El PP advierte a Sánchez de que renovar el TC en solitario "rompería todos los acuerdos"

"El Gobierno podría nombrar a sus dos magistrados. Tiene la facultad, porque así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Podría nombrarlos". El órdago que a principios de semana lanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha encendido todas las alarmas en el PP. “No se atreverán” o “sería un disparate” son las dos frases más repetidas entre cargos de distinto rango en el partido, que en privado reconocen sus recelos respecto al próximo movimiento del Ejecutivo. Moncloa valora designar por su cuenta a sus dos candidatos para el TC, sin esperar a un acuerdo con los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que este nombre a los dos magistrados que le corresponden. Fuentes de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo elevan el órdago y advierten: una maniobra de esas características "rompería todos los acuerdos".

El próximo 12 de junio vence el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, incluido el presidente, Pedro González-Trevijano. El bloqueo institucional impide una renovación al uso, ya que dos de los miembros de la corte de garantías deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, en funciones desde hace tres años y medio. El problema es que el Ejecutivo promovió en marzo de 2021 una reforma de la ley para evitar que el órgano de gobierno de los jueces pudiese hacer nombramientos con el mandato caducado, una estrategia que utilizó como elemento de presión contra el PP de Pablo Casado, contrario a pactar la renovación del CGPJ si Pedro Sánchez se negaba a aceptar sus líneas rojas.

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El Ejecutivo considera prioritario que el cambio en el Constitucional se realice en plazo, un escenario imposible si se tiene en cuenta que las negociaciones para renovar el CGPJ entre Génova y Moncloa permanecen congeladas desde hace semanas y no se retomarán previsiblemente hasta después de las elecciones andaluzas. Por ese motivo, Sánchez valora un escenario que en el PP tildan abiertamente de "inconstitucional": nombrar a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ y acabar así con la actual mayoría conservadora que rige en el tribunal de garantías.

"No creemos que se atrevan a provocar semejante crisis institucional", avisan en la cúpula de Génova, donde advierten de que la maniobra implicaría un misil directo al "respeto" institucional y enturbiaría cualquier posibilidad de acuerdo a futuros con Moncloa en el terreno judicial. "Sería un disparate, una barbaridad", coinciden diferentes voces de los populares en el Congreso. Los conservadores se sacuden las críticas procedentes del Gobierno y sugieren que Sánchez "tiene fácil" maniobrar sin saltarse la Constitución: tumbar la inédita reforma que ellos mismos promovieron hace algo más de un año y restaurar la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos aun estando en funciones.

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El artículo 159.3 de la Carta Magna establece que los 12 miembros del Tribunal Constitucional "serán designados por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Cuatro corresponden al Congreso y cuatro al Senado, mientras que Gobierno y CGPJ se reparten los cuatro restantes. Atendiendo a esta redacción, los populares no tienen "ninguna duda" de que la maniobra con que amenaza Sánchez sería inconstitucional, ya que la Carta Magna establece claramente que la renovación debe realizarse por tercios.

De hecho, tal y como confirmaron fuentes jurídicas a El Confidencial, los integrantes del bloque conservador de la corte de garantías no están dispuestos a respaldar el plan del Gobierno y no avalarán sus dos designaciones en caso de producirse, al entender que el nombramiento dividido que pretende implantar el PSOE no cumple los requisitos exigidos para la verificación de los aspirantes.

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Pero, aun conociendo los riesgos, el PSOE no ha cerrado la puerta a seguir adelante con su órdago como elemento de presión contra un PP dispuesto a negociar, pero que no tiene tanta prisa para cerrar un acuerdo. El partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo se mantiene instalado en la premisa de que lo "prioritario" es centrar todos los esfuerzos en la economía y no en la renovación institucional, aunque sí ha tendido más puentes con el Gobierno de lo que lo hizo su antecesor. De hecho, durante la primera cita oficial que mantuvo con Sánchez en Moncloa, Feijóo pidió "tiempo" al presidente y no se comprometió con ningún límite temporal cuando este le conminó a desbloquear el CGPJ antes del 12 de junio.

Los socialistas agitan el argumento de que es el PP el que no les deja otra salida que nombrar unilateralmente a sus dos magistrados al TC por la negativa de Feijóo de "cumplir con la Constitución". La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, responsabilizó directamente a los populares de la anómala renovación del tribunal de garantías y se sacudió las críticas procedentes del primer partido de la oposición. "Pueden decir misa", espetó. Sánchez mantuvo también la presión sobre el líder popular durante su primer cara a cara en el Senado. "¿Está dispuesto o no a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?", reiteró, frente a un Feijóo que volvió a centrar sus dos intervenciones en la vertiente económica.

En Génova, insisten en negociar primero otros asuntos, como las medidas para embridar la inflación o abrir una interlocución para tratar de encauzar la nueva crisis diplomática con Argelia tras el reconocimiento expreso por parte del Gobierno del plan de Rabat para el Sáhara. Los populares reiteran que no pasarán de pantalla con el Ejecutivo en el terreno judicial hasta después del 19-J, ya que el contexto de "tensión electoral" ha enturbiado más, si cabe, la relación con Moncloa. Cuando llegue el momento, Esteban González Pons entregará un plan global sobre Justicia como base para negociar la renovación del CGPJ, un desbloqueo que, 'a priori', no se producirá antes de julio.