Moncloa se plantea recusar a magistrados del TC para forzar la renovación

A pocas horas de las elecciones en Andalucía, el Gobierno ha comenzado a redoblar la presión sobre el Partido Popular para cerrar con urgencia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Como ya ha publicado este diario, su intención es la de dar un corto margen a los de Feijóo para alcanzar un acuerdo y, en caso contrario, designar de forma directa a los dos miembros del TC que le corresponden por turno. Para salvar la posibilidad de que la actual mayoría conservadora del tribunal de garantías no avale esta estrategia y la lleve al fracaso evitando nombrar a los candidatos del Ejecutivo, Moncloa estudia recurrir a la Abogacía del Estado para que recuse a aquellos magistrados que salen ahora de la institución, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Con la argumentación de que magistrados en situación de salientes no disponen de la imparcialidad suficiente para valorar a sus sustitutos, el Gobierno lograría cambiar las tornas y que su movimiento saliera adelante. Evitarían así el rechazo del pleno preceptivo que se celebra siempre para verificar que los aspirantes a ser magistrados de esta corte de garantías cumplen con los requisitos exigidos para su nombramiento. La paciencia de los de Sánchez se ha acabado hasta el punto de considerar este movimiento, que implicaría un choque institucional. El temor del Ejecutivo es que la nueva dirección del PP emule a la antigua y alargue la agonía de la renovación. En el caso del CGPJ, el atasco se acerca a los cuatro años de retraso.

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La situación actual del TC, en el que cuatro miembros entraron en funciones el pasado día 12, viene generada por varias circunstancias sumadas. La Constitución impone que el TC se renueve por ciclos cada tres años. Cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada trienio. Cuando llega el momento del cambio —que afecta a aquellos que se encuentran en la última fase de su mandato— la designación depende por turnos de distintos órganos. Los cuatro que debían ser renovados a partir del próximo 12 de junio son los que tienen que ser designados a propuesta del Gobierno y del CGPJ, nombrando cada uno a dos de los cuatro.

Sin embargo, los de Pedro Sánchez decidieron en marzo de 2021 reformar la ley para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando ya ha cumplido su mandato, como es el caso del actual, que lleva caducado casi cuatro años. La principal consecuencia es que el CGPJ no puede hacer nombramientos en la cúpula judicial: ni en el Supremo ni en los Tribunales Superiores de Justicia ni tampoco en el Constitucional. Es decir, aunque toque renovar el TC, dos de los cuatro nombramientos que hay que hacer no pueden hacerse. La tesis de muchos juristas y de la mayoría de miembros actuales del Constitucional es que ese impedimento frustra también la designación de los otros dos, ya que la Constitución, como decíamos, especifica que el cambio se haga "por tercios" y de ninguna otra manera.

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EFE

La oposición de este grupo quedaría despejada si se recusa a los cuatro magistrados que se van. En el grupo de magistrados salientes que acaban su mandato en julio hay tres conservadores y un progresista. Deben ser sustituidos, en concreto, el actual presidente González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Como ha adelantado Libertad Digital, si ninguno de ellos participa en el pleno de aval que pone en riesgo el plan, los restantes participantes suman mayoría progresista.

Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores. Una renovación de dos cambiaría las cuentas. Además, cambiará el presidente que será previsiblemente cercano a las tesis de izquierda. El magistrado Cándido Conde-Pumpido es el mejor posicionado. Desde Moncloa argumentan que nada impide que el Ejecutivo nombre a sus dos jueces, aunque el Consejo no pueda hacerlo.

Un farol

A pesar de todo, el entorno del PP cree que esta amenaza esconde un farol. El partido de Feijóo está dispuesto a renovar, aunque no quiere arrancar hasta mediados de julio, y los 'populares' interpretan la estrategia como una forma de presión. No obstante, no sería la primera vez que el Ejecutivo cumple con alguno de sus amagos. Limitó las funciones del Consejo también como forma de presión, en ese caso a Pablo Casado. No funcionó.

Los populares ya han comenzado a diseñar un programa con varios puntos que, según el PP, busca reforzar la independencia judicial y lograr "una regeneración democrática". A la cabeza del plan se encuentran las puertas giratorias entre la Justicia y la política. Los de Feijóo quieren que se impidan saltos como el que permitió a la fiscal general del Estado acceder al cargo después de ejercer como ministra del ramo y diputada socialista. Una prohibición expresa que también funcionaría en sentido contrario y que propiciaría que aquellos jueces o fiscales que hayan ocupado cargos no puedan regresar a sus puestos en un periodo por determinar de, al menos, un año.