El Supremo alerta sobre la "imposibilidad de cubrir vacantes" ante el bloqueo del CGPJ

El Tribunal Supremo ha elevado este lunes el tono ante la falta de avances en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su Sala de Gobierno ha acordado por unanimidad dirigirse al órgano de gobierno de los jueces para poner de manifiesto "su preocupación por las perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo y que previsiblemente irán acrecentándose, que para el funcionamiento del tribunal supone la falta de renovación", destacando en este sentido la consiguiente imposibilidad de cubrir tanto las vacantes existentes "como las que puedan ir produciéndose en los próximos meses".

El alto tribunal recuerda para ello que son 12 las vacantes sin cubrir de un total de 79: la Sala Primera (de lo Civil) cuenta con una, la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis, la Sala Cuarta (de lo Social) con tres y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos. Ante esta situación, la Sala de Gobierno ha encargado un informe a su gabinete técnico “que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”.

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Según explica, las salas “se encuentran en una coyuntura en que se hace más urgente, desde el punto de vista jurídico y también social (pensemos en las vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia), resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente”, un reto frente al que la Sala de Gobierno “no puede permanecer indiferente ante esas preocupantes previsiones y ha de alertar sobre ellas”.

La reforma que bloquea los nombramientos

La advertencia llega tras el discurso del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en el acto de apertura del año judicial del 6 de septiembre, cuando ya instó a los partidos a desbloquear el CGPJ: "La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos", criticó ante Felipe VI, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder de la oposición, Pablo Casado.

Lesmes insistió para ello en "la anormal situación" en la que se encuentra el CGPJ "por causas que le son completamente ajenas", señalando una y otra vez a los partidos políticos como responsables del bloqueo: "La Constitución —así lo dice expresamente el art. 122— ha querido que las personas que sirven en nuestra institución, vocales y presidente, tengan un mandato de duración determinada, cinco años, sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo", destacó. Ante esta obligación constitucional, insistió en que no cabe anteponer "razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean".

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El presidente del Supremo puso, además, el foco en la reciente la reforma que impide al CGPJ aprobar nombramientos si está en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. El cambio, impulsado por el PSOE y Podemos, bloquea sus propuestas de nombramiento para los presidentes del Supremo, de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, así como de los presidentes de Sala y magistrados del Supremo y miembros del Constitucional.

"Atendida la trascendencia que esta reforma tiene para el órgano al que la Constitución encomienda la garantía de la independencia judicial, durante la tramitación parlamentaria se solicitó por el consejo poder emitir su opinión —como resulta obligado en todos los proyectos de ley que afectan a su organización y funcionamiento— y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la llamada Comisión de Venecia, así como que se oyera a todos los agentes afectados, muy especialmente a las asociaciones judiciales, siendo todas estas peticiones desatendidas", recordó durante su discurso.

"La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales", añadió. "La justificación de la necesaria renovación del consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución".