El Partido Popular se prepara para negociar el CGPJ con una ronda de consultas a los jueces

El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere prepararse para la inminente negociación con el Gobierno para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con la intención de acudir a la negociación con "un conocimiento preciso" de las reivindicaciones de la carrera, el líder popular ha encomendado a dos de sus principales colaboradores, Esteban González Pons y Cuca Gamarra, que encabecen una ronda de contactos con los jueces para reunir sus principales demandas y reivindicaciones. La pasada semana ambos celebraron encuentros con distintas asociaciones judiciales, en concreto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, informan fuentes cercanas a la formación.

La iniciativa de Feijóo se enmarca en su proyecto global de contar con el asesoramiento externo de personas sin implicación en la política activa pero con un amplio conocimiento de diferentes sectores, en este caso el judicial. La nueva directiva busca así el asesoramiento de especialistas que la orienten sobre aspectos fundamentales del área a tratar. Pese a la falta de acuerdo en asuntos prioritarios como el área económica, desbloquear el CGPJ, que arrastra un retraso de más de tres años, es un paso insoslayable para el presidente, indican las fuentes consultadas. En los próximos días, estos primeros encuentros se ampliarán al resto de asociaciones. Pons y Gamarra quieren reunirse también con la progresista Juezas y Jueces para la Democracia y con las principales asociaciones de fiscales.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo desembarca en el Senado para batirse desde allí con Sánchez

EC EP

La intención principal era testar "el sentir" de los jueces y su valoración sobre dos urgencias encontradas. Por una parte, la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de elección de los vocales de ascendencia judicial, vieja reivindicación de todas las asociaciones y una de las banderas que adoptó Pablo Casado, que llegó a convertirla en una línea roja. Por otra, la situación actual en la que la larga caducidad del órgano de gobierno y las limitaciones de funcionamiento impuestas han ido acercando al Consejo, al Supremo y a los tribunales superiores de Justicia a una "situación límite" imposible de ignorar.

En los dos primeros encuentros, las asociaciones han dejado claro que, en esa encrucijada, priorizan la necesidad de renovación. No renuncian a su idea de que se impone un sistema de elección directa, pero las carencias que han ido generándose en salas clave del TS han empezado a hacer mella en la ciudadanía, generando perjuicios en forma de dilaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo evita una "ruptura preventiva" con Sánchez y hará una propuesta para el CGPJ

Pilar Gómez

En este preludio de la negociación, el líder popular ha comenzado ya a formarse un criterio claro de las demandas que presentará al Ejecutivo. La intención del nuevo presidente es asumir el grueso de la negociación con el apoyo de su vicesecretario de Política Institucional e Internacional. Feijóo prevé reclamar un compromiso a medio plazo sobre el cambio normativo para que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces, y no por las Cortes Generales. También solicitará cambios normativos que refuercen la independencia de la Fiscalía General del Estado.

La urgencia de renovar el Consejo va mucho más allá de la necesidad de acabar con el bloqueo más largo de la historia de la institución. El Supremo reclama de manera cada vez más insistente medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante las necesidades materiales y de personal que este órgano arrastra desde hace muchos años y que han empeorado por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial en prórroga de su mandato de efectuar nombramientos tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021. A eso se suma la pérdida inevitable de legitimidad del órgano, lastrado por su prolongado periodo en funciones.

La repercusión en el TC

El Gobierno tiene un motivo más para querer acelerar el desbloqueo. En junio, toca nueva renovación de la tercera parte del Tribunal Constitucional. En concreto, deben producirse los nombramientos que se realizan a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, dos magistrados cada uno. Si el Consejo no está renovado para entonces, el cambio en el TC peligra, dado que el Consejo no puede nombrar estando en funciones y la interpretación mayoritaria apunta a que los cuatro nuevos miembros deben elegirse de forma simultánea.

Cuando llegue ese momento, en el grupo de magistrados salientes habrá tres conservadores y un progresista. Deberán ser sustituidos el presidente, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Será la ocasión para el Ejecutivo de dar la vuelta a la actual mayoría del TC, y los de Pedro Sánchez no quieren dilatarla ni fiarla a otras posibles soluciones.