Juzgados en ruinas o sin luz: la falta de medios ahoga a los jueces de trinchera

Hace unas semanas, el abogado Javier Martínez recibió un escrito de un juzgado de primera instancia de Madrid. Era por un procedimiento civil que estaba llevando su compañero de despacho. En el documento, la jueza solicitaba a las partes que le presentaran impresa y a doble cara toda la documentación que acompañaba a la demanda en un plazo máximo de tres días. El motivo que alegaba la jueza era que en el juzgado carecían de los medios materiales (impresora) para permitir "la impresión diaria de todas las demandas, contestaciones y documentos que se presentan", por lo que necesitaban que los abogados llevaran físicamente todos los papeles necesarios para la defensa del caso.

Para aquellos que viven alejados del mundo de los tribunales, la experiencia de Martínez puede resultar chocante. Incluso, surrealista. Sin embargo, para los profesionales que tienen una relación estrecha con la administración de justicia (abogados, jueces, procuradores, LAJ...), esta anécdota no hace más que reflejar una realidad cotidiana y es la falta de medios básicos que sufren muchos de los órganos judiciales españoles. "Hay una escasez endémica de medios materiales y de personal", asegura Teresa García Villanueva, jueza y vocal del Comité Nacional de Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La situación, agrega, es peor en los juzgados que se encuentran en pequeños municipios. "Los de primera línea, los de pueblo", resume.

Uno de los ámbitos donde se refleja esta escasez de medios es en las propias infraestructuras. La mayoría de las quejas se centran en el poco espacio existente o en los ambientes que se destinan para los juzgados. "Este invierno estuvimos varios días sin calefacción. Mi juzgado es un sótano de un local comercial, no hay ventilación", relata García Villanueva. Pero también hay críticas sobre el estado de los edificios. "El mantenimiento es, muchas veces, inexistente", critica la magistrada Natalia Velilla. La falta de atención a estos aspectos ha provocado varios accidentes, como el que ocurrió el pasado agosto en el Juzgado de Granada nº 9 bis de cláusulas suelo al desplomarse el techo de la sala de vistas. O la caída de un falso techo en junio de 2021 en el despacho de la Fiscalía de los juzgados de violencia de género de Illescas (en Toledo). Afortunadamente, ninguno de estos accidentes provocó heridos.

Las inundaciones son otro fenómeno relativamente frecuente en los órganos judiciales, especialmente aquellos situados en pequeñas localidades como Chantada (Lugo, 8.100 habitantes), donde las lluvias veraniegas inundaron los juzgados hasta en dos ocasiones. O Vitigudino, un municipio salmantino de menos de 3.000 vecinos cuyo juzgado se encuentra inutilizado desde el pasado noviembre a causa de los daños causados por el agua que todavía no se han arreglado.

Otra anécdota llamativa es la que cuenta una magistrada de Valencia, que tuvo que celebrar varios juicios de familia a oscuras, alumbrándose únicamente con la luz de la linterna del móvil. "Todos los señalamientos eran antes de verano, así que teníamos que celebrarlos sí o sí. En la tétrica sala de vistas había unas bombillas que parpadeaban y, como era de esperar, se acabaron fundiendo", rememora.

Problemas de plantilla: bajas de seis meses sin cubrir

Otro de los aspectos donde se materializa la falta de medios es el personal. "La administración de justicia tiene una interinidad enorme", señala Velilla. Lo confirma María Teresa Puchol, jueza en Huesca. "En mi juzgado no hay ningún titular, son todos interinos". Muchos de los profesionales, agrega, llegan sin haber tenido nunca contacto con la administración de justicia y necesitan una formación que los funcionarios del órgano judicial, desbordados de trabajo, no pueden prestar. Confirma este problema una tramitadora procesal sevillana. "En mi juzgado, el 90% somos nuevos. Desde que llegamos ha sido como la selva. Te sientan en tu mesa y apáñate como puedas. Pero no por pasividad, sino porque los funcionarios que deberían enseñarnos no llegan a todo", cuenta.

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Por otro lado, Velilla critica la lentitud por parte de las Consejerías de Justicia autonómicas para reponer los puestos de funcionarios que van quedando libres. "Llevo desde diciembre sin auxilio judicial porque se fue de baja por enfermedad y aún no me la han repuesto. Y es una figura esencial en el día a día del juzgado. Hace más de un mes mandé un correo a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid y ni me han contestado. La dejadez es total", lamenta. La nula cobertura de las bajas es una de las quejas más recurrentes, especialmente durante la pandemia. En este sentido, García Villanueva cuenta que, hace unos meses, un funcionario se contagió y estuvo 20 días confinado. "Esa mesa se quedó vacía y era de penal, había casos urgentes. Y no cubrieron esa baja", lamenta.

Por su parte, Puchol destaca las constantes deficiencias en materia de profesionales ajenos a la administración de justicia, pero que son necesarios para ciertos procesos. Por ejemplo, los psicólogos para asuntos de menores o violencia de género. "En Huesca tenemos tres especialistas para toda la provincia", indica.

