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Tres años de bloqueo del CGPJ: impotencia ante el medio centenar de plazas judiciales caducadas
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Incumplimiento de la Constitución en el 6D

Tres años de bloqueo del CGPJ: impotencia ante el medio centenar de plazas judiciales caducadas

La aprobación de la reforma legislativa que prohibía al Consejo realizar nombramientos discrecionales ha añadido una capa más de tensión a una situación que agranda cada día la deslegitimación institucional

Foto: Pablo Casado y Pedro Sánchez en el Congreso. (EFE/Chema Moya)
Pablo Casado y Pedro Sánchez en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

El PSOE y el PP celebrarán el próximo 6 de diciembre el día de la Constitución en medio de un rotundo fracaso. Al margen de las alabanzas que uno y otro realicen sobre la Carta Magna y su importancia como pilar del Estado de Derecho, este sábado se cumplen tres años desde que ambos decidieron incumplirla y alargar ese incumplimiento hasta un punto intolerable. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalizó el 4 de diciembre de 2018 su mandato de cinco años y entró en funciones. Aún no ha sido renovado. La aprobación, hace unos meses, de la reforma legislativa que prohibía al Consejo realizar nombramientos discrecionales ha añadido una capa más de tensión a una situación que agranda cada día la deslegitimación institucional. Casi medio centenar de plazas están ya pendientes. De nada han servido los toques de atención del Supremo, que lleva meses advirtiendo de que la situación es insostenible y perjudica a la ciudadanía.

Los nombramientos discrecionales pendientes a fecha de hoy son, en concreto 48, de los que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y seis a la jurisdicción militar. Afectan al TS y a la Audiencia Nacional pero también a tribunales de todo el territorio nacional. En el Supremo, 12 plazas están ya vacías. La Sala de Gobierno se mostró muy clara ante esta situación: es "insostenible" y va a implicar que se dicten 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas. Más tiempo para resolver las cuestiones de fondo.

Foto: La magistrada Pilar Teso. (EFE/Mariscal)

En el Supremo, la más afectada es la Sala Tercera con seis vacantes, seguida por la Cuarta, la Primera y la Quinta. En la Audiencia Nacional está por renovarse nada menos que la presidencia, que ahora ocupa José Ramón Navarro y la dirección de la Sala de lo Penal, que quedó vacante tras el paso de Concepción Espejel al Tribunal Constitucional. Hay también atascos en los nombramientos de cargos de los Tribunales Superiores de Justicia de catorce comunidades autónomas y a ellos se suman otra decena en Audiencias Provinciales.

Mientras todo esto sucede los dos principales partidos del arco parlamentario continúan enredados en un tira y afloja que no parece tener fin. Los tímidos avances se ven continuamente interrumpidos por circunstancias políticas que nada tienen que ver con el Consejo y que van provocando retraso tras retraso. La última traba ha llegado desde el lado del PP. Inmerso en las crisis provocadas por el libro de Cayetana Álvarez de Toledo y la guerra interna con Isabel Díaz Ayuso, las intenciones de impulsar este diciembre el acuerdo se han ralentizado.

Foto: Enrique Arnaldo, en una imagen reciente y con mascarilla. (EFE)

Muchos esperan algún anuncio antes de las Navidades, pero a la vista de los sucesivos fracasos, nadie se atreve a apostar. El pacto sobre el Tribunal Constitucional pareció abrir la senda. El punto de desacuerdo se encuentra ahora en el cambio, a futuro, del sistema de elección de los doce vocales jueces que integran el órgano. Los nombres de los que integrarían el nuevo CGPJ renovado están cerrados hace tiempo y se buscan, ahora, "vías de encuentro". Un punto intermedio entre la exigencia de los populares de avenirse a negociar una renovación solo si se cambia el actual modelo de elección y la posición de los socialistas de rechazar cualquier debate a este respecto.

El objetivo del Gobierno, según fuentes de Moncloa, pasa por renovar el órgano de gobierno de los jueces a través de la actual ley. Esto es, con el apoyo de tres quintos del Congreso y, por ende, de los dos grandes partidos. Desencuentro tras desencuentro, el bloqueo continúa a pesar de que tanto en el PP como en el PSOE son conscientes de que este bloqueo desmedido actúa en contra de las instituciones y perjudica sin remedio la imagen de la Justicia. Si no se resuelve en la actual legislatura, la legitimación de un órgano acusado permanentemente de excesiva politización quedaría completamente dañada. A eso se suman los permanentes mensajes lanzados por Europa, que insiste en la urgencia de resolver la crisis, y la presión de las asociaciones de jueces, más que hartas del sistema y del juego que sin pudor escenifican las dos principales formaciones.

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