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El plan de Sánchez para el TC: pacto en un mes o forzar la mayoría sin esperar al PP
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El plan de Sánchez para el TC: pacto en un mes o forzar la mayoría sin esperar al PP

La intención del Gobierno de nombrar a dos magistrados para el Constitucional se topa con la oposición de la actual mayoría conservadora que no los avalará

Foto: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Chema Moya)
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Chema Moya)
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El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para activar en solitario el vuelco de la actual mayoría del Tribunal Constitucional, en caso de que las negociaciones con el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial fracasen en el plazo de un mes. El PSOE ha puesto en marcha el cronómetro y espera un acuerdo en julio o recurrirá a la opción de designar a sus dos candidatos para el TC, sin esperar a que el Consejo esté renovado y pueda nombrar a los dos que le corresponden. En unas semanas entrarán en funciones cuatro de los actuales miembros del Constitucional, y el Ejecutivo no está dispuesto a esperar para lograr dar la vuelta a la actual mayoría conservadora. Sin embargo, los integrantes de este bloque no están dispuestos a permitir este movimiento y no avalarán estas designaciones en caso de producirse, indican fuentes jurídicas a El Confidencial.

La situación actual ha venido provocada por una serie de circunstancias que, sumadas, complican 'a priori' que el cambio en el TC se haga en plazo, algo que en el Ejecutivo se considera prioritario. La Constitución impone que el TC se renueve por ciclos cada tres años. Cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada trienio. Cuando llega el momento del cambio —que afecta a aquellos que se encuentran en la última fase de su mandato— la designación depende por turnos de distintos órganos. Los cuatro que deben ser renovados a partir del próximo 12 de junio son los que tienen que ser designados a propuesta del Gobierno y del CGPJ, nombrando cada uno a dos de los cuatro.

Foto: Alberto Núñez Feijóo. (EFE/Zipi)

Sin embargo, los de Pedro Sánchez decidieron en marzo de 2021 reformar la ley para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando ya ha cumplido su mandato, como es el caso del actual, que lleva caducado casi cuatro años. La principal consecuencia es que el CGPJ no puede hacer nombramientos en la cúpula judicial: ni en el Supremo ni en los Tribunales Superiores de Justicia ni tampoco en el Constitucional. Es decir, aunque toque renovar el TC, dos de los cuatro nombramientos que hay que hacer no pueden hacerse. La tesis de muchos juristas es que ese impedimento frustra también la designación de los otros dos, ya que la Constitución, como decíamos, especifica que el cambio se haga "por tercios" y de ninguna otra manera.

La decisión de amenazar con activar el botón nuclear se ha adoptado después de que el Ejecutivo haya perdido un comodín con el que contaba hasta ahora. Los de Pedro Sánchez esperaban una intervención del propio TC que levantara el veto al Consejo para hacer nombramientos en el caso exclusivo del Constitucional. El TC tiene pendiente pronunciarse sobre un recurso presentado contra la reforma que paraliza las designaciones del CGPJ y algunos de los magistrados progresistas proponían estimarlo para permitir que el órgano pudiera nombrar en el caso exclusivo del Constitucional. Los números del Pleno del TC no dan para sacar esta propuesta y otras alternativas solo podrían aprobarse por un voto de diferencia. El actual presidente, Pedro González-Trevijano, no quiere decisiones que partan al tribunal por la mitad y no incluirá, de momento, el asunto en el orden del día para deliberación.

Foto: El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons (EFE)

Perdida esta baza, los de Pedro Sánchez solo pueden apostar a todo o nada. Sin embargo, tendrán casi imposible que esta estrategia salga adelante. El propio TC tiene que avalar cualquier nuevo nombramiento. El Pleno celebra en una reunión preceptiva destinada a verificar que los aspirantes a ser magistrados de la corte de garantías cumplen con los requisitos exigidos para su nombramiento. Y la actual mayoría conservadora considera que el nombramiento dividido al que aspira el PSOE no los cumple. Al Ejecutivo le quedaría únicamente la negociación y el pacto con el PP, que está dispuesto a hablar con base en un programa global sobre Justicia que ya está diseñando.

El vuelco

En el grupo de magistrados salientes que acaban su mandato en julio hay tres conservadores y un progresista. Deberán ser sustituidos en concreto el actual presidente González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Las fuerzas se encuentran ahora repartidas en un siete a cinco con mayoría para los conservadores.

Una renovación de los cuatro cambiaría las cuentas, ya que este tercio incluiría tres progresistas y un conservador. La cuenta total daría siete progresistas frente a cinco conservadores. Además, cambiará el presidente que será previsiblemente cercano a las tesis de izquierda. El magistrado Cándido Conde-Pumpido es el mejor posicionado. No hay precedentes en los que la unidad de la designación conjunta Gobierno-Consejo se haya roto, pero desde Moncloa argumentan que nada impide que el Ejecutivo nombre a sus dos jueces aunque el Consejo no pueda hacerlo.

El Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para activar en solitario el vuelco de la actual mayoría del Tribunal Constitucional, en caso de que las negociaciones con el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial fracasen en el plazo de un mes. El PSOE ha puesto en marcha el cronómetro y espera un acuerdo en julio o recurrirá a la opción de designar a sus dos candidatos para el TC, sin esperar a que el Consejo esté renovado y pueda nombrar a los dos que le corresponden. En unas semanas entrarán en funciones cuatro de los actuales miembros del Constitucional, y el Ejecutivo no está dispuesto a esperar para lograr dar la vuelta a la actual mayoría conservadora. Sin embargo, los integrantes de este bloque no están dispuestos a permitir este movimiento y no avalarán estas designaciones en caso de producirse, indican fuentes jurídicas a El Confidencial.

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