El PP y los jueces presionan a Sánchez para retirar la reforma del TC antes del 14 de julio

El Gobierno espera desatascar la próxima semana varios proyectos legislativos clave para llegar al mes de agosto con los deberes hechos. La ley de memoria democrática y el segundo paquete anticrisis planteado por el Ejecutivo han levantado enorme malestar en el equipo de Feijóo, pero la contrarreforma del PSOE para renovar el Tribunal Constitucional ha puesto en pie de guerra no solo a Génova y a los grupos de la oposición, sino también a los jueces. Moncloa aceleró para llevar el proyecto legislativo a la Cámara Baja la próxima semana, coincidiendo con el debate sobre el estado de la nación. Los socialistas quieren que sea rápido e indoloro, y han escogido la tramitación de urgencia y de lectura única para dar salida al proyecto. "Es un escándalo y una falta de respeto al Congreso", sostienen sus homólogos populares.

En los últimos días, el enfado y el desánimo han convivido en Génova por el último giro del Gobierno en materia judicial. Aunque se asume que el Ejecutivo cuenta con "agenda propia" y no atenderá la mano tendida del líder de la oposición, los populares elevarán la presión en los días que restan hasta el 14 de julio, momento en que se votará de forma definitiva la contrarreforma socialista en sede parlamentaria. Los populares ya tienen "listo" el plan para "regenerar" la Justicia, una hoja de ruta global que incluye las propuestas sobre las que el PP cree que se debería edificar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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El primer partido de la oposición se ha propuesto agotar hasta la última baza para tratar de evitar que la reforma exprés de Sánchez siga su curso, aún a sabiendas de que las posibilidades de éxito son prácticamente nulas. Tras reunirse con varias asociaciones de jueces y fiscales, Esteban González Pons se comprometió el pasado 13 de junio a enviar en el plazo máximo de un mes un plan global con reformas concretas para evitar que la renovación judicial se reduzca a un simple "intercambio de cromos" entre los dos principales partidos políticos. Los puentes saltaron por los aires cuando el PSOE anunció, sin comunicárselo previamente a Génova, que había decidido corregir su propia reforma judicial —que impedía a los miembros del CGPJ hacer nombramientos en funciones— para forzar la renovación del Tribunal Constitucional, que actualmente cuenta con mayoría conservadora entre sus miembros.

El PP dio inmediatamente por rota toda negociación con Moncloa por el "ninguneo" que veían en la última maniobra del Ejecutivo. Pero siguieron adelante con su plan judicial. Lo que iba a ser utilizado como una herramienta de negociación, Génova lo ha convertido en un elemento de presión. El documento verá la luz "en los próximos días", y la dirección que dirige Alberto Núñez Feijóo no descarta enviar una copia a Pedro Sánchez, igual que hicieron con sus recetas económicas para embridar la inflación. La mano sigue tendida, pero a medias. El PP da dos opciones a Sánchez para retomar las conversaciones sobre el CGPJ: retirar la última reforma judicial o ampliarla para devolver al CGPJ todas las competencias que perdieron cuando el PSOE limitó sus funciones.

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Con la propuesta que el ala socialista del Gobierno llevará al Congreso la próxima semana —que contará con el previsible apoyo de Unidas Podemos y de otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC— el órgano de gobierno de los jueces solo podrá nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional, pero no podrá hacer lo propio en los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas o en el Tribunal Supremo, donde la situación comienza a ser insostenible por la falta de reemplazo entre los miembros que han cumplido su mandato, se han jubilado o han fallecido en los tres últimos años.

En el primer partido de la oposición atisban un "retorcimiento" de la ley con el único objetivo de "controlar" el Tribunal Constitucional y, en línea con los vocales conservadores del CGPJ, ven viable denunciar el asunto ante la Comisión Europea para que sea Bruselas quien aperciba a Pedro Sánchez. En Génova aún no han tomado una decisión al respecto, pero fuentes populares aseguran que es un escenario que tampoco se descarta. "El Gobierno está a tiempo de rectificar y actuar con seriedad", reiteran los populares. "Que retire la reforma y seguiremos hablando".

Los jueces elevan la voz

El PP no moverá ficha hasta conocer las conclusiones de la reunión urgente que celebrarán los miembros del Consejo General del Poder Judicial el próximo lunes 11 de julio, una cita en la que se tratará tanto el malestar en la cúpula judicial por la "incoherente" reforma planteada por el Gobierno como la petición de parte del Consejo que aboga por elevar el asunto a la Comisión Europea. Los jueces se suman al PP en la presión al Gobierno y critican en un comunicado que Moncloa se comporte de forma "contradictoria" por dar un trato distinto a la renovación del Tribunal Constitucional frente al Tribunal Supremo u otros órganos judiciales.

Los firmantes del comunicado recuerdan al Gobierno que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al Gobierno a tramitar los aspectos nucleares de los miembros del poder judicial, escuchando las propuestas de los sectores implicados, incluyendo en este caso al propio CGPJ. En este sentido, los jueces tensan la cuerda y exigen al Congreso que antes de validar la reforma se les pida un informe donde puedan expresar su opinión, ya que afecta al núcleo duro de la institución. El pleno también servirá para discutir el acuerdo aprobado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que insta a la cúpula judicial a transmitir formalmente tanto a Congreso como a Senado su preocupación por el deterioro institucional derivado de la imposibilidad de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018.

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En Moncloa hacen oídos sordos y no darán marcha atrás a la contrarreforma que les permitirá renovar parte del Constitucional sin esperar a firmar un acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ. Culpan de la decisión a la "anomalía institucional del PP" y acusan a Génova de haberse negado a desbloquear el CGPJ con diferentes "excusas" durante años, una posición que les ha obligado a "avanzar en un poder judicial que esté funcionando" sin demorar más los tiempos. El pasado 12 de junio venció el mandato de cuatro de los doce magistrados del TC, dos de los cuales han de ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ en un mismo bloque. La interinidad de la cúpula judicial le impedía hacer nombramientos, pero el PSOE le pondrá remedio con la modificación legal que, salvo sorpresa, resultará aprobada el próximo 14 de julio.

Como publicó El Confidencial, el Gobierno se reserva una nueva vuelta de tuerca para poner un plazo al CGPJ para ejecutar la renovación del TC. El malestar en el seno de la cúpula judicial amenaza con dilatar el recambio en el tribunal de garantías, por lo que Sánchez se plantea incluir en la ley un límite de tiempo para que el Consejo se pronuncie sobre la cuota que le corresponde para restaurar el Tribunal Constitucional. Moncloa no quiere fallos, y apuesta por que la renovación esté completa este mes de julio.