PSOE y Podemos asumen el coste de avalar la elección de Arnaldo para desbloquear el CGPJ

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un objetivo de primer orden para el Gobierno. Tanto es así que para llevarla a término está dispuesto a asumir el coste político de avalar el polémico nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional, a propuesta del PP. Se trata de uno de los cuatro magistrados pactados entre socialistas y populares, y su perfil ha sido cuestionado internamente tanto en las filas del PSOE como de Unidas Podemos, y abiertamente rechazado por los socios parlamentarios del Ejecutivo. Además de sus vinculaciones directas con la formación conservadora, Arnaldo ha compatibilizado su trabajo en dos universidades cuando la ley lo prohíbe expresamente, como reveló este diario. Las direcciones de los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno de coalición han tocado a rebato entre los suyos para que se imponga la disciplina de voto mientras crecen las voces críticas con lo que consideran un alto precio a pagar por preservar las negociaciones para renovar el órgano de poder de los jueces.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salía al paso de la polémica este miércoles desde la tribuna del Congreso al reconocer que no le "gustan" algunos candidatos propuestos por el PP. Sin embargo, defendía la necesidad de "salvar el acuerdo para renovar los órganos constitucionales". La actualización parcial del alto tribunal, así como del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, se concibe como la estación de paso para desbloquear las negociaciones para el CGPJ. El PSOE comienza a contemplar la posibilidad con esperanza y no va a aflojar ahora el ritmo.

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Desde el grupo socialista, son optimistas ante la posibilidad de que puedan desencallar el proceso en las próximas semanas, antes de final de año, aunque los populares mantienen la exigencia de reformar la ley para que sean los jueces quienes elijan a sus colegas en lugar de que lo haga el Congreso con una mayoría de tres quintos como hasta ahora. El Gobierno parte de la premisa de que primero se proceda a la renovación del órgano, según la legislación vigente, mientras se buscan "vías de encuentro" con la formación conservadora para asegurar una mayor independencia judicial. Fuentes del PP conocedoras de las negociaciones remarcan que no ha habido avances durante los últimos días, aunque las conversaciones no se han interrumpido para intentar actualizar la composición de un órgano que se acerca ya a los tres años con el mandato caducado.

En el PSOE se abren a buscar fórmulas intermedias, pero siempre una vez se haya firmado la renovación, aunque estas mismas fuentes se limitan a avanzar que existirían "diferentes opciones", evitando concretarlas en aras de preservar la discreción de las negociaciones. Las conversaciones están siendo capitaneadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, junto a los portavoces parlamentarios de ambos partidos, Héctor Gómez y Cuca Gamarra, respectivamente.

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Los socialistas no pueden negar interés en sacar adelante el pacto hasta sus últimas consecuencias por un segundo motivo. Más allá de la renovación del CGPJ, cuyo bloqueo cumplirá tres años el próximo diciembre, el Ejecutivo no puede dejar marchar la posibilidad de conseguir dar un vuelco a la actual mayoría conservadora del Constitucional. El acuerdo, incluidas sus sombras, deja el paso franco para impulsar la cuota progresista en los próximos meses.

Los actuales nombramientos dejan las cosas como estaban, pero el próximo junio tocará llevar a cabo las designaciones que se realizan a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, dos magistrados cada uno. Cuando llegue ese momento, en el grupo de salientes habrá tres conservadores y un progresista. Deberán ser sustituidos en concreto Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. Además de la mayoría, los de Pedro Sánchez se juegan, en este movimiento, el control, ya que Trevijano y Xiol serán previsiblemente los nuevos presidente y vicepresidente del órgano.

Sin "ejemplaridad"

El objetivo último de renovar el CGPJ y controlar el Constitucional no es óbice, en opinión de algunos diputados del PSOE y de Unidas Podemos, para tener que votar "con una pinza en la nariz", como afeaba el socialista Odón Elorza. "Arnaldo no reúne condiciones de ejemplaridad. Votar en contra sería lo coherente", reconocía este miércoles el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, para acto seguido defender que era el precio a pagar, porque "un TC sin renovar es insostenible".

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La vicepresidenta tercera del Congreso por Unidas Podemos, Gloria Elizo, junto a la también diputada morada Meri Pita, advertían ante este intento de cierre de filas de que "el precio a pagar en términos políticos de regeneración democrática y sociales, de construcción de ciudadanía, es sencillamente inasumible". A través de un artículo de opinión publicado en 'El Periódico de España', censuraban desde una posición crítica con la decisión de su formación que "cada voto afirmativo es una ignorancia deliberada". Una posición que han respaldado públicamente exdiputados del partido, mientras que actuales representantes en el Congreso entienden que "no guste" el nombramiento de Arnaldo, pero priorizan respetar el acuerdo alcanzado con sus socios. PSOE y Unidas Podemos han hecho un marcaje a sus diputados críticos con la elección para evitar una mayor deslegitimación del proceso de elección ante el escenario de que algunos decidieran saltarse la disciplina de voto.

"La disciplina de voto es un 'valor' que cotiza en bolsa, pero los principios no", ironiza un diputado del PSOE visiblemente molesto con la aceptación del nombramiento de Arnaldo. Otro de Unidas Podemos critica que la decisión de su grupo de respaldar el nombramiento de Arnaldo se haya realizado sin debate y lamenta que se deba asumir una "línea cerrada" sin ni siquiera "decir lo que uno piensa". El voto ha sido secreto, por lo que sobre el Congreso flotaba una nube de incertidumbre sobre cómo se reflejará este cuestionamiento interno.

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En las direcciones de los grupos confiaban en que no hubiera díscolos o, en cualquier caso, que se limitasen a quienes públicamente se han enfrentado a la línea de sus partidos en este asunto. Con todo, no había riesgo de que la votación no saliera adelante, puesto que de los 210 apoyos necesarios para sumar una mayoría de tres quintos del Congreso, PSOE, PP y Unidas Podemos alcanzan los 243 escaños. Al margen de que se produzca un cierto cuestionamiento interno, los nombramientos estarán empañados por el rechazo del resto de la Cámara y la ausencia de varios grupos parlamentarios para no participar en un acuerdo entre los dos grandes partidos del que se sienten ajenos.