido. No era el día para individualismos, porque desde el primer momento la 'orden' del presidente de la Xunta era salir con un acuerdo que reflejase la nueva etapa de partido de Estado.

Feijóo lideró las negociaciones. Se reunió con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la antesala del recinto donde se estaban produciendo las intervenciones de los asistentes, según han confirmado a este medio fuentes de los equipos negociadores. El primero fue Sánchez, que hizo un llamamiento a la unidad y se comprometió a aprobar rebajas fiscales que no concretó. Mientras hablaban el resto de los presidentes autonómicos, Feijóo y la responsable de Política Territorial del Ejecutivo consensuaron un texto que posteriormente se repartiría a los asistentes para elaborar el documento común definitivo. El pacto se hizo desde la perspectiva de “ceder unos y otros” en las posiciones de máximos.

Tanto al Gobierno como al PP les interesaba salir de La Palma con un acuerdo bajo el brazo. Sánchez necesita vender en Europa una imagen de unidad frente a la guerra de Ucrania, que ha evidenciado las fisuras con Podemos dentro de la coalición de gobierno. Es imprescindible para negociar ante la UE tener el patio nacional en calma y por eso los populares abandonarán la 'guerra' por el reparto de fondos que lideró Pablo Casado. Aunque no se recogen todas sus exigencias, los barones del PP reconocen en privado que ha habido avances y al menos se ha logrado un compromiso para más bajadas de impuestos y políticas de ayudas.

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En clave interna, Feijóo necesitaba un acercamiento al PSOE para poner sordina al acuerdo firmado con Vox en Castilla y León. La máxima es distanciarse de los nuevos socios todo lo que sea posible, y por eso el PP tampoco estará en la calle para protestar por las subidas de precios. “Somos un partido de Estado. Arreglamos los problemas desde las instituciones”, insisten los llamados a mandar en la nueva Génova. Esta estrategia es también un giro en la marcada por la dirección anterior, que mandó representantes del partido a todas las manifestaciones de agricultores, camioneros y resto de colectivos sublevados contra el Gobierno.

El pacto con los de Santiago Abascal fue uno de los temas principales de los corrillos y, según relatan los asistentes en el PP, hubo cierre de filas con Alfonso Fernández Mañueco. Los presidentes coincidían en que en la calle sus votantes bendicen el acuerdo. Pese a la crítica pública, también recibió la “comprensión” de 'colegas' socialistas y algunos de los ministros que asistieron a la cita. El presidente Sánchez “estuvo amable”.

Asistentes de PP y PSOE destacan que en todo momento hubo 'fair play'. Tras las conferencias, se formaron varios grupos. En uno estaban la ministra portavoz, Feijóo, el lendakari Urkullu, el andaluz Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y posteriormente se unieron el murciano Fernando López Miras y Díaz Ayuso. El valenciano Ximo Puig departía con Sánchez a solas, mientras en otro grupo se habían juntado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el de Aragón, Javier Lambán, y las presidentas de La Rioja y Navarra, Concha Andreu y María Chivite. Miguel Ángel Revilla y el representante de Asturias iban y venían de uno a otro intercambiando opiniones.

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El acuerdo sellado no refleja las exigencias del PP en materia de bajada de impuestos, pero había un bien mayor que proteger que era la unidad. En su declaración ante los medios, reconoció que “esperaba más”, pero lanzó un mensaje conciliador hacia el PSOE al destacar: “Es un avance; es un mensaje de esperanza a las industrias y familias. Ahora el Gobierno tiene que concretarlo, tiene que bajar impuestos a la energía. Es un planteamiento que puede ser útil, y puede mejorar la situación de colapso que sufren muchas familias”. En el entorno de Isabel Díaz Ayuso no eran tan optimistas y reclamaban que el Ejecutivo fuese más claro en sus medidas, como se ha hecho en Francia, donde se ha subvencionado el precio de los hidrocarburos.

El cónclave se cierra con un acuerdo de mínimos, bautizado como la 'Declaración de La Palma'. El documento firmado por todos los presidentes recoge la puesta en marcha del plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania en España, con el compromiso genérico de bajar el precio de la factura energética. Un plan que será “abierto y dinámico”, según se puede leer en el documento, y que se "irá configurando" a través del diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. También se ha acordado acelerar la ejecución de los fondos europeos por parte de las autonomías y "dejar al margen las discrepancias partidistas''. Igualmente, se ha pactado una gestión solidaria de la acogida de refugiados ucranianos, aunque no se han precisado números para esa cobertura más allá de que la capacidad del Gobierno es de 5.400 plazas y la de las comunidades y ayuntamientos, 12.800. "El Gobierno de España y las comunidades autónomas comparten la determinación para proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía", concluye el documento, en el que solo se explicita que las medidas fiscales ya anunciadas para los sectores más desfavorecidos por el alza de la luz supondrán, de prorrogarse hasta el 31 de diciembre, entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Por último, la Conferencia de Presidentes ha expresado "en los términos más enérgicos" su "condena" a la "agresión militar ilegal" e injustificada de Rusia contra Ucrania.