La crisis sanitaria también ha evidenciado las carencias que tienen los tribunales en lo que respecta a las medidas de protección. Durante los meses de confinamiento y posteriores, muchos juzgados no recibieron el material necesario para eliminar el riesgo de contagio, por lo que tuvieron que recurrir a remedios caseros. Así, en vez de mamparas para separar a los funcionarios en sus mesas, los operadores de un órgano judicial de A Coruña colocaron láminas de plástico pegadas con celo. En Barcelona, en cambio, separaban la mesa de secretaría con los visitantes mediante papel film.

¿Papel cero?

Otro de los puntos que critican desde las asociaciones judiciales es la dependencia extrema que siguen teniendo los juzgados con el papel. "En muchas comunidades todavía no hay expediente judicial electrónico. Se habla de digitalización de la justicia cuando faltan las cosas más básicas", critica María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Algo llamativo, agrega, teniendo en cuenta los avances tecnológicos existentes. Coincide con esta visión Puchol. "En cualquier juzgado puedes ver montañas de papel. Y eso en caso de incendio es un peligro", asevera.

A pesar del empuje que ha dado la pandemia a la tecnificación de la administración de justicia, muchos juzgados siguen presentando carencias básicas. "En general, los ordenadores que tenemos a nuestra disposición son viejos y nadie se preocupa en actualizar los programas", relata Velilla. En su ordenador, por ejemplo, hay muchas aplicaciones como Teams, Meets o Cisco —que se usan para hacer juicios online— que no puede utilizar porque el sistema se colapsa. "Me tengo que conectar desde mi ordenador portátil", lamenta.

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La escasez de medios tecnológicos también se refleja en la ausencia de informáticos o técnicos en los juzgados que asistan a los jueces cuando hay problemas de tipo digital. Prueba de ello es la anécdota que cuenta el letrado José Yáñez sobre un juicio celebrado en Ibiza. "El secretario detectó interrupciones en la grabación por una mala conexión entre dos cables. Estuvo los últimos 15 minutos del juicio de cuclillas en la sala manteniendo unidos los dos extremos", recuerda.

Falta de voluntad política vs. problemas estructurales

La falta de medios en la justicia no es, sin embargo, un problema reciente. Estas carencias vienen arrastrándose desde hace décadas y se han convertido en una situación endémica que no parece mejorar. Uno de los principales culpables, según Del Barco, son las administraciones competentes en este ámbito, como son las consejerías autonómicas en varias comunidades y el Ministerio de Justicia para aquellas regiones de lo que se conoce como el territorio ministerio. En su opinión, la inversión en esta materia está mal enfocada, ya que se centra en tapar agujeros y parchear en vez de solventar los problemas de raíz. "No hacen políticas de inversión grandes. Se tira el dinero por un agujero negro que es la justicia. Solo en alquileres para alojar juzgados en toda la Comunidad de Madrid se podrían haber construido dos ciudades de la justicia", calcula.

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Esa visión cortoplacista, agrega la jueza, viene fomentada por dos causas. La primera, por la forma de trabajar de los poderes ejecutivos, que suelen planear por legislaturas y evitan soluciones a largo plazo para que no se lleve el mérito la oposición en caso de cambio de gobierno. Y segundo, en la impopularidad que tiene la administración de cara a la sociedad. "No hay voluntad política porque la justicia no da votos. Como ciudadano no tienes por qué pisar nunca un juzgado, por lo que la situación en la que se encuentren los tribunales no importa tanto a los votantes", explica Del Barco.

Ahora bien, no son los únicos motivos. Para Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial, gran parte del problema es la manera en la que se organiza la administración de justicia. "Somos un poder difuso, estamos presentes hasta en el último rincón del país, y eso demanda un esfuerzo muy grande", explica. Coincide con este punto Manuel Olmedo, recién nombrado secretario general del Ministerio de Justicia. "Hay una dispersión de las instituciones que tienen competencias en ámbitos de justicia. Eso suma complejidad".

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Para mejorar la situación, Martínez Moya considera esencial homogeneizar la justicia, equilibrar el número de juzgados en función de la carga de trabajo de los jueces y, sobre todo, invertir más partidas de manera eficaz (es decir, destinándolo a lo que realmente funciona, como es la digitalización). Asimismo, opina que una mejor interlocución entre el poder ejecutivo y el judicial sería un avance para lograr que el primero tenga mayor constancia de los problemas y pueda ponerles solución de forma más ágil.

Por su parte, Olmedo coincide en la relevancia de la unidad política para lograr soluciones sólidas y a largo plazo. En este sentido, celebra el consenso que tienen las tres leyes impulsadas desde el ministerio en esta legislatura para mejorar la eficacia judicial. Son la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa (que pretende lograr un mejor reparto del trabajo entre juzgados y tribunales) y la de eficiencia digital. Estas tres normas son el andamiaje sobre el que se sustenta el Plan Justicia 2030 y sobre las que, "afortunadamente, existe pleno consenso", celebra el secretario general.