El Gobierno se marca un plazo de tres meses para acordar con el PP la renovación del CGPJ

Las conversaciones entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) continúan "sin avances". Así lo han reconocido fuentes cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conversación informal con los periodistas tras los actos de celebración del 43 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. "Dos no bailan si uno no quiere", han explicado gráficamente estas mismas fuentes, constatando que las posiciones siguen alejadas. Los populares apuestan por ligar la renovación a una reforma de la ley para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, mientras que los socialistas no se cierran a abordar este debate siempre y cuando haya previamente un acuerdo por los nuevos nombramientos. Las negociaciones no se han roto, pero se han enfriado. Desde el Gobierno no son optimistas con cerrar un acuerdo a corto plazo. Tanto es así que la principal novedad tiene que ver con que fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, se marcan como fecha tope para desbloquear el acuerdo el próximo mes de marzo.

Bruselas está incrementando la presión para que se renueve un órgano constitucional que el pasado sábado cumplía tres años caducado. El próximo 4 de marzo, precisamente, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitará España y se reunirá con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Una fecha que tienen marcada en rojo en el calendario en el departamento que dirige Llop. "La UE está reclamando que se renueve ya", reconocen, al mismo tiempo que indican que antes de dicha visita habría que tener cerrado el acuerdo. Su objetivo pasa por renovar cuanto antes este órgano constitucional, el único que se mantiene caducado tras el acuerdo el pasado mes de octubre para renovar un tercio del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, dejan la pelota en el tejado de los populares y ahora aprovechan las presiones de Bruselas para dirigirlas hacia el principal partido de la oposición.

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El nuevo calendario marcado por el Ejecutivo le permitiría afrontar sin dudas jurídicas el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Con el CGPJ desbloqueado, no habría debate ya sobre la posibilidad de renovar a los dos magistrados del alto tribunal que corresponde nombrar al Gobierno sin el órgano de gobierno de los jueves. Con estos nombramientos, el Ejecutivo conseguiría dar un vuelco a la actual mayoría conservadora del Constitucional.

La Constitución impone que el TC se renueve por ciclos y hace unas semanas se designaron cuatro de sus 12 magistrados a propuesta del Congreso. Para cambiar las mayorías, sin embargo, el Ejecutivo precisa sacar adelante los nombramientos pendientes para el próximo mes de junio de 2022, cuando tocarán ya los nombramientos que se realizan a propuesta por parte del Gobierno y del CGPJ, con dos magistrados cada uno.

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Sin la renovación previa del órgano de gobierno de los jueces, existen dudas sobre la autonomía del Gobierno para llevar a cabo los nombramientos que le corresponden. Una posibilidad en la que evitan entrar fuentes del Gobierno para mostrar su confianza en que "se renueve antes el CGPJ". Marzo, coincidiendo con la visita de Reding, es la nueva fecha que se pone como tope tras haber deslizado que la renovación se produciría antes de final de año. Incluso hubo quien vaticinó que se haría antes de que el órgano de gobierno de los jueces cumpliese tres años caducado, pero el optimismo que se trasladó desde el acuerdo con el PP para renovar el resto de órganos constitucionales se ha ido diluyendo.

PSOE y PP se han mirado de reojo durante los actos de celebración en el Congreso del 43 aniversario de la Constitución, demandándose mutuamente "cumplir" con la carta magna. "Todos los artículos, de pe a pa", exigió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una breve intervención. "Me conformaría con que el Gobierno cumpla la Constitución", aseguró el líder de la oposición, Pablo Casado, advirtiendo del "revisionismo suicida" que atribuyó a los socios del Gobierno.

"Hay que pensar mucho qué pieza tocas"

Fuentes del Gobierno se muestran dispuestas a abrir el debate sobre la reforma de la ley que busca promover el PP para cambiar el sistema de elección de los jueces. Su objetivo es que sean los propios jueces quienes elijan a sus colegas. Eso sí, hacen referencia en genérico a un "debate", sin entrar en ningún compromiso para sumar sus votos al PP en una hipotética reforma. En cualquier caso, insisten en que no se abrirían a entrar en este debate si previamente no se llega a un acuerdo para renovar el CGPJ siguiendo las actuales reglas. "Primero hay que cumplir la Constitución", reiteran, mientras que fuentes populares se mantienen en su exigencia de contar con garantías para llevar a cabo una reforma que profundice la independencia judicial.

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La "fragmentación" del Congreso, indicaban este lunes fuentes cercanas a Llop, dificulta las mayorías para sacar adelante la reforma de la ley. El PP ya presentó una iniciativa que no obtuvo los apoyos suficientes. El concurso del PSOE es imprescindible. El debate, aunque todavía superficial, existe, y desde la parte se advierte que una reforma de la ley para cambiar el sistema de elección de los jueces debe estar muy bien trabajada porque "hay que pensar mucho qué pieza tocas" al tratarse de un órgano constitucional. En esta línea, añaden que modificar la composición del órgano lleva aparejada una reflexión sobre sus competencias. Por otra parte, se ve imprescindible contar con la participación y opinión de todas las asociaciones de la magistratura. Se vislumbra así una voluntad de entrar en el debate para reformar la ley, como exige el PP, siempre y cuando se produzca previamente un acuerdo para la renovación según las actuales reglas. Tienen tres meses por delante, según el nuevo plazo máximo marcado para ello.