Juego de tronos en el Constitucional: el Gobierno se arma para el control en 2022

El PSOE y el PP han alcanzado esta semana un pacto de renovación de distintas instituciones entre las que se encuentra el Tribunal Constitucional. El acuerdo permitirá la sustitución de cuatro de sus magistrados con el mandato caducado, entre ellos el presidente y la vicepresidenta. Los nombramientos se repartirán dos a dos y no alterarán el actual equilibrio de fuerzas en el que siete de los doce integrantes del órgano pertenecen al bloque conservador y cinco al progresista. La verdadera batalla por el control del TC no se juega sin embargo ahora, sino en 2022. El Ejecutivo ha comenzado ya a diseñar su estrategia para lograr el vuelco en unos meses y hacerse con la mayoría.

El diseño de este juego de ajedrez requiere calcular con antelación los siguientes pasos que se deben dar. La Constitución impone que el TC se renueve por ciclos. Cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada tres años. Cuando llega el momento del cambio —que afecta a aquellos que se encuentran en la última fase de su mandato— este depende por turnos de distintos órganos. Así los cuatro que serán nombrados en las próximas semanas son los designados a propuesta del Congreso por una mayoría de tres quintas partes.

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Sucede que el largo bloqueo que se ha mantenido durante casi dos años haya provocado que la siguiente tanda de renovación esté a un tiro de piedra. En junio de 2022 tocarán ya los nombramientos que se realizan a propuesta por parte del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, dos magistrados cada uno.

Cuando llegue ese momento, en el grupo de magistrados salientes habrá tres conservadores y un progresista. Deberán ser sustituidos en concreto Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol. El Ejecutivo se encontrará entonces con dos escenarios que ya ha comenzado a preparar. Como la renovación depende del Gobierno y del CGPJ, de forma simultánea, ha previsto como situación 'A' la posibilidad de que el Consejo continúe aún en funciones y como escenario 'B' que ya haya sido sustituido por uno nuevo.

El caso más complejo es el primero. Si llega junio y el CGPJ continúa caducado, el órgano que dirige en la actualidad Carlos Lesmes no podrá designar a los dos magistrados que le tocan. No hay precedentes en los que la unidad de la designación conjunta Gobierno-Consejo se haya roto, pero desde Moncloa argumentan que nada impide que el Ejecutivo nombre a sus dos jueces aunque el Consejo no pueda hacerlo. Con este movimiento, el PSOE lograría sumar dos nuevos miembros al bloque progresista, ya que quedarían sustituidos los dos jueces que fueron designados hace nueve años por los de Mariano Rajoy.

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En el segundo escenario, en el caso de que el Consejo haya sido renovado al fin, la situación sería más favorable aún para los 'socialistas'. Además de esos dos nombramientos directos, el PSOE contaría con uno más suplementario. Pese a que el nuevo CGPJ cuente con mayoría progresista, el reparto tradicional da un magistrado a cada bloque.

Estrategia también en el PP

En este juego de tronos constitucional el PP también juega sus cartas. Los populares saben que no pueden detener el cambio en las mayorías, pero sí tienen la posibilidad de tratar de mantener la presidencia del TC. El presidente cuenta con voto de calidad y control sobre el orden del día de los plenos en los que se deliberan los distintos recursos. Así, aunque la elección natural para este puesto de la cúpula que se designa por votación de los 12 integrantes estaría entre uno de los magistrados que se encuentran en sus últimos tres años de mandato (todo apuntaría a González-Trevijano), el ala conservadora puede forzar una ruptura con la tradición y aupar a la presidencia, cuando aún cuenta con mayoría, a uno de los jueces que más años de mandato tiene por delante. El elegido para esa maniobra sería Ricardo Enríquez, que no debe ser reemplazado hasta marzo de 2026